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Internacionales/CEPAL
Entre 2008 y 2015 la desigualdad en la distribución del ingreso de las personas disminuyó en América Latina gracias a la prioridad que le dieron los países a los objetivos de desarrollo social, pero su ritmo de descenso se enlenteció entre 2012 y 2015 y los niveles actuales siguen siendo muy elevados para alcanzar el desarrollo sostenible, alertó hoy la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La distribución del ingreso es solo una de las dimensiones de la desigualdad analizadas en el informe anual Panorama Social de América Latina 2016, presentado en conferencia de prensa por la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, en Santiago, Chile. El estudio también ahonda en las desigualdades en el uso del tiempo entre hombres y mujeres, en las asociadas a la condición étnico-racial y las que se evidencian en las distintas etapas del ciclo de la vida.
“La desigualdad es una característica histórica y estructural de las sociedades de América Latina y el Caribe, que se manifiesta a través de múltiples circuitos viciosos. Avanzar hacia su reducción significativa es uno de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, suscrita por todos los países de la región en 2015. Esta agenda aboga por que nadie se quede atrás”, expresó Alicia Bárcena.
El coeficiente de Gini para los ingresos personales en 2015 mostró un valor promedio de 0,469 para 17 países de América Latina (0 representa ausencia de desigualdad y 1 desigualdad máxima), un nivel considerado alto. Si bien el índice disminuyó 1,2% anual en promedio entre 2008 y 2012, el ritmo de descenso bajó a la mitad entre 2012 y 2015 (0,6% anual).
Estos avances fueron impulsados por una mejoría relativa de los ingresos laborales de los sectores de menores ingresos, gracias a políticas activas como la formalización del empleo y el aumento real de los salarios mínimos en varios países, explica la CEPAL. También fue notable el incremento de las transferencias monetarias hacia los estratos de menores ingresos.
Pese a lo anterior, a través de un análisis complementario de la distribución funcional del ingreso en la región, se observa que las mejoras distributivas recientes no estuvieron necesariamente asociadas a un reparto más equitativo del capital y el trabajo.
Esta edición del Panorama Social también llama la atención sobre la estructura de la propiedad (de activos físicos y financieros) como un factor fundamental de la reproducción de la desigualdad en la región. Por medio de un estudio de caso, se constata que la distribución de la riqueza es aún más desigual que aquella medida solo por los ingresos corrientes de las personas.
Por ello la CEPAL insiste en la necesidad de impulsar un cambio estructural progresivo en América Latina y el Caribe, que genere empleos de calidad -con derechos y protección social-, mayores niveles de productividad y mejores retribuciones del factor trabajo.
El informe advierte asimismo que las mujeres siguen sobrerrepresentadas en los quintiles de menores ingresos y que su tiempo total de trabajo (que equivale a la suma de las horas dedicadas al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado con aquellas dedicadas al trabajo remunerado) es superior al de los hombres, lo cual limita su autonomía económica.
Las mujeres destinan hasta un tercio de su tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, mientras que los hombres solo un 10%. Más aún, el valor económico del trabajo no remunerado que se realiza en los hogares, y que no se contabiliza en el PIB, equivale aproximadamente a un quinto del mismo, subraya el organismo regional.
La condición étnico-racial es otro factor de desigualdad estructural en América Latina, afirma la CEPAL. En la región viven alrededor de 130 millones de personas afrodescendientes (2015), aproximadamente 21% del total de la población. Aunque Brasil y Cuba concentran el 91% del total regional, la población afrodescendiente está presente en todos los países de América Latina. En 14 de ellos se han creado instituciones y mecanismos gubernamentales de combate al racismo y promoción de la igualdad racial, y se ha fortalecido la legislación de protección de sus derechos.
Este grupo de la población también está sobrerrepresentado en el estrato socioeconómico de menores ingresos y sufre desigualdades profundas en todas las áreas del desarrollo social, que se expresan, por ejemplo, en mayores tasas de mortalidad infantil y materna, de embarazo adolescente y de desempleo, y en menores ingresos laborales (en comparación con los no afrodescendientes), revela el estudio.
En el capítulo dedicado al gasto social se señala que este alcanzó en 2015 su máximo histórico: 10,5% del PIB para el gobierno central y 14,5% del PIB para el sector público (como promedio simple regional). La protección social (5%), la educación (4,6%) y la salud (3,4%) siguen siendo las funciones de mayor importancia en relación con el PIB.
Pese a lo anterior, los presupuestos de gasto social 2016-2017 registran contracciones en la mayoría de los países, mientras las estimaciones del PIB son en general de crecimiento moderado, por lo que la CEPAL llama a resguardar y cautelar el financiamiento de las políticas sociales para dar sostenibilidad a los avances alcanzados y hacer frente a los desafíos vigentes.
Para desactivar los circuitos viciosos de la desigualdad es necesario utilizar un enfoque sistémico, recalca la Comisión. Las políticas públicas deben garantizar la titularidad de derechos, se debe reconocer y potenciar el trabajo productivo y de calidad como la llave de la igualdad y como instrumento por excelencia en la construcción del bienestar, y se debe universalizar la protección social a lo largo del ciclo de la vida (la infancia y adolescencia, la juventud, la edad adulta y la vejez), con una mirada sensible a las diferencias, recomienda la CEPAL.
