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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Comités de víctimas del conflicto armado y organizaciones defensoras de derechos humanos hicieron pública una carta abierta al Estado salvadoreño donde se denuncia el Estado de impunidad en los crímenes perpetrados en esa época. Las víctimas exigen verdad, justicia, reparación, medidas de no repetición y memoria histórica.
Y es que según plasmaron las organizaciones, la espera para conocer la verdad y hacer justicia a las víctimas de la pasada guerra en El Salvador “mantiene abiertas las heridas y punzante el dolor de quienes sufrimos estos hechos, muchos tan graves que son crímenes de lesa humanidad”. Se estima que el conflicto armado que sufrió El Salvador por 12 años dejó como saldo alrededor de 75,000 muertes, al menos 10,000 personas desaparecidas.
En este tiempo que se celebra la Navidad “es época que nos colma de alegría y esperanza, pero también de melancolía y recuerdos. Los comités y asociaciones de víctimas y las organizaciones de derechos humanos denunciamos con tristeza que el Estado de El Salvador sigue indiferente al dolor de miles de hermanas y hermanos salvadoreños que tuvimos que soportar en carne propia este oscuro capítulo de la historia salvadoreña”, explicó el aglutinado de organizaciones.
En ese sentido, exigieron a quienes dirigen las instituciones del Estado que pongan fin a la impunidad sobre los crímenes de la guerra, haciendo lo que a cada uno le corresponde para que se sepa la verdad, se avance en los procesos de justicia, se repare el daño causado y se dicten medidas para que estos atroces hechos no se repitan.
Pidieron al presidente de la República, Nayib Bukele, que ordene abrir los archivos militares concernientes a la guerra civil, ya que dichos informes contienen información significativa para esclarecer los hechos y así avanzar en el proceso de develación de la verdad sobre lo ocurrido. Bukele ha mostrado una carencia de compromiso con las víctimas del conflicto armado, incluso, afirmó en su momento que los Acuerdos de Paz “fueron una farsa”. La guerra civil en El Salvador tuvo lugar desde 1980 hasta 1992 entre fuerzas militares estatales y fuerzas insurgentes.
Instaron además a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa que acelere la aprobación de una Ley de Justicia Transicional que tenga en el centro a las víctimas y no a los victimarios tanto de las Fuerzas Armadas como de los excombatientes del FMLN. Sobre la ley, pidieron que se tome en cuenta su propuesta de ley presentada el 7 de octubre de 2021.
Hicieron una reflexión a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a fin de que garantice la independencia de los jueces encargados de los casos, que como Órgano de Estado y de justicia se abstenga de remociones “arbitrarias” y corrija las que se hayan realizado.
Por último, instaron a la Fiscalía General de la República (FGR) que agilice las investigaciones sobre los casos judicializados, los cuales rondan los 20, y presente de forma inmediata ante los tribunales los más de 200 casos denunciados, considerando las responsabilidades al más alto nivel.
