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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
Las declaraciones vertidas por voceros cercanos al candidato presidencial electo, unidos a las opiniones persistentes de la derecha empresarial y política, que ven a los trabajadores del sector público, como carga y no como servidores de la población; constituyen un amenaza para este importante sector a partir de junio próximo.
La estabilidad laboral, como protección a los trabajadores y trabajadoras, está realmente en peligro; especialmente los que forman parte del órgano ejecutivo. Explicaciones de parte de las autoridades no han faltado, cada vez que este tema fue llevado a debate legislativo; en las páginas de los periódicos o en espacios radiales y televisivos es impensable que el cuestionamiento tenga respuesta desde el interés de los trabajadores.
Unos hablan de los trabajadores como si fueran cosas que sobran; como cargas del Estado y esto a pesar de que la OIT (Organización Internacional del Trabajo) ha señalado que en nuestro país, el total de empleo público con respecto al total de empleos es del 7%, una cifra por debajo del promedio de América Latina que es de 12%.
En verdad cuando en un país se aumentan los servicios esenciales a la población, se explica el crecimiento de trabajadores y trabajadoras.
En El Salvador en época post conflicto, se logró reconocimiento de derechos que eran inexistentes bajo la dictadura. De esos derechos reconocidos surgen mecanismos para que la población los exija, o para que se sancione su incumplimiento.
Una forma de ver esta situación es la de separar el crecimiento del empleo en algunas entidades . Hace 10 años el Tribunal de Ética Gubernamental no existía y hoy, según la Ley de Salarios esa entidad tiene 77 empleados; el Instituto de Acceso a la Información Pública también inexistente hace diez años, ahora cuenta con 50 empleados.
El Registro Nacional de las Personas Naturales, que existe a partir del 2001, tiene 350 empleados, y esto a pesar de que la emisión del DUI se hace por concesión a una empresa privada.
Hace 10 años no existía el Consejo Nacional de Niñez y la Adolescencia CONNA, que de acuerdo a la misma ley cuenta con 385 empleados; la Superintendencia de Competencias con 51 empleados.
Pero más alejadas todavía son las demandas de servicios y en consecuencia de servidores del sistema judicial; solo el Ministerio Público creció entre 2009 y 2019, con 1,961 plazas, la Fiscalía General de la República, que es parte de éste, pasó de tener en 2009 tenía 1640 empleados a 2043.
Hay que imaginarse cómo la derecha se planifica realizar un recorte, que ya en el pasado, por el monto que buscaban ahorrar en salario, se estimaba que querían un recorte de 20 mil trabajadores como procederían.
Vale señalar que cada institución responde a la existencia de una ley en la que se reconoce y tutela un derecho, no de los trabajadores, sino de los habitantes de nuestro país y para asegurarlo se precisa de instituciones con funcionarios y empleados que brinden la protección o servicio.
El derecho a la identidad obliga a emitir DUI, el derecho a la protección de la niñez obliga a la existencia del CONNA, el derecho a cuestionar y sancionar las faltas éticas de funcionarios o empleados obliga a contar con el Tribunal de Ética y a éste a seguir procedimientos donde requieren de profesionales.
La Fiscalía General de la República por ejemplo, es la única que puede representar y defender los intereses del Estado y la Sociedad, la PGR a procurar en nombre de quienes no pueden pagar defensa, o a asegurar que padres irresponsables paguen cuotas alimenticias. Cómo procederá la derecha en contra de empleados y de servicios que las leyes han establecido? Derogarán la ley o simplemente incumplirán sus mandatos?
No me imagino que sería de periodistas o centros de investigación si no contaran con la Ley de Acceso a la Información que en corto tiempo se ha convertido en un medio cotidiano hasta para que algunos estudiantes tengan información para realizar trabajos académicos con información oficial.
En una próxima entrega nos referiremos a las cifras más altas del crecimiento en las áreas verdaderamente sensitivas del servicio público como educación, seguridad y salud; pero de esta primera parte se pretende demostrar que no en valde surgió en el siglo pasado el derecho a la estabilidad laboral de las y los trabajadores, es decir su protección ante el despido sin causa justificada.
Derecho que se ha venido desarrollando para proteger determinados lapsos y condiciones como el hecho de que no se puede despedir a mujeres embarazadas, o en lapsos posteriores al parto.
Lo conquistado debe defenderse, el derecho a la estabilidad, ahora amenazado, debe defenderse.
(continuará).
