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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
En el año 2009 uno de los primeros decretos de la legislatura electa en enero de ese año, (el DL No. 10), reformó el literal “m” del Artículo 4 de la Ley de Servicio Civil, lo que permitió incluir dentro de la carrera administrativa, a los empleados del sector público contratados al 31 de enero del mismo año.
Ese acto legislativo protegía del despido a los empleados públicos, otorgó un trato similar al que tenían las personas bajo Ley de Salario, y se amplió la protección jurídica, para que cualquier trabajador sepa la forma de defender su derecho a la estabilidad laboral.
Además, aquella reforma, garantizaba cumplir la promesa hecha por Mauricio Funes y el FMLN, de no despedir a los y las trabajadores. En ese mismo lapso se ratificó la reforma constitucional que facilita la organización en sindicatos a los trabajadores del sector público, con lo cual muchas asociaciones que existían, se reorganizaron como sindicatos.
Por supuesto que la garantía de estabilidad se brinda a los y las trabajadores, que realizan tareas de naturaleza ordinaria y continua, necesaria para brindar los servicios a la población en diferentes campos y no a los reconocidos en la ley como funcionarios o empleados de confianza.
Vale la pena reiterar que los servicios que el Estado brinda, es lo que determina la necesidad de empleados y empleadas, excepto cuando los responsables optan por privatizar la prestación de los servicios o cuando los gobernantes, son indiferentes a las necesidades del pueblo y sencillamente incumplen las obligaciones que la Constitución y las leyes imponen.
Por décadas se hizo remedos de atender a la población adulta y analfabeta; pero es bajo los gobiernos del FMLN, que se diseña una verdadera política educativa que incluye la lucha frontal contra ese flagelo, al punto de tener a la fecha 140 municipios libres de analfabetismo, cumpliendo reglas rigurosas y apoyándose además en el servicio voluntario de jóvenes y la cooperación en algunos casos de autoridades municipales.
La salud preventiva y la organización del sistema de salud, hecha con la reforma de salud parte de las necesidades de las poblaciones menos favorecidas, se contaba con 421 establecimientos de salud y ahora se cuenta con 820, con más de 457 millones de dólares invertidos en infraestructura y equipo. Vinculado a la salud con la aprobación de la Ley de Medicamentos, surgió la Dirección Nacional de Medicamentos; su función en este corto tiempo produce seguridad en la calidad y disminución de precios, que benefician a toda la población.
Son necesidades reales de proteger y garantizar derechos, lo que determina los requerimientos de trabajadores y trabajadoras; y en cada campo, la dedicación de éstos a las actividades reguladas y planificadas; de manera que hablar de “cargas del Estado”, para referirse a los empleados y funcionarios, sin reconocer las exigencias de servicio, denota una visión de país, como una selva en la que se debe salvar el que puede y donde el más grande se come al pequeño; es una visión propia de quienes desprecian a la población y solo piensan en su instrumentalización electoral o como consumidores.
En los últimos años (2009 a 2018) el órgano legislativo, aumentó 947 empleados, pero en ese mismo lapso paso a ser dueño de su propia televisión, radio y completó sus oficinas departamentales, de género, protección laboral y de acceso a la información; el Órgano Judicial aumentó 1,086 empleados, sin duda crearon en ese lapso nuevos juzgados y cámaras que sirven en materia ambiental, contencioso, de violencia contra las mujeres y otros.
La Corte de Cuentas creció en 110 plazas, la Procuraduría General de la República en 118, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, 1,498; la Comisión Ejecutiva del Río Lempa 122; ANDA 1,593; CEPA, 1,542 y el ramo de Justicia y Seguridad Pública 8,966 plazas que incluyen agentes, oficiales y administrativos de la carrera policial y de Centros Penales.
Todos y todas las profesionales y técnicos, que sirven en estas y las demás dependencias de los diferentes entes del Estado, tienen protección jurídica de su trabajo. Cuesta imaginarse que puedan ser objeto de despido, por el hecho de que ganara la Presidencia el Partido GANA, y su partido sombra Nuevas Ideas, pero sin duda intentarán hacerlo, al menos mantener un acoso laboral y guerra sicológica sobre los trabajadores.
Deben saber entonces que existe la protección al trabajo y cada medida consignada en leyes que permiten esa protección, pueden ser invocadas al sufrir maltrato, acoso o despido. Cada derecho ha costado a contingentes de trabajadores a lo largo del tiempo y como FMLN estaremos al lado de quienes decidan luchar para defenderse.
