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Redacción Nacionales
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La directora interina para las Américas de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk, dijo a un medio portugués que el presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, empezó por tomar las instituciones democráticas y luego aprovechó ese control para adoptar un régimen de excepción, que permitió, desde marzo de 2022, detener a más de 62.000 personas, incluidos 1.600 niños, sin el debido proceso de ley.
En esa excepcionalidad, más de 90 personas fueron asesinadas dentro del sistema penitenciario en circunstancias “que no fueron debidamente investigadas”, y muchos de estos casos sugieren responsabilidad estatal, planteó Taraciuk al medio ESTADÃO.
Es de recordar que el Gobierno a través de la Policía Nacional Civil y las Fuerzas Armadas han detenido a centenares de personas que nada tienen que ver con las pandillas. Organizaciones defensoras de derechos humanos como Cristosal han reportado las muertes dentro de los penales de personas que no tenían vínculos con pandillas, en muchos de los casos por negligencia estatal, tales como golpizas o falta de medicamentos.
Para Tamara Taraciuk, el régimen de excepción “no es la respuesta a un problema legítimo de inseguridad”, en cambio, lo que se necesita es hacer investigaciones penales, dirigidas a los más altos niveles, se necesitan medidas sociales para dar trabajo y educación a los jóvenes. “Bukele es muy popular en El Salvador y controla el mensaje de lo que está pasando de tal manera que alienta a otros líderes de la región a emular el modelo. La exportación del modelo de Bukele es un riesgo para la región”, insistió.
Taraciuk también habló sobre los problemas de la región, los cuales se agudizaron tras la pandemia por el coronavirus, entre ellos destacó la pobreza, desigualdad e inseguridad. Es aquí cuando los gobiernos autoritarios aprovechan para presentar soluciones a la gente, pero actuando más allá de lo permitido por la democracia.
“Los líderes autoritarios pueden presentar fácilmente soluciones que parecen simples, pero en realidad son muy abusivas. como las políticas de seguridad de El Salvador.
Los gobiernos de la región deben demostrar que la democracia puede resolver los problemas de la gente y la solución es más democracia, no menos”, concluyó la directora interina para las Américas de Human Rights Watch.
El régimen de excepción se implantó desde el 27 de marzo del año pasado, cuando hubo un repunte en los homicidios. Se prevé que en los próximos días se conceda otra prórroga por 30 días.
