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Alberto Romero de Urbiztondo
@aromero0568
En El Salvador, vemos una creciente utilización, por diversos liderazgos políticos, de las creencias religiosas de una parte de la ciudadanía. Hay una competencia por ver quien aparece como más cercano a las jerarquías de las diferentes iglesias. Desde mayo hasta ahora, el Presidente de la Republica, olvidando ese carácter republicano, ha dictado tres días de oración, por decreto. Parece tener una concepción limitada del principio de laicidad del Estado, pues aunque tiene razón cuando dice «Este es un Estado laico y respeta todas las religiones” se olvida que también debe respetar la libertad de pensamiento de quienes no profesan creencias religiosas y tienen otras convicciones filosóficas. Además, viola el principio de laicidad al no garantizar la necesaria separación y autonomía entre el Estado y las religiones, cuando afirma “pero yo creo que independiente, podemos hacer un llamado a hacer un Día de la Oración». Obviamente, como ciudadanía tenemos libertad de realizar ritos religiosos y oraciones que consideremos, pero no es el Presidente quien debe inmiscuirse en ello. Es difícil no pensar, que más que fe hay cálculo electoral, para buscar apoyo de jerarquías religiosas.
En esta competencia por ver quién es más religioso, el 19 de noviembre, 10 pastores de igual número de iglesias evangélicas estuvieron 30 minutos haciendo oraciones durante el Pleno de la Asamblea Legislativa. Respeto las creencias de estos pastores y de los Diputados y Diputadas creyentes, pero sus oraciones pueden realizarlas de forma individual o conjunta en sus templos e iglesias, para lo cual existe total libertad en nuestro país. La separación entre iglesias y Estado, base de la Republica, es un proceso político en occidente desde finales del siglo XVIII, con hitos tan importantes como la Revolución Francesa, la Constitución de USA, o la Constitución mejicana, que en nuestro país se fue logrando a partir de la Independencia política de España y de la superación de la tutela que la Iglesia Católica ejercía en El Salvador, producto del proceso colonizador, que quedando plasmado desde la Constitución de 1880 y en especial la de 1883. No perdamos el carácter Republicano y democrático de nuestro país.
