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Blanca Flor Bonilla
Luchadora social y diputada en el PARLACEN
La democracia en El Salvador nace tras 60 años de dictadura y autoritarismo, gracias a la firma de los Acuerdos de Paz el 16 de enero de 1992 en la Ciudad de México.
Los gobiernos dictatoriales y/o autoritarios en El Salvador inician con el etnocidio de pueblos originarios ante la exigencia de estos últimos por justicia social y el reconocimiento las elecciones de 1931, donde ganaron espacios políticos en municipios del occidente del país. Con el golpe de Estado militar de diciembre de ese año se desconoció la voluntad popular ejercida con el voto.
Los sesenta años de dictadura y autoritarismo se caracterizaron por fraudes electorales en cada elección, golpes de Estado, extrema concentración de la riqueza, ampliación del empobrecimiento y violación total de las libertades de pensamiento, expresión, organización y movilización. Todo ello se tradujo en asesinatos, desapariciones, tortura, encarcelamiento y exilio.
Desde la década de 1970 se incrementó la organización y movilización social reivindicativa y surgieron las cinco organizaciones político-militares que se constituyeron en el FMLN el 10 de octubre de 1980, tras el asesinato de san Romero de América en marzo de ese mismo año.
La lucha revolucionaria del FMLN y el pueblo fue contra una oligarquía inhumana, los Escuadrones de la Muerte, las Fuerzas Armadas y sus grupos élite que cometieron los peores crímenes contra su mismo pueblo, bajo la asesoría y el abastecimiento de Estados Unidos. Arrasaron el campo borrando del mapa a comunidades enteras. Asesinaron hombres, mujeres, ancianos, niñas y niños. Entre las víctimas figura población civil como la del Mozote en Morazán, del Sumpul en Chalatenango y del Calabozo en San Vicente, o pueblos originarios como Las Hojas en Sonsonate. La Fiscalía General de la República tiene 160 casos documentados.
La ofensiva del 11 de noviembre de 1989 impulsada por el FMLN forzó al gobierno oligárquico y a los militares a retomar los diálogos por la paz iniciados en años anteriores, convirtiéndose en Negociaciones para Acuerdos de Paz, con intermediación de las Naciones Unidas. Participaron el Gobierno, los militares y los sectores económicos, sociales y políticos del país, constituyendo un Pacto Nacional, reflejados en la Constitución de la República con base a la firma de los Acuerdos de Paz.
Los Acuerdos de Paz pusieron fin a la dictadura militar y el autoritarismo. Se reformó la Constitución de la República, quitando funciones de conducción del Estado a las Fuerzas Armadas y delegándole únicamente defender la soberanía nacional y actuar en caso de emergencia o catástrofe. Se crearon instituciones relacionadas con la protección y defensa de los derechos humanos y la justicia con independencia política de otros órganos del Estado, por lo que se asignó el 6 % del Presupuesto del Estado a la Corte Suprema de Justicia, se creó el Consejo Nacional de la Judicatura, la Procuraduría para la Protección de los Derechos Humanos y el Tribunal Supremo Electoral, entre otras. Por primera vez se impulsó el proceso de construcción de la democracia representativa por medio de elecciones libres, participando diversos signos ideológicos y políticos.
Desde la firma de los Acuerdos de Paz y hasta 2009, la batalla fue la lucha política y social por el cumplimiento de los acuerdos. Entre 2009 y 2019 los gobiernos del FMLN generaron expectativas más allá de lo realizado y se cometieron errores. Sin embargo, se impulsaron más de 200 proyectos de infraestructura y desarrollo humano y se mejoraron muchos indicadores sociales y económicos. Estos son hechos, obras y cifras reales y documentadas.
Sin embargo, la reconciliación social se encuentra pendiente por la impunidad de los delitos de lesa humanidad y por la extrema desigualdad social debida a la acumulación de la riqueza nacional en manos de pocas personas. A estas deudas históricas se suma una etapa de lucha totalmente nueva: el proceso de construcción de la paz y democracia se ha interrumpido por el actual Gobierno, que niega la historia de lucha de nuestros pueblos y los Acuerdos de Paz; irrespeta a víctimas del conflicto y viola reiterativamente la Constitución de la República, Convenios Internacionales y leyes secundarias. Se gobierna en obscuridad, con corrupción, manipulación, mentiras y odio. El autoritarismo está resurgiendo.
Ahora toca luchar defendiendo lo conquistado y no permitir retrocesos. Debemos ser parte de nuestros pueblos, construyendo agendas y estrategias acordes a este nuevo momento complejo y complicado, sirviendo a las comunidades, por medio de la organización social y política.
La población espera, demanda y merece un sistema político democrático, con enfoque en derechos, que resuelva sus necesidades y aspiraciones. Que democracia signifique diálogo, participación y concertación, respeto, derechos, desarrollo, gobernabilidad, transparencia, honradez y paz.
Sigamos luchando y trabajando por la paz y la democracia.
