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A finales de este mes, el Tribunal de Sentencia que lleva el caso de la Tregua dará su veredicto absolutorio o condenatorio contra los más de una quincena de procesados, entre los que se encuentra uno de los dos mediadores de la tregua entre pandillas, Raúl Mijango; el ex director general de Centros Penales, Nelson Rauda; un inspector de la Policía Nacional Civil, entre otros empleados públicos de menores responsabilidades jerárquicas también procesados.
Desde nuestra valoración todos deberían ser absueltos, por qué, por lo siguiente:
Uno, porque cuando el Fiscal General Douglas Meléndez retomó el caso, lo que buscaba era que más de alguno de los procesados directos, o los “procesados mediáticamente”, acusaran al ex presidente de la República, Mauricio Funes, que había autorizado “la negociación” entre el Gobierno y los grupos delincuenciales, por lo tanto sería el máximo responsable, sino no es que el único responsable de la tregua entre pandillas, pese a que durante el año que la misma estuvo en vigencia se dijo una y otra vez que el Gobierno solamente facilitó el proceso de pacificación entre las pandillas.
Y en caso de llegar hasta Funes, al menos caerle al general David Munguía Payés, por haber sido el ministro de Justicia en tiempos de la tregua, pero, fundamentalmente, porque a la derecha le ha fastidiado que el general no le permita manipular a la jerarquía militar para sus propósitos desestabilizadores.
Así lo dijeron una y otra vez los dos mediadores entre las principales pandillas, Raúl Mijango, y el Obispo Castrense Fabio Colindres. Decir lo contrario sería reconocer amnesia o no ser coherente con los que se dijo y hacía.
Segundo, hay que recordar que este proceso de tregua tuvo apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), y del Nuncio Apostólico, León Kalenga. Estos apoyos, se terminaron, cuando, por un lado, diversos sectores de doble moral en el país repudiaron la tregua, sin detenerse a pensar en las más de un millar de vidas de pandilleros que se salvaron, pues, la tregua lo que buscaba era no matarse entre ellos o a sus familiares.
Tercero, Estados Unidos declaró terroristas a los pandilleros, lo que fue secundado por la Sala de lo Constitucional, la que también calificó de terroristas tanto a los pandilleros de la 18 como a los de la MS. La embajada comenzó a ejercer presiones contra los alcaldes areneros que se habían acogido a un programa de la tregua, que daría oportunidades de reinserción a los pandilleros que no tuvieran crímenes o con asuntos pendientes con la ley.
Cuarto, porque dado que la tregua dividió al país, el Fiscal General quería un caso exitoso, pues hasta hoy, otros casos supuestamente relevantes no han sido más que show mediáticos.
Hemos conocido que el famoso testigo criteriado de la Fiscalía “Nalo” aceptó, ante los interrogatorios de uno de los abogados, el viernes, que “estaba dispuesto a mentir con tal de obtener un beneficio”. La pregunta es ¿ha mentido ante los señores jueces al “delatar” a los procesados con tal de obtener los beneficios de la Fiscalía General de la República?
Por cierto, en sus declaraciones el testigo clave de la Fiscalía, que hasta donde tenemos entendido lo ha sido en otros casos, es decir, es testigo criteriado frecuente de la Fiscalía, ha acusado a los principales partidos políticos de haber entregado dinero a las dos pandillas para la compra de armas y otros pertrechos, para cometer delitos.
Esta declaración, sin lugar a dudas, ha puesto en aprietos al Fiscal, porque desde toda lógica debe iniciar una investigación contra los partidos políticos. La pregunta es, ¿estará dispuesto el Fiscal a investigar y hasta clausurar al partido ARENA? Parece que la Fiscalía no actúa con la seriedad que un sufrido país como El Salvador espera y se lo merece.
