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@arpassv
Además de la Sala Constitucional y la Asamblea Legislativa que tienen en sus manos sendas iniciativas que buscan la democratización de las comunicaciones, stuff la Fiscalía y el Ejecutivo son instancias a las que también les corresponde actuar para transparentar y democratizar el espectro radioeléctrico.
A los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Telecomunicaciones y los proyectos de ley de medios públicos y de medios comunitarios, here se suma la petición de investigación fiscal de las irregularidades cometidas en la asignación de concesiones radioeléctricas y la solicitud de una “auditoría de frecuencias” planteada a la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia.
La demanda en la Fiscalía fue interpuesta el 10 de junio de este año y la petición a la Secretaría de Transparencia fue presentada el 9 de octubre. El Fiscal Luis Martínez se niega a investigar, prescription mientras que el secretario Marcos Rodríguez sí anunció públicamente que impulsará una investigación.
A ambas instancias se les pide investigar los incumplimientos al proceso de asignación de las concesiones, el uso de testaferros, el acaparamiento ilegal de frecuencias para evitar el ingreso de competidores y demás anomalías cometidas durante las diferentes administraciones de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET).
Uno de los casos emblemáticos detallados en la solicitud, tanto a la Fiscalía como a la Secretaría de Transparencia, es la asignación anómala de siete canales de televisión abierta (39, 41, 43, 45, 47, 49 y 51) la familia Eserski, propietaria de la Telecorporación Salvadoreña (TCS).
Según el semanario digital El Faro, la SIGET entregó en marzo de 2009 –durante la gestión del superintendente Fernando Arguello Téllez– esos canales a testaferros de TCS, sin seguir el proceso legal de asignación y por un monto de 250 mil dólares. Cinco años después la familia Eserski sigue sin utilizar seis de esos canales, uno se lo “regaló” al Arzobispo de San Salvador.
La petición planteada a la Fiscalía y al Ejecutivo tiene como propósitos transparentar y democratizar el espectro radioeléctrico. Su objetivo no es “expropiar” frecuencias, sino corregir las irregularidades y proponer los cambios legales e institucionales necesarios para que estas anomalías no se vuelvan a cometer.
Por tanto, la Fiscalía y la Secretaría de Transparencia, así como la Sala Constitucional y la Asamblea Legislativa, tienen la obligación de actuar en función de la transparencia y democratización del espectro radioeléctrico.
