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Carta Económica
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Desde septiembre del presente año, se inicia un proceso de focalización de subsidios al gas propano y a la energía eléctrica, así lo anunció el Ministro de Economía, Tharsis Salomón López; esto refleja que el Gobierno está tomando en cuenta las recomendaciones que la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) dio luego de su visita a El Salvador; dentro de las líneas perversas que el FMI brindó al Estado salvadoreño para que el país “pueda” sanear sus finanzas, se destaca la focalización de los subsidios y aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
El Ministro de Economía está proponiendo en su política de focalización al subsidio al gas propano, afectar a un total de 30,687 hogares, lo cual generaría un ahorro a las arcas del Estado por un valor de $46.2 millones al año; según el Ministro, el motivo por el que esta cantidad de familias se verán afectadas es, porque se ubican en un estrato social con capacidad de pagar el producto a precio normal, ya que son familias de la clase superior y alta media, estratificación focalizada de los mapas del estudio socioeconómico realizado por FLACSO, PNUD y Ministerio de Economía en 2010. Esto sin duda está totalmente desactualizado después de 6 años, al tomar en cuenta los cambios que normalmente sufren las economías.
Cabe mencionar, que los afectados por la eliminación del subsidio al gas propano que consideren que tienen derecho a dicho beneficio, podrán acercarse a los Centros de Atención por Demanda (CENADE), o llenar una solicitud que está disponible en la página web del Ministerio de Economía y exponer su caso, así lo indicó el Ministro.
Por otra parte, la política de focalización en cuanto al subsidio de energía eléctrica, contempla que un total de 148,343 hogares serán afectados, entre los cuales, según el Ministro están incluidos: ranchos de playa, iglesias, ONG y personas que tienen dos viviendas registradas a su nombre, oficinas y casas que sobrepasen un consumo mayor a los 100 kw/h.
Al hacer el cálculo del impacto de esta medida, tomando como promedio $5.83 de subsidio que recibe un hogar, que consume menos de 100 kw/h, podríamos decir que el Estado se estaría ahorrando en un año la cantidad de $10.4 millones; así, sumando la reducción del subsidio en gas y en electricidad, por la política de focalización, que afectará a 30,687 en el caso del gas propano y a 148,343 en el caso de la electricidad, el Estado estaría teniendo un ahorro (por la reducción en estos subsidios a la población) de $56.6 millones anuales, es decir, $4.7 millones mensuales. Lo anterior implicaría que el ahorro en los últimos 4 meses de este año sería de 18.8 millones de dólares, contra un déficit fiscal de más de $900 millones, pero sí afectaría a más de 150 mil personas con ingresos medios y bajos, que probablemente no cubren su canasta ampliada de mercado, es decir que se les estaría empobreciendo aún más.
Cuando vemos el ahorro que el Estado tendría al aplicar la focalización y el impacto social, cabe hacerse las preguntas: ¿Son los subsidios el verdadero problema en la crisis fiscal del Estado? ¿Los subsidios por pequeños montos que parezcan son significativos en relación a los impuestos que pagan los hogares? ¿Cuántos impuestos pagan las empresas y cuánto subsidio reciben? Para dar respuesta a estas interrogantes, a continuación se presentan una serie de elementos que nos demuestra que los subsidios no constituyen un problema.
Analizaremos primero cuáles son las causas reales que provocan la crisis financiera del estado. Inicialmente tenemos el tema de la deuda, como se observa en el cuadro 1, si comparamos el Servicio de la Deuda con respecto al Presupuesto votado y los subsidios con relación al Presupuesto para cada año analizado, la carga que genera el servicio de la deuda a las arcas del Estado siempre ha sido superior al 30%, siendo en 2011 el año en el que mayor presupuesto se destinó para cubrir este gasto con 85.8%, mientras que los subsidios escasamente han llegado a representar un máximo de 13.6% del gasto presupuestario en el año 2011, reduciéndose para el año 2016, a sólo el 3%.
El servicio de la deuda establecido para el año 2016 en el presupuesto votado significa 18.4%, pero si le sumamos el préstamo de $1,200 millones que está solicitando Hacienda para pagar las LETES acumuladas y transformarlas en deuda de largo plazo, este servicio se incrementa a 2,095 millones equivalentes al 43% del presupuesto votado. Está claro que este es desde el punto de vista del gasto, el principal origen de la crisis financiera del Estado. Si a los $158 millones presupuestados para subsidios en el año 2016, le restamos los $18.8 millones que se economizaría el Estado al implementar la disminución del subsidio en gas y electricidad, el subsidio a los hogares bajaría a $139.2 millones, equivalentes únicamente al 2.9% del presupuesto votado. Sin duda, la ruta de hacer que la población pague parte de la crisis fiscal (producto de la crisis del modelo neoliberal y la corrupción en los Gobiernos de ARENA) no tiene sentido desde el punto de vista fiscal y constituye un error político ante los sectores de ingresos medios y bajos de la población.
En el gráfico 1 que a continuación se presenta, se relaciona el peso de la Evasión y Elusión Fiscal, del servicio de la deuda y el peso de los subsidios sobre el PIB, para reconfirmar desde esta óptica cómo los subsidios no tienen nada que ver con los problemas fiscales o económicos de este país, por el contrario los problemas reales son: el servicio de la deuda, la corrupción y elusión fiscal. En el período 2010 – 2016, el peso de la evasión y elusión fiscal sobre el PIB pasa del 10% al 13%; por su parte, el servicio de la deuda pasó de 8.8% en el año 2010, al 3.3% en el 2016; mientras que los subsidios pasan del 1.4% al 0.6%.
Si tomamos en cuenta, que para el presente año en el que según el presupuesto se estima cancelar 895 millones de dólares de servicio de deuda, le agregamos los $1,200 millones de deuda que se debe aprobar para cancelar los LETES acumulados en Hacienda, el servicio de la deuda como ya mencionamos subiría a $2,095 millones, esto elevaría la carga de los servicios de la deuda sobre el PIB, sería de 7.7% y no el 3.3% que se había proyectado en el presupuesto votado, como se muestra en la línea verde del gráfico 1. Por el lado de los subsidios estos significarían apenas el 0.5% (gráfico 1) al reducirse para el presente año en $18.8, como ya se ha mencionado. Sin duda, la política fiscal que se está aplicando (reducción subsidios, bajo el paragua de la focalización) para pretender resolver el problema fiscal, es totalmente equivocado, en relación a los problemas financieros del Estado.
¿El la evasión y la elusión fiscal el principal problema del Estado, en cuanto a su crisis financiera?
A nuestro criterio las arcas del Estado, se enfrentan a una corrupción fiscal privada de evasión y elusión, construida a favor del gran capital en el marco del modelo neoliberal por los gobiernos de ARENA, sobre el cual hay que actuar para desarticular dicha corrupción, más que afectar los bolsillos de las familias salvadoreñas.
Entre el período comprendido entre el año 2010 al 2016, el monto acumulado de evasión y elusión fiscal rondaría los $19,025 millones, dinero que ha dejado de percibirse, mientras que en subsidios se han destinado en el mismo periodo un acumulado de $2,106.6 millones, en este sentido podemos ver que esta corrupción acumulada en el período analizado equivalió a 903% del monto asignado por el Estado a subsidios a los hogares. Estos porcentajes se disparan fuertemente en los años 2015 y 2016 resultado de la política de disminución de los subsidios que se viene implementando, mientras la corrupción fiscal sigue incrementándose (ver cuadro 2). Esto demuestra que efectivamente esta corrupción es la principal fuente del problema fiscal del Estado y sobre esto debemos actuar de manera directa y con prioridad. Se debe atacar la evasión con los instrumentos tecnológicos existentes como las cajas registradoras que han disminuido la evasión del IVA hasta un 5% en varios países de América Latina y además permiten controlar los inventarios de las empresas retenedoras y, por lo tanto, se podría controlar el tema de la evasión fiscal; formar equipos de auditores capaces profesional y técnicamente para auditar las 792 grandes empresas de este país, la Banca, las telefónicas, las eléctricas distribuidoras y generadoras, el comercio, etc. Adicionalmente debe combatirse frontalmente el contrabando, desarticulando toda la mafia institucionalizada en el Sistema de Aduanas en El Salvador.
Para finalizar, haremos un análisis comparativo de la carga tributaria que enfrentan las familias y las empresas en el país para demostrar la alta regresividad de la política tributaria no sólo por nivel de ingresos, sino igual entre los hogares y las empresas o personas jurídicas, lo cual, además de injusto, es una pésima política tributaria desde el sentido económico, en relación a poder tener una economía capaz de crecer a tasas del 5%, 6%, 7% o más y no seguirnos conformando con crecimientos pírricos del 1.5%, 2%, 2.3% y aspirar al 2.5%. En el cuadro 3 podemos observar que la carga tributaria de las familias salvadoreñas sobre sus ingresos es de 25%, mientras que las empresas apenas tiene una carga tributaria promedio sobre sus ingresos del 5%.
Es decir, que las familias salvadoreñas aportan en promedio a las arcas del estado en concepto de impuestos 25 centavos por cada dólar que reciben, mientras que las empresas por cada dólar que reciben en promedio aportan en impuestos 5 centavos, esta regresividad de los impuestos es la que en realidad se debería corregir, y no la focalización de subsidios. En lugar de reducir los subsidios que benefician a las familias salvadoreñas se deberían buscar mecanismos para reducir la carga que genera el servicio de la deuda pública, los problemas fiscales de elusión y evasión fiscal, la regresividad y agresividad de los impuestos. Para el año 2016 las proyecciones establecen que los impuestos pagados por los hogares significarán $3,259.8 millones, de un ingreso estimado para estos hogares de $12,861 millones; por el lado de las empresas, de un ingreso estimado de $20,364.9 millones por utilidades sólo tributarían $1,057.40 millones. Es así que los hogares aportan el 75.5% de los ingresos del Estado y las empresas escasamente el 24.5%. Sin duda, acá se encuentra el verdadero problema fiscal del Estado salvadoreño.
Si revisamos el comportamiento de los recursos destinados en subsidios sobre el número de hogares del país, desde el año 2012 podemos observar cómo se ha venido registrando una disminución en los recursos asignados para cubrir subsidios, y si para el cierre de del presente año le aplicamos la focalización que se realizará en estos últimos 4 meses que restan, los subsidios por hogar se disminuyen a 78.59 dólares por hogar, una reducción aproximada de recursos del 12% sobre lo proyectado en el presupuesto 2016.
Por otra parte, ¿qué pasa con las empresas en cuanto a los subsidios que reciben y su relación con el impuesto que paga? En el año 2010 el Ministerio de Hacienda reportó un Gasto Tributario de $1,043 millones de dólares, resultado de los subsidios dados a las empresas, por medio de diferentes leyes de elusión y otras, que les permiten a estas no pagar el impuesto de la renta que les correspondería; ese mismo año las empresas pagaron un impuesto sobre de la renta de 395.6%, lo anterior quiere decir que recibieron un subsidio neto de $647.3 millones, en concreto no pagaron impuestos, sino que fueron subsidiadas por el Estado en casi 650 millones de dólares.
Los hogares por su parte en ese mismo año pagaron $2,172.1 millones en impuestos, después de deducirles los subsidios.
Por otro lado, en el año 2013 con ciertas medidas del Ministerio de Hacienda las empresas o personas jurídicas, pasaron a pagar $889 millones de dólares de impuestos y recibieron $871.5 millones en subsidios, según el Gasto Tributario que reportaron las finanzas públicas, lo anterior significa que estas empresas tuvieron una tributación minúscula de $17.5 millones de dólares; los hogares por su parte, en ese año tuvieron una tributación neta después de subsidios de 2,526.6 millones de dólares, contra las que tuvieron las empresas de $17.5 millones. Claro, si a esta tributación neta de las empresas le sumamos la evasión fiscal, realmente estas no pagan impuestos, viven un paraíso fiscal escandaloso, perverso, que demuestra cómo el modelo neoliberal está para que ellos se enriquezcan y saquen los capitales de este país, a costa de la explotación directa del trabajador en la fábrica, campo, y el empleado en sus actividades laborales, a través del robo del impuesto del IVA que hacen al pueblo a partir de la evasión de este, que es la más escandalosa de las evasiones y mediante las leyes de subsidios que el Estado les sigue brindando.
Esperamos que después de este análisis (que sería bueno no sólo lo leyera el pueblo sino que todos los funcionarios del Estado) se tomara conciencia clara que la política de reducir los subsidios no es nada más que seguir protegiendo a los empresarios que gozan este paraíso fiscal. Queremos mencionar antes de cerrar que el 90% de los empresarios, micro, pequeños, medianos y algunos grandes que no forman parte de la burguesía oligárquica o de las empresas transnacionales, son los que pagan los $1,057 millones de dólares de renta proyectados para el año 2016 y son los que sufren un acoso fiscal y estos han permitido que el impuesto sobre la renta pasara de 395.7 millones en el año 2010 a los más de mil millones de dólares en el 2016, el problema fiscal no está en ellos, se encuentra en la burguesía oligarquía con sus grandes conglomerados y las empresas transnacionales radicadas en el país.
