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Luis Armando González
El 1 de junio recién pasado fue investido como Presidente Constitucional de la República Nayib Bukele, completando de ese modo un nuevo ciclo de relevos presidenciales ininterrumpidos desde 1984. Han sido muchas las voluntades y energías que han estado en juego –durante toda esa etapa histórica— para asegurar que los sucesivos traspasos de gobierno, hayan sido pacíficos y en el marco de la legalidad constitucional. Los desaciertos y las insatisfacciones no deberían impedir valorar la importancia de lo conseguido en ese ámbito en particular, mismo que en la mayor parte de la historia política nacional, en el siglo XX, fue motivo de discordias, abusos y fraudes. Quienes aportaron sus esfuerzos y sacrificios para que ello fuera posible son dignos del mejor de los agradecimientos por parte de quienes, en el presente, somos beneficiarios de algo que muchos de ellos (y ellas) sólo pudieron soñar.
En El Salvador, desde 1984 hasta el día de ahora, se ha afianzado, política e institucionalmente, la convicción de que cada ejercicio de gobierno comienza un 1 de junio y termina, cinco años después, un 31 de mayo. Asimismo, se ha hecho cada vez más claro, tanto en la clase política como en los sectores críticos de la sociedad, que un desafío ineludible para cualquier gobierno es asegurar la gobernabilidad democrática. Esta preocupación guarda relación con las dinámicas sociales, criminales, empresariales, culturales y ambientales se han incubado en el país desde la firma de los Acuerdos de Paz y que en distintos momentos, desde 1992 hasta 2019, se han convertido en una seria amenaza para la estabilidad socio-política, el bienestar y la convivencia pacífica entre los salvadoreños.
Se haya sido consciente o no de ello, diseñar una fórmula para la gobernabilidad ha sido, hasta el momento actual, una de las principales preocupaciones de los gobernantes de El Salvador. Desde 1994 hasta 2019, cada presidente –con sus respectivos equipos estratégicos— ha tenido que dedicar energías y pensamiento, por un lado, a la elaboración de su propia fórmula de la gobernabilidad y por otro, a su puesta en práctica a lo largo del quinquenio. En ambos aspectos, se han tejido las visiones políticas e ideológicas de los líderes, las alianzas e intereses económicos, las capacidades intelectuales y profesionales de quienes han tenido a su cargo su realización. Todo ello para responder, desde el gobierno, a los variados y complejos problemas que plantea la realidad social, económica, política, cultural y ambiental.
Se tiene que decir aquí que lo que impone a los gobiernos la tarea de crear y ejecutar una fórmula para la gobernabilidad es la realidad (social, económica, política, cultural y ambiental), cuya complejidad y dinámicas exigen de aquéllos una respuesta que asegure el mantenimiento del orden social, el respecto de la legalidad y la institucionalidad, el bienestar colectivo y la paz. Precisamente; hay dinámicas complejas (exclusiones, pobreza, demandas insatisfechas, deterioro de la convivencia social, violencia criminal), que anuncian brotes de ingobernabilidad, es que los gobiernos (y los Estados) no pueden dejar de preocuparse por garantizar la gobernabilidad. Se entiende, así, por qué en la postguerra salvadoreña –dada la persistencia de dinámicas como las apuntadas, y otras— esa ha sido una preocupación siempre presente en las distintas gestiones gubernamentales.
Un ejercicio interesante sería hacer un examen crítico de las fórmulas, para la gobernabilidad impulsadas por los distintos gobiernos desde 1994, lo mismo que el análisis de sus aciertos y desaciertos. Tal propósito excede el alcance de estas someras reflexiones, cuyo principal objetivo es destacar lo esencial que ha sido (y que es), para los gobiernos salvadoreños diseñar (y ejecutar) una fórmula no para cualquier gobernabilidad, sino para una gobernabilidad democrática. Es casi seguro, asimismo, que el nuevo gobierno le meterá cabeza y energía a lo que será su propia fórmula para la gobernabilidad de El Salvador en 2019-2024.
Hay aspectos que de una u otra forma deberían estar presentes. En primer lugar, los objetivos de la gobernabilidad democrática; en segundo lugar, las condiciones básicas para que se requieren desde el gobierno en particular, más en general desde el Estado; y en tercer lugar, los mecanismos que la harían posible.
Sobre los objetivos de la gobernabilidad democrática El Salvador, se pueden proponer los siguientes: a) asegurar la estabilidad política; b) imponer el imperio de la ley en todo el territorio nacional y en los distintos ámbitos de la realidad nacional; c) garantizar la paz pública; y d) hacer valer el bien común (el bienestar colectivo), por encima del bien y los intereses particulares.
Sobre las condiciones, es inevitable la consideración de dos: en primer lugar, un diagnóstico realista de los problemas más graves del país, que debe suponer una ponderación de los factores causales que subyacen a los mismos, la complejidad que los caracteriza y su génesis y desarrollo histórico. Cuanto mejor fundamentado ese diagnóstico será más factible determinar los procesos de intervención, que corresponden directamente al gobierno o al Estado, y cuales requieren del concurso de otros actores de la vida nacional o internacional. Asimismo, un diagnóstico, realista –que le atine a los factores causales y a la complejidad e historia de los problemas— será el mejor antídoto contra el simplismo y el facilismo (y también contra el fatalismo que se resigna a que las cosas no pueden ser de otra manera), que tantos dolores de cabeza y frustraciones han dejado a los distintos gobernantes salvadoreños.
En segundo lugar, los recursos disponibles para el gobierno y para el Estado. Obviamente, no solo recursos financieros –que, hoy por hoy, son un limitante para cualquier gobierno que quiera trabajar con el bienestar colectivo— sino también los recursos humanos y tecnológicos con los que efectivamente se cuenta para cumplir los objetivos mínimos de la gobernabilidad democrática. Las reformas neoliberales de los años noventa, dejaron un Estado debilitado en lo financiero, en los tecnológico y en lo humano. Seguir apostando por una mayor reducción y debilitamiento del aparato público significará no sólo ceder mucho más espacio, beneficios y control del país a las corporaciones privadas, sino una mayor renuncia del Estado (y no sólo del gobierno) a brindar educación, salud, seguridad y bienestar a la población salvadoreña.
Por último, en cuanto a los mecanismos para la gobernabilidad democrática, se puede decir que son un campo abierto para la creatividad y la audacia del Presidente de la República y su equipo de conducción estratégica. Los hay tradiciones (y que no deben faltar), como lo son el diseño y ejecución de políticas públicas, orientadas a atender demandas sociales de envergadura. Los hay -también- novedosos, como los consejos consultivos o equivalentes, que permiten los consensos puntuales. Están también los mecanismos de mayor trascendencia, como los grandes pactos o acuerdos nacionales. A propósito de este último tipo de mecanismo, en El Salvador están dadas las condiciones (por la envergadura de los problemas acumulados y por la necesidad de impulsar un viraje drástico en la economía, la cultura, la política y la educación), para un Acuerdo Nacional que marque el rumbo del país para los siguientes veinticinco años como mínimo.
Lo importante de los mecanismos de gobernabilidad democrática es que sean eficaces para alcanzar los objetivos que se tienen planteados. El gobierno debe hacer valer su legitimidad y también la legitimidad del Estado, para hacer que el bien público esté por encima del bien particular (en cualquier área de la vida nacional), para velar por el imperio de la legalidad en todo el territorio de la República y para usar el poder (coercitivo y no coercitivo), que tiene en sus manos para impedir que la vida y los bienes de los ciudadanos sean amenazados por individuos o grupos que usan la violencia como instrumento de chantaje.
