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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
“Soy madre de una joven honrada de 22 años que viajó con visa de trabajo por dos años a Estados Unidos a laborar, pero resulta que por una denuncia anónima que circuló en redes sociales, me la llegaron a sacar el 19 de enero; teniendo su pasaporte visado en mano, teniendo sus antecedentes limpios, a los soldados y policías no les importó nada de lo que nosotros teníamos a la mano; ellos dijeron que tenían que llevársela a hacerle unas preguntas”, fue el relato de Luisa Hernández Cubías, una madre que ha vivido la angustia del régimen de excepción que no le ha devuelto a su hija.
Cubías comentó que su hija se fue y regresó de EEUU, en régimen de excepción, pues se fue en abril y regresó el 17 de octubre de (2022) porque se le acabó el periodo de trabajo; “ella regresó feliz; yo como les dije a los militares y policías, ´¿ustedes creen que si mi hija debiera algo, ella hubiese regresado al país?´, o sea, hay que tener un poco de lógica. Si mi hija hubiese debido algo se quedaba en EEUU, pero ella regresó porque es una persona inocente”.
Según Cubías, los militares le dijeron que su accionar “era injusto”. También le aclararon que ese era su trabajo: “a nosotros nos mandan, esta orden viene de arriba, nosotros tenemos que entregar cuentas y si nosotros no hacemos esto que nos mandan, nos va mal”, le dijo el soldado a la madre, según el mismo relato.
“Mi hija está secuestrada, porque esto no es una detención, esto es un secuestro. Los privados de libertad tenían derecho a una visita, sus familias sabían cómo estaban, pero ahora nosotros no sabemos nada de eso, nos tenemos que conformar con lo que nos dicen, ´está en tal lugar ́ e irles a dejar el paquete y nada más”, comentó Cubias.
A su hija se la llevaron porque en redes sociales circuló una denuncia donde la catalogaban como “rentera”; algo que desmintió Cubías. En este contexto, la familiar pidió a la FGR que investigue quién es quien realiza dichas denuncias.
“Como madre afectada me han arrancado a mi hija y por una injusticia; yo quisiera ver que las autoridades se tomen el tiempo y de repente ver una noticia donde diga: “tal persona está detenida por mentirosa, por haber hecho una falsa denuncia, pero hasta ahorita no se ve nada de eso; pedimos que por favor investiguen, que agilicen estas investigaciones; mi hija está detenida, ellos dicen 6 meses y por puro gusto, pues”, lamentó la madre.
Como el caso de Cubías hay cientos de familiares que buscan respuestas del Estado; sin embargo, este decide ignorarlos y, por el contrario, los acusa de defender a pandilleros. El propio gobierno ha manifestado que casi 4 mil personas han salido de las cárceles porque nada tienen que ver con pandillas.
En este contexto, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) y el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) realizaron un foro donde se expusieron los daños y consecuencias que ha tenido el régimen de excepción en las personas inocentes, a un año de haberse implementado.
“Las víctimas saben que no están solas, porque el gobierno ya los desterró; para el Gobierno, una persona que tenga un familiar detenido por el régimen, ya no tiene derecho a nada (…) los salvadoreños merecen paz y respeto a los derechos humanos. El régimen de excepción es una excusa del gobierno para capturar a cualquier persona solo por simples sospechas o apariencia, violentado el debido proceso. Muchos jóvenes son capturados solo porque viven en comunidades pobres”, destacó Samuel Ramírez, de MOVIR.
Ramírez enfatizó que “la gente que apoya al régimen no sabe si mañana pueden ser víctimas también”, por ello es que “llamamos al pueblo que piense y razone, que deje de aplaudir ciegamente”. Ramírez puso de ejemplo un caso que ellos manejaron, de un joven que fue detenido injustamente; en su testimonio dijo que a ellos los hincaban en aceite hirviendo en el suelo y los golpeaban porque los mezclaban con los verdaderos pandilleros, “y el joven no era pandillero”.
“Eso de las torturas, de los muertos por golpes de los penales es cierto”, remarcó Ramírez durante su intervención en el foro.
Maricela Ramírez, del BRP, dijo que es necesario realizar una sistematización de los daños del régimen de excepción a personas que no tienen vínculos con pandillas y que fueron arrestados arbitrariamente, esto tomando en cuenta que hoy se cumple un año de haberse implementado.
“Creemos que es fundamental poner sobre la mesa todas estas graves violaciones a los derechos humanos que se han sufrido durante un año y también hacer la denuncia sobre la permanencia de un régimen de excepción que está basado en la ilegalidad, que sigue funcionando y que al final no tiene bases legales para que siga existiendo y sobre eso una serie de capturas arbitrarias que hasta el día de ahora siguen pasando”, destacó Ramírez.
“El régimen de excepción tiene una connotación política, no solo se utiliza para ´combatir la delincuencia´, sino para amedrentar y atemorizar a la población que estaba denunciando los graves retrocesos que estamos viviendo”, agregó Maricela Ramírez.
Ovidio Mauricio González, director de Tutela Legal, informó en el foro que han presentado al menos 260 habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional, pero en ninguna ha habido alguna respuesta. Además, cuestionó si el régimen de excepción está dentro o no de la legalidad, “lo que debemos de saber es que, lo que se hace en la práctica en el régimen de excepción no está ni regulado en (el decreto del) régimen de excepción. Lo que ocurre son estrategias y prácticas de una dictadura”.
Adonay Martínez, psicólogo del IDHUCA, habló sobre las afectaciones en la salud mental de los niños y adultos mayores de los detenidos injustamente, ya que incluso niños han visto cómo los agentes golpean a sus padres y se los llevan. “Hay niños que incluso ahora cuando ven a un policía o militar en la calle tienen también un temor que le puedan pasar lo mismo que les ha pasado a sus familiares (detención)”.
MOVIR invitó al foro a todas las fracciones legislativas a excepción de NI, ya que no aceptó invitación, pero solo llegó Anabel Belloso, del Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional (FMLN), quien dijo que existe una maquinaria comunicacional dirigida desde el Gobierno para desvirtuar todo aquello que se cuestiona en torno al régimen de excepción.
La parlamentaria consideró que el régimen de excepción se llevará “hasta donde la estrategia de marketing político y de propaganda que tienen (el Gobierno y oficialismo), le sirva”, esto ya que tanto el Gobierno como los diputados han considerado que esta herramienta estatal es la principal para “la guerra contra las pandillas”.
El martes 28 de marzo, el MOVIR ha programado una marcha para que las víctimas del régimen de excepción (familiares) alcen su voz y pidan justicia. Se concentrarán a las 8 de la mañana en el redondel Jose Martí para marchar hacia la Asamblea Legislativa para pedir la derogatoria de la normativa estatal.
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