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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“La gestión del agua realmente significa una verdadera transformación rindiendo cuentas a los ciudadanos, creando grupos de consulta y generando la participación necesaria, para el ajuste de los precios, la demanda de infraestructura necesaria y la planificación, con un respeto al medio ambiente”, explicó Luis Babiano, de la Asociación Española de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento (AEOPAS).
En una visita de intercambio de experiencias y preparación de agendas compartidas sobre la gestión del agua, integrantes de AEOPAS, OCON y PRO-VIDA, junto a las comunidades de Chalatenango, manifestaron la necesidad de proveer al ciclo urbano del recurso hídrico, desde de la esencia que contiene el reconocimiento del derecho humano del agua.
“El ciclo urbano del agua que nosotros estamos trabajando en nuestro día a día, es este, en donde tenemos empresas públicas dedicadas a ello. Está también el ayuntamiento (alcaldías) y otro tipo de organizaciones similares, eso es básicamente las que se encargan de la captación, potabilización, distribución, cuantificación del agua y facturación con precios asequibles y justos a la ciudadanía”, señaló Babiano.
La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 28 de julio de 2010, el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, según la resolución 64/292, en la que enfatiza los derechos de los pueblos.
Ahora, que cumple veinte años, Babiano consideró impostergable elevar a rango constitucional este derecho al pueblo salvadoreño.
“Es un pilar fundamental y esto no solo implica un principio de dar agua a un precio adecuado a un número determinado de pobladores, sino en garantizar, como nosotros llamamos el -Minimum Vital-, que puede ir entre 50 a 100 litros de agua potable por persona, esa es una idea pero realmente. Nosotros tenemos que pensar no solo en el aquí y ahora, sino también a futuro, esto es básicamente lo que puede decir de un concepto de gestión urbana del agua, en términos de equidad, sostenibilidad y bajo un paradigma público”, señaló.
Sobre los obstáculos en la aprobación de la Ley General de Agua y Saneamiento, que se discute en la Asamblea Legislativa desde hace más de catorce años, Babiano resaltó que en la región centroamericana “el agua es un problema social y político”, que se mantiene en la agenda de los gobiernos; por tanto, se resume en un debate intenso e inacabable, en los que aún falta incluir aspectos de fondo como los problemas en la zona rural con la contaminación de las aguas, porque mucho de este recurso hídrico es perturbado por la industria minera, los agroquímicos de amplias extensiones de monocultivos, así como la deposición de desechos de urbanizaciones o centros comerciales.
“De esta necesidad se debería tener una autoridad supraestatal, que de alguna manera garantice los tratados entre países con cuencas hidrográficas compartidas con supervisión clara, efectiva y reforzamiento de las comunidades del área rural, que son ejemplo de resistencia y tenacidad que generalmente son mucho más mujeres que hombres, que se preocupan sustancialmente del agua”, acotó.
Mientras, Manuel Martínez, presidente de Solidaridad Internacional de Andalucía mencionó que “el agua es un derecho fundamental y creo que es un punto de inflexión”, al lamentar que todo el esfuerzo del Foro del Agua, y otras organizaciones que luchan por una Ley General de Aguas, por más de una década permanezca sin legislar.
Sobre la lucha social por el derecho al agua de las comunidades junto a las organizaciones sociales, Martínez señaló que es un trabajo que han apoyado por varias décadas en el país, añadiendo la necesidad de defender los sistemas de aguas comunales desde una ANDA más proactiva con la población.
“Creo que por ahí debe ir el camino, toda la población debe de apoyar y seguir defendiendo ese derecho por la garantía institucional de agua de calidad y cantidad adecuada a todos los salvadoreños. Asimismo, esta ley del agua presentada por el Foro del Agua, está muy bien, en todos sus aspectos y que lo apoyamos completamente -lastimosamente- no ha sido aprobado, cuando deberían haberlo hecho ya, porque es una ley que da el derecho al acceso y consumo del agua”, finalizó.
