Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Abraham Ábrego, remedy director de FESPAD, sick consideró que el equipo de la defensa del ex presidente Francisco Flores ha sido la gran perdedora en la jornada judicial, de este 3 de diciembre. “Estamos satisfechos con el proceso judicial”, afirmó, mientras, defendió la presencia de la parte querellante en el acto procesal.
El Juez 7o de Instrucción, Miguel Ángel García Argüello, en su resolución mandó a Vista Pública al ex mandatario, tras agregar el delito de “lavado de dinero” que impulsó la querella, y reiteró la existencia del delito de peculado (quedarse con el dinero público o del pueblo).
Con este veredicto de inmediato, la defensa se organizó de nuevo para peticionar dos puntos: la legalidad de la querella en el proceso judicial y el cambio del arresto en bartolinas de la Policía Nacional Civil de su defendido, a la domiciliar mientras, se le asigna la fecha de su Vista Pública.
“No sé cuál es el temor de la defensa y la Fiscalía General de la República que un querellante esté presente en este proceso judicial”, agregó Ábrego, al escuchar los alegatos de las “partes” contra el grupo de abogados de las organizaciones sociales.
“No vemos cuál es el agravio que alega la defensa, realmente, y entendemos que la resolución es muy negativa para la defensa porque todos los delitos fueron reiterados y se amplió al delito de lavado de dinero; esto es un revés para el equipo de la defensa del ex presidente Francisco Flores; pero no entendemos que entre las peticiones del cambio del arresto domiciliar -tenga que ver- la querella y su salida del proceso”, indicó.
Ramón Villalta, del ISD, reflexionó que el Juez García Arguello, al modificar el delito de enriquecimiento ilícito; dar el aval al grupo querellante y cambiar el arresto domiciliar por un confinamiento en un recinto policial, son las decisiones más importantes de la sentencia, explicó.
“Creemos que el juez hizo una labor importante y ha hecho una buena sustentación del porqué se envía a sentencia y las razones porque se modifica el delito de enriquecimiento ilícito y el cometimiento del delito de lavado de dinero”, afirmó.
No obstante, Villalta señaló que falta mucho trabajo para fortalecer los argumentos fiscales, para determinar la fase de sentencia y se determine si el ex mandatario Francisco Flores es culpable de los delitos imputados.
“Nosotros vamos a fortalecer al grupo de la querella, esto ya lo habíamos analizado con anterioridad y esto implica profundizar desde la parte oral, a la técnica jurídica y el dominio en la entrevista de los testigos”, manifestó.
En cuanto a la Fiscalía General de la República, que no había considerado el delito de “lavado de dinero” en sus requerimientos, Villalta observó, que con la consideración que hizo el Juez García Arguello sobre todos los elementos de prueba que existen en el proceso judicial se configuró el delito de peculado y de ahí, al caso especial de lavado de dinero.
“Creo que desde esta perspectiva el partido ARENA y su Centro de Estudios Políticos “Rodríguez Porth” deberían ser sometidos a un proceso se cancelación por estar vinculado directamente en el cometimiento del delito de lavado de dinero; no podemos estar con este tipo de instituciones que se prestan a fomentar este tipo de delitos y, sobre todo, con el dinero proveniente del delito de peculado, o sea, el dinero público”, aseveró.
Sobre las declaraciones de diputados del partido ARENA, que el veredicto del Juzgado 7o de Instrucción se debe a una “persecusión política” , Ramón Villalta desestimó los señalamientos que solo tratan de encubrir acciones arbitrarias de ex funcionarios.
“Si ARENA sigue insistiendo en la importancia que exista una Comisión Internacional contra la Corrupción, pero cuando se combate a los corruptos… parece que no les gusta y sabemos que en este caso, no solo aparece involucrado el ex presidente Francisco Flores, sino una larga lista de nombres de personas vinculados directamente con el partido ARENA, gente vinculada al poder económico de este país… entonces, hay que investigar ese grado de participación y el grado de responsabilidad de cada una”, insistió.
En cuanto al destino de los fondos, Villalta reiteró “que en el reclamo de la responsabilidad civil, es que los 15 millones de dólares deben regresar al Estado, que hay una responsabilidad penal y se debe resarcir el daño al Estado”, puntualizó.