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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Yo entendería que no debería afectarse el retraso a la justicia de las víctimas y sobrevivientes”, dijo Eduardo García, director ejecutivo de Asociación ProBúsqueda, en torno al decreto de Estado de Excepción que lidera la nueva administración del Ejecutivo en el control de la violencia delincuencial.
“Y muchos menos, con el incremento presupuestario que se han pedido para el órgano de Justicia y las autoridades. Porque ya no hay excusa que participaron o tienen tratos turbios con la Fuerza Armada (FAES), de aquel entonces, por quienes estuvieron en un bando beligerante, entonces, no debería afectar al acceso a la justicia de las víctimas”, argumentó García.
La Asociación ProBúsqueda, junto a familiares y asociados, se pronunciaron en el marco de la conmemoración del 40 Aniversario de la “Guinda de Mayor” y de los 28 años del caso de desaparición forzosa de las hermanitas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, y cuya condena al Estado salvadoreño, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el año 2005, aún es una deuda pendiente.
El director ejecutivo de ProBúsqueda reiteró que las barreras para demorar la investigación del caso y cumplir con la responsabilidad constitucional han sido superadas y por tanto, deben asumir la sentencia de la Corte IDH, y proveer a víctimas y sobrevivientes de justicia, reparación y compromiso de no repetición de estos hechos violentos.
“Por eso decir que esas personas que estuvieron en esos puestos y que no cumplieron con su responsabilidad ya no es excusa. El último fiscal (Rodolfo Delgado) tiene ya más de un año debe trabajar y habiendo diferentes instancias de la Fiscalía puede investigar los diferentes crímenes”, afirmó. “Sabemos que están los crímenes de extorsión, los crímenes de ejecuciones, asesinatos, robos y otros, pero también están los crímenes de lesa humanidad y la Asamblea Legislativa, recientemente acaba de reafirmar lo que veníamos diciendo a lo largo de estos años las organizaciones sociales desde que se cometieron estos hechos que los crímenes de Lesa Humanidad no prescriben, no son indultables, ni amnistiables”, indicó García.
Pro Búsqueda y sus familiares asociados expresaron que “no entendían el porqué no se realizaba la investigación y persecución de esos hechos”, a sabiendas que la Fiscalía cuenta con una política de persecución penal que fue trabajada en mutuo acuerdo con las organizaciones sociales, la propiaFiscalía y otros asesoramientos de otros Estados y Naciones Unidas (ONU) , por lo que consideran que cuenta con todas las herramientas para realizar este proceso. “Y voy más lejos aún, la Asamblea Legislativa tiene todos los votos necesarios para poner o quitar a un fiscal o un juez, que no sea competente -ya lo han hecho- entonces, porqué someter a esta tortura de 28 años a una familia que sigue buscando sus seres queridos, que no han iniciado diligencias para establecer un juicio, ni siquiera han pasado la fase inicial”, cuestionó García.
Mientras, Cecilia Merino, joven reencontrada por ProBúsqueda, señaló que entre las deudas del Estado salvadoreño también se encuentra la orden de crear el “Banco Nacional de Datos Genéticos”, pese a que en el año 2019, Probúsqueda, entregó una propuesta de ley ante la Asamblea Legislativa, que fue enviada al archivo en la actual legislatura. “La experticia en la administración del banco de ADN de ProBúsqueda ha sido reconocida a nivel internacional, tanto así que la revista Forensic Science International publicó en 2022 un artículo titulado “A Forensic Popullation Database in El Salvador” (Una base de datos de población forense en El Salvador)”, refirió.
“También, denunciamos que a 6 años de haber sido declarada inconstitucional la Ley de Amnistía (2016) el Estado salvadoreño ha sido incapaz de brindar reparación y justicia para las víctimas del conflicto armado. Los últimos dos gobiernos y sus legislaturas no lograron crear una Ley de Justicia Transicional que satisfaga a las víctimas”, reafirmó.
El llamado de ProBúsqueda a los tres órganos del Estado, así como la Fiscalía General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) es el cumplimiento de lo dispuesto por las sentencias constitucionales, administrativas y del Sistema Interamericano sobre la “Guinda de Mayo”. “En especial el Ejecutivo tiene la responsabilidad del acceso a los archivos militares y la reparación a las víctimas, al legislativo proporcionar la Ley de Justicia Transicional y el Banco Nacional de Perfiles y al Judicial a defender su independencia y retorno a la legalidad, para no profundizar la crisis del Estado de Derecho”, agregó Merino.
“Las víctimas siguen trabajando alrededor de su propia reparación. Como este sábado diferentes comunidades que fueron afectadas por la Guinda de Mayo, que fue parte de todo un operativo militar, se concentrarán para conmemorar a sus seres queridos”, explicó, Ana Julia Escalante, psicóloga de ProBúsqueda, en torno a la deuda del Estado con la salud psicológica de las víctimas sobrevivientes.
“La misma población civil, año con año se organiza y se reúne alrededor de su propio dolor, muchas personas dicen -para que recordar- pero si le preguntan a las víctimas esta recordación y realizar rituales simbólicos, como los nuestros el 2 de noviembre cuando vamos al cementerio y llevamos una flor, entonces, pensemos estas personas a quienes sus familiares les fueron arrebatos con violencia, sin poderlos enterrar con dignidad y otros que viven en incertidumbre si su seres queridos estarán vivos”, advirtió Escalante.
