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Por Elodie Cuzin
Palma de Mallorca/AFP
Ante una enorme expectación mediática, la infanta Cristina, hija del rey de España, comenzó a declarar este sábado ante un juez por presuntos delitos fiscales en el marco del escándalo de corrupción protagonizado por su esposo que hundió la imagen de la monarquía.
Un coche marca Ford de color negro bajó a las 09H45 (08H45 GMT) la rampa adoquinada de una decena de metros que lleva a la entrada del tribunal de Palma de Mallorca, en las islas Baleares, donde el juez José Castro instruye el denominado ‘caso Nóos’ desde julio de 2010.
A su llegada a la puerta, Cristina, de 48 años, se apeó del vehículo vestida con pantalón, camisa blanca y chaqueta negra, y saludó sonriente a los periodistas que la esperaban antes de entrar en el juzgado.
Más de 200 policías protegían los alrededores, cerrados al tráfico desde primera hora de la mañana, a los que solo podrían acceder los 300 periodistas de todo el mundo acreditados para cubrir un hecho histórico: el interrogatorio del primer miembro de la familia real jamás imputado por la justicia.
Alejados por un cordón policial, un grupo de manifestantes que enarbolaban la bandera republicana roja, amarilla y morada se había congregado con pancartas en las que podía leerse «Sangre real = justicia irreal».
El juez Castro interrogará a Cristina, segunda hija del rey Juan Carlos, buscando determinar si cooperó en las presuntas actividades delictivas de su marido, Iñaki Urdangarin, sospechoso junto a un exsocio de malversar 6,1 millones de euros (8,3 millones de dólares) mediante una sociedad sin ánimo de lucro denominada Instituto Nóos.
Sentada en un sillón de terciopelo rojo, en una sala presidida por el retrato su padre, el jefe del Estado, la infanta se disponía a demostrar su inocencia, según sus abogados, con quienes estuvo preparando minuciosamente su defensa en los últimos días en Barcelona.
Desde allí viajó en avión este mismo sábado para hacer frente a la imputación dictada por el magistrado el 7 de enero.
Un golpe a la imagen de la Corona
Tras meses de trabajo, Castro fundamentó la imputación de la infanta en un detallado auto de 227 páginas que cayó como una bomba: muy protegida durante mucho tiempo, ahora cercada por los escándalos, la monarquía española está descubriendo que ya no es intocable.
A sus 76 años, y 38 de reinado, Juan Carlos ofrece la imagen de un rey cansado, a menudo apoyado en unas muletas tras varias operaciones de cadera.
El deterioro de su imagen se inició hace dos años con el «caso Urdangarin» y se agravó con una costosa escapada real a Botsuana para cazar elefantes en 2012, que sorprendió en una España golpeada por la crisis.
Hasta el punto de que actualmente ya no es tabú hablar de una eventual abdicación en favor del príncipe Felipe, que encarna a sus 46 años la esperanza de la monarquía.
La Casa Real, afectada por el escándalo, quiere acabar cuanto antes con lo que su jefe, Rafael Spottorno, calificaba públicamente de «martirio».
«El caso Nóos ha sido un problema enorme para la monarquía desde el principio. Lo que ocurre es que, al centrarse en la figura de la infanta, el daño se incrementa», explicaba Ana Romero, periodista del diario El Mundo que cubre a la familia real.
En mayo el fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, había logrado que se anulara una primera imputación de la infanta por tráfico de influencias.
Fue entonces cuando el juez se orientó hacia las sospechas de delito fiscal y blanqueo, que Cristina habría cometido a través de Aizóon, una sociedad que detenta al 50% con Urdangarin, y cuya caja supuestamente habría ingresado alrededor de un millón de euros del dinero público desviado por este último.
La contabilidad de Aizóon puso al descubierto, desde 2004, gastos para la renovación de la lujosa residencia familiar en Barcelona por valor de 436.703,87 euros, o gastos privados por 262.120,87 euros.
El juez Castro realizó un detallado inventario de todos esos gastos en un auto de 227 páginas lleno de referencias a facturas sospechosas.
«Los delitos contra la Hacienda que se imputan a Urdangarin difícilmente se podían haber cometido sin, cuando menos, el conocimiento y la aquiescencia de su esposa», concluía el juez.
