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Por Gabriel Rubio Girón
Madrid/AFP
La infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI de España, se sentará en el banquillo de los acusados por dos delitos fiscales, en un proceso sin precedentes en España que juzgará un caso de corrupción que sacude los cimientos de la monarquía desde 2010.
Cristina será juzgada junto a su marido, Iñaki Urdangarin y el exsocio de éste, Diego Torres, acusados ambos de haber supuestamente malversado 6,1 millones de dinero público en el marco de un caso que se convirtió en uno de los paradigmas de la corrupción en España y causó indignación en un país hundido por la crisis.
La Casa Real expresó su «respeto a la independencia del poder judicial», tras conocerse este lunes la decisión del juez José Castro, de los juzgados de Palma de Mallorca.
El magistrado dictó juicio oral «contra 17 personas, entre ellas la infanta Cristina, como cooperadora necesaria en dos delitos contra la Hacienda pública» por algo más de 300.000 euros cometidos por su marido, informó este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Baleares en un comunicado.
El juez Castro también impuso a la infanta el pago de 2,6 millones de euros como fianza para asegurar sus responsabilidades pecuniarias.
La defensa de la Infanta, el abogado Miquel Roca, tras asegurar que Cristina se encuentra «mal y sorprendida por la resolución» anunció que van a recurrir, pese a que se trate de una decisión en firme.
Indignación popular
La decisión de Castro concluye una larga instrucción que comenzó a mediados de 2010, como ramificación de otro caso de corrupción, cuando empezó a indagar sobre el Instituto Noos, una entidad sin ánimo de lucro presidida entre 2004 y 2006 por Urdangarin.
El magistrado sospechaba que Urdangarin, de 46 años y exmedallista olímpico de balonmano convertido en hombre de negocios, podría haber malversado junto a Torres, 6,1 millones de euros de dinero público, por medio de esa empresa.
La indignación causada por el caso aumentó cuando en 2013 el juez imputó a la infanta Cristina, de 49 años porque, en su opinión, colaboró «activamente» con su marido al utilizar con fines personales una parte del dinero malversado, mediante una «empresa pantalla», Aizoon, propiedad de los dos esposos al 50% y subcontratada por Noos.
Entre esos gastos personales, el juez había mencionado durante su instrucción, «un curso de salsa y merengue prestado en el domicilio familiar cuya conexión con las actividades de Aizoon (…) se antoja harto difícil».
La implicación de la infanta contribuyó a socavar la popularidad de la monarquía española, en horas bajas tras salir a la luz la cacería de elefantes del rey Juan Carlos en Botsuana en 2012 en un momento álgido de la crisis económica en España, causando tal indignación que el monarca llegó a pedir perdón públicamente en un gesto sin precedentes.
Desde el momento de su imputación, la infanta fue apartada de las actividades de la Casa Real. No forma parte de la familia real desde la subida al trono de Felipe VI en junio, quien, según la prensa española, su hermano, estaría intentando convencerla de que renuncie a sus derechos dinásticos como sexta en la línea de sucesión al trono.
Acusación popular
Imputada en un primer momento por un delito de blanqueo de capitales, la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca redujo los cargos a los delitos fiscales por los que será juzgada, pedidos por el sindicato Manos Limpias, que actúa como acusación popular.
Este sindicato se ha quedado como único ‘acusador’ de la infanta, en contra de la opinión de la defensa de Cristina, de la abogacía del Estado y del fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, contrarios a que fuera juzgada.
«Si no llega a ser por la acción popular no se hubiera producido la imputación», señaló a la AFP Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias, presentada como una organización de extrema derecha y que suele personarse como acusación en todos los casos por corrupción.
Iñaki Urdangarin se enfrenta, por su parte, a una petición del fiscal de 19,5 años por los delitos de malversación de caudales públicos, estafa, prevaricación, falsedad en documento público, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración, dos delitos contra la hacienda pública y un delito de blanqueo de capitales.
La decisión del juez llega apenas dos días antes de que el rey Felipe VI pronuncie su primer discurso de Navidad el 24.
