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Lo ocurrido el 9 de febrero, tras la irrupción de elementos del Ejército al recinto de la Asamblea Legislativa, para presionar a los diputados a que aprueben un préstamo de $190 millones para una de las fases del Plan de Seguridad del gobierno del presidente Nayib Bukele, despertó las alarmas en buena parte de la población que, aunque minoritaria, si lo comparamos a quienes aprobaron la medida o justificaron la acción, no deja de ser un hecho relevante y preocupante.
Gracias a Dios, los “mediadores invisibles” hicieron su papel y aquel hecho que despertó las alarmas, tanto en sectores políticos de izquierda como de derecha, no pasó a más. Esto no quiere decir, por supuesto, que todo terminó allí; pues, si nos atenemos a la ley de la causalidad, claro está que habrá repercusiones, y eso es lo que se está sucediendo en la Asamblea Legislativa cuando, a pesar del descontento del Ejecutivo, se ha decidido interpelar al ministro de la Defensa, Francis Merino Monrroy.
Esta acción legislativa no debe ser causa de desestabilización, sino al contrario, un componente más en el engranaje del Estado, de la institucionalidad del país. Es decir, en tanto que El Salvador es República, de acuerdo con la Constitución, los tres órganos del Gobierno –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– tienen roles, entre ellos el de los contrapesos.
Es decir, la Asamblea Legislativa tiene funciones constitucionales, entre ellas la de interpelar funcionarios, y eso debe respetarse y procurarse que se haga de acuerdo con los procesos que la ley misma ordena. En lo que va de este año, la Asamblea Legislativa ya interpeló a dos funcionarios, el presidente de ANDA y la ministra de Salud, de quienes -por cierto- pidió que fueran despedidos al encontrarlos ineficientes para enfrentar la crisis del agua que el Gran San Salvador vivió a finales del mes de enero.
Es potestad del presidente Nayib Bukele, según la misma ley, de acatar o no la recomendación de la Asamblea Legislativa, y así se lo determina la ley, por lo que, el hecho que no haya despedido a los funcionarios en referencia, y tal parece que no lo hará, está en las potestades que la ley le faculta.
Estas acciones, algunas las consideran como encontronazos entre dos órganos del Estado, lo cual puede ser cierto, pero cierto también es que en la medida que actúen de acuerdo a lo que la ley establece, la institucionalidad no se pone en peligro y, entonces, se puede decir, son cosas que pasan en las democracias. El peligro real sería que un órgano irrespete la ley y se tome las atribuciones de otro órgano, incluso, sin irrespetar a un tercero.
Recientemente, la Sala de lo Constitucional resolvió a favor de la Asamblea Legislativa al determinar que son constitucionales las reformas al Código Electoral en cuanto al voto por rostro de elecciones para concejos municipales, luego de que el presidente Nayib Bukele vetara ese decreto.
De acuerdo con la Constitución, toda ley que se produzca en la Asamblea Legislativa, el presidente de la República, en tanto jefe del órgano Ejecutivo, tiene tres opciones: sancionarla, observarla o vetarla.
En varias ocasiones, el presidente Bukele ha vetado leyes surgidas de la Asamblea Legislativas, tras considerarlas violadoras de la Constitución. Ante este dilema, si la Asamblea Legislativa supera el veto, debe ser con mayoría calificada, el Ejecutivo puede acudir a un tercero: a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (el tercer órgano del Estado), para que sea esta quien dirima el conflicto entre los dos órganos.
Y eso fue lo que hizo la Sala de lo Constitucional, al avalar el decreto legislativo número 475, con fecha de 6 de noviembre de 2019, en el que establece el voto por rostro para las elecciones para Concejos Municipales a partir de las elecciones de 2021. Con esta resolución, el máximo tribunal resolvió la controversia entre el presidente de la República y la Asamblea Legislativa.
Los ejemplos aquí planteados demuestran no solo los mecanismos que todo interesado debe seguir, cuando está inconforme con las acciones de otro órgano del Estado, con lo que se somete a los designios de ley y con ello al respeto de la institucionalidad.
Por eso, los funcionarios, los políticos, y los salvadoreños en general debemos aprender cada día no solo el abc de la leyes, sino los procesos; pero, lo más importante es que estemos convencidos, que debemos ser recelosos de que se respete la institucionalidad, pues, solo eso nos garantiza vivir en democracia, y crecer en democracia.
Hasta hoy, pese a los sobresaltos vividos, podemos afirmar que la institucionalidad avanza lenta, pero avanza…
