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@arpassv
Representantes de la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) presentaron ayer una demanda contra los magistrados de la Sala Constitucional en el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), en el marco de su “campaña de desobediencia cívica por el desacato popular”.
La denuncia señala que los magistrados Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Rodolfo González y Sidney Blanco violentaron principios éticos elementales en la implementación de la medida cautelar contra el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS).
Según los denunciantes, los referidos magistrados incumplieron los principios de “primacía del interés público”, “imparcialidad y objetividad”, y “apego a la Constitución y las leyes”, principios contenidos en el Artículo 4 de la Ley de Ética Gubernamental y que todo funcionario público debe respetar.
Ésta es la segunda demanda de ASGOJU contra miembros de la Sala en el TEG. En septiembre de 2016 fue presentada otra denuncia contra el magistrado Belarmino Jaime, por no abstenerse de conocer y resolver casos referidos a telefonía en los que tenía marcados conflictos de interés.
ASGOJU también ha presentado denuncias contra magistrados de la Sala en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) por violaciones a derechos humanos, y también en la Fiscalía por posible prevaricato y actos arbitrarios. Además, solicitó a la Asamblea Legislativa crear una comisión especial que recomiende su destitución.
Sin embargo, ninguna de estas demandas ha prosperado. Por eso ASGOJU exige que la institucionalidad funcione y que las instancias aludidas (TEG, PDDH, Fiscalía y Asamblea) actúen: investigando, castigando o destituyendo a estos funcionarios transgresores de la Constitución y del estado de derecho.
La falta de acción de la institucionalidad del país podría obligar a las organizaciones sociales a recurrir a la justicia internacional. De hecho, ASGOJU ya valora la posibilidad de recurir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) si el Fiscal General, la Procuradora de Derechos Humanos y los diputados/as no se atreven a procesar a los miembros de la Sala.
El SIDH ya está al tanto de las actuaciones arbitrarias e ilegales de la Sala. A inicios de este año el magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Ulises Rivas y varios ex funcionarios destituidos por la Sala denunciaron violaciones a sus derechos políticos por parte de los magistrados Jaime, González, Meléndez y Blanco.
Ojalá que la institucionalidad funcione, para no tener que acudir a las instancias internacionales.
