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Lourdes Argueta
Abogada
Seguimos preguntando cuándo tomarán en serio la inversión en producción agrícola en nuestro país, esperamos hace mucho ese tipo de medidas que se encaminen a construir soberanía y seguridad alimentaria, de manera sostenible en el tiempo. Sin embargo, se ha anunciado una medida que es necesaria, pero que es para amortiguar las consecuencias de lo que ha sido un desastre en el gobierno, el Ministerio de Agricultura, donde no logran despegar con una política que demuestre resultados concretos, solo excusas hasta ahora, además de haber visto desfilar a no menos de cinco titulares de ese ministerio, que han pasado sin pena ni gloria.
No daré una opinión técnica del impacto que tendrá la medida de eliminar los aranceles a los productos de la canasta básica, porque no soy especialista para ello, pero seguramente aliviará en alguna medida los bolsillos de las familias salvadoreñas, o, al menos, eso es lo que se espera, que beneficie a la población, aunque no podemos ignorar que es una medida para aplacar el desgaste al gobierno por no hacer nada al respecto, porque en el fondo la intencionalidad es rescatar la imagen del presidente y sus funcionarios por el cuestionamiento al alto costo de la alimentación.
Independientemente de esta medida, esperamos también que se anuncien medidas especiales para la producción agrícola en nuestro país, la inversión en la ganadería y otros rubros de la cadena alimenticia que permitan satisfacer la demanda salvadoreña y la posibilidad de poder exportar. Los aranceles, como sabemos, recaen sobre insumos importados de otros países, y permiten que no haya mayor ventaja sobre productos nacionales, porque el arancel obliga a establecer precios finales que al productor salvadoreño le permiten sacar un margen de ganancias para seguir produciendo, y en este sentido, es de esperar los análisis de expertos y de los mismos productores para saber si la medida no les afectara a ellos, porque de ser así, generaría una desproporcionalidad entre el trabajo de los productores nacionales y la capacidad de quienes se dedican a importar productos.
Solamente señalo un aspecto que nos demanda analizar con cuidado los posibles impactos que esta medida pueda conllevar. Al análisis debe sumársele la información de quienes son los mayores importadores de alimentos y bebidas registrados en el Sistema de Facilitación de Comercio Exterior (SFCE), y cuántos de ellos podrían tener algún vínculo directo con funcionarios del actual gobierno. Es inevitable no suponer que esta medida también tenga la intencionalidad de beneficiar a sus empresarios cercanos. Recordemos que si no han invertido en producción alimentaria es porque han privilegiado desde el gobierno importar comida imperecedera para ir a regalar en las campañas electorales a favor del partido oficial, con recursos del pueblo.
En investigaciones periodísticas se han conocido datos de personas beneficiadas con esas importaciones y el vínculo con algunos funcionarios. Por esa razón la demanda de que se invierta en producción agrícola nacional no debe bajar, solo por el anuncio de una medida que solo es cuestión de tiempo para que se conozca el beneficio de su impacto y a quienes realmente les ha favorecido. La regulación de precios se viene demandando desde hace bastante tiempo, así como la inversión agrícola que permita romper la dependencia a las importaciones de países vecinos.
Los niveles de exportación han disminuido considerablemente en los últimos dos años y el Banco Central de Reserva indicaba en febrero del presente año que en enero y febrero la caída fue de $24.42 millones, pero en comparación con febrero de 2023 la caída es de $76.28 millones. Esta información solo refleja lo que hemos señalado, o la incapacidad de este gobierno o desinterés del mismo porque se recupere el tejido productivo nacional, porque lo que ha habido es un retroceso y los datos lo demuestran por más que traten de ignorar los resultados del Ministerio de Agricultura, sobre todo en el segundo quinquenio de la presidencia efemelenista, que cerró con un incremento del 38% en exportaciones en comparación de cuando se asumió en 2009.
Eso evidencia que si se incrementaron las exportaciones es porque se invirtió en la producción nacional de alimentos, y se ve reflejado no solo en el aumento de exportaciones registrada en esos años, sino en los precios de los alimentos. Ese es un logro incuestionable a las gestiones de los dos gobiernos anteriores. Por lo tanto, hay solvencia para cuestionar la incapacidad o indiferencia del ejecutivo en no tomar en serio algo que es un derecho humano, la alimentación.
Seguiremos pendientes del tema y acompañando esfuerzos que se encaminen a desarrollar por su propia cuenta la producción agrícola, aunque sea en escalas domesticas o comunitaria, que desde mi punto de vista es la clave para paliar los efectos por la no inversión o estimulación a la producción por parte del Estado.
La limitante de muchos campesinos es no contar con tierras propias y la renta es alta, y en ese sentido tampoco hay control, no hay regulación sobre eso y los campesinos no ven ningún beneficio de trabajar en tierras ajenas, porque el costo de producción es mayor y a lo mucho lo que producen es para sobrevivir.
No podemos ignorar la problemática en todas sus dimensiones, para que las medidas que se establezcan sean integrales y resuelvan de verdad tanto para el productor agrícola que cosecha para subsistencia familiar o para comercializar. También es necesario controlar a los coyotajes, tanto en la comercialización como en la renta de tierras para producir. No se pide mucho, solo que haya condiciones justas para el productor y el consumidor final.
