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El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago de Chile admitió la tramitación de una querella interpuesta por abogados y organizaciones de derechos humanos contra el presidente Sebastián Piñera por delitos de lesa humanidad durante las masivas protestas de las últimas semanas.
La Defensoría Popular, el Comité de Defensa de Pueblo Hermanos Vergara Toledo y la Cooperativa Jurídica presentaron el recurso el lunes, con el objetivo de «determinar la responsabilidad del presidente Sebastián Piñera como autor del delito de lesa humanidad», así como todos los que resulten responsables como «autor, cómplice o encubridor».
«El objetivo de la acción es radicar las responsabilidades de autoridades civiles y militares en la violación generalizada y sistemática de derechos humanos a partir del 18 de octubre de 2019, fecha de inicio de las movilizaciones sociales en todo el país», indica la Defensoría Popular en un comunicado. Asimismo, añade que se ha solicitado «un fiscal exclusivo para que investigue y en último termino acuse a quienes resulten responsables».
n la querella presentada, y de la que se hace eco la prensa local, se indica que a través de diferentes organizaciones, medios, abogados, médicos y otras muchas entidades se constata que se han producido, entre otros delitos, «homicidios, torturas y apremios ilegítimos, físicos, mentales y sexuales; abusos sexuales; violaciones; privación de libertad arbitraria en lugares no habilitados para el efecto».
«Ciudadanía indefensa»
«En el marco de este estallido social (…) vemos con estupor que a partir de las directrices del Gobierno de Chile, en manos del señor Sebastián Piñera, se han venido cometiendo graves violaciones de derechos humanos que consideramos delitos de lesa humanidad», declaró la abogada y coordinadora de la Defensoría Popular, María Rivera, durante la presentación de la querella.
Rivera crítico la actitud del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INH), Sergio Micco. «La ciudadanía está en la indefensión. Nos preocupan sus palabras. Él dice que si alguien cree que acá se han cometido delitos de lesa humanidad que lo pruebe, bueno, pues nosotros vamos a poner esa querella», aseveró.
«Nosotros identificamos al presidente de la República porque entendemos que como autoridad civil es el principal responsable de lo que ocurre en el Estado de Derecho, independiente de que puedan existir otros», apuntó, por su parte, Oscar Castro, abogado integrante del Comité de Defensa del Pueblo.
Castró destacó que con la querella «se inicia el proceso judicial remitiendo los antecedentes al Ministerio Público para que empiece una investigación» y «se resuelva si efectivamente existe la responsabilidad de las autoridades».
Ese mismo día, en una rueda de prensa para exponer los motivos de la denuncia el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, destacó la urgencia de que «la violencia masiva de los derechos humanos» sea asumida por «sus responsables».
«Lamentablemente debemos dar cuenta de las graves y masivas violaciones de derechos humanos que se han producido en los últimos 13 o 14 días, que no son como se han señalado por parte de los representantes del gobierno como excesos errores o excepciones», afirmó.
Por su parte, el actor Alejandro Goic, quien también participó en la conferencia, dijo que lo que les impulsa «es algo que la sociedad chilena no ha podido resolver, que es la impunidad. Existe una reiterada represión con muertos, torturados y heridos».
Hasta el momento, la Fiscalía de Chile contabilizó 23 muertes desde que comenzó el conflicto. Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos publicó que hay 1.659 personas heridas en hospitales y 4.364 detenidos, según su reporte del 4 de noviembre.
