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“Pro-Búsqueda ha vuelto a regresar al punto de partida”, tadalafil explicó su director Eduardo García, physician quien afirma que no se puede ocultar lo ocurrido durante el conflicto armado de la década de los años ochenta, y agrega “está demostrado en varias sentencias (de la CIDH) que no se puede negar el hecho”, al señalar que el Estado se encuentra en desacato por incumplimiento.
Han pasado 21 años desde que el Sacerdote Jesuita, Jon Cortina eligió caminar junto a los familiares de niños y niñas desaparecidos forzosamente durante la guerra civil. El nacimiento de Pro-Búsqueda marcó con contundencia la necesidad de dignificar a las víctimas y empezar a buscar una verdadera reconciliación entre perpetradores y perjudicados.
– ¿El Estado salvadoreño en desacato frente a la CIDH?
Cuando hablo del Estado salvadoreño lo hago sobre los tres poderes que lo componen (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y no solo me refiero al gobierno. En la parte que le toca al Órgano Judicial es paradójico, pero es el que menos ha colaborado para hacer justicia a estos familiares que buscan a sus niños y niñas.
Y sabemos que están vivos, esto es lo más doloroso, la complicidad de mantener esto en el olvido, a sabiendas que están vivos; cómo puede ser democrático un país en Europa o al Norte de América si saben que algunos de sus ciudadanos nacionalizados proceden de una desaparición forzada y no hacen nada para ayudarle a conocer su verdad, su pasado, sus orígenes y restablecer sus lazos.
– ¿Será incompetencia o falta de recursos económicos?
Incompetencia o incapacidad son palabras que le quedan pequeñas al Sistema Judicial. Cuando un Estado no tiene la capacidad de resolver, de investigar, imputar y sancionar -que no es la razón en nuestro órgano judicial- la razón para no avanzar es porque no quiere hacerlo, punto.
Pro-Búsqueda ha resuelto 423 casos sin recursos, sin capacidades instaladas, sin formación, sin expertos … y solo somos una ong que junto a las familias de las víctimas, desde el dolor de la desaparición forzada de sus niños y niñas se asocian para tirar hacia adelante, ¿Cuánto no hubiera podido hacer una instancia de gobierno con un presupuesto de nación?
Este sistema que tiene capacidad de investigar y la capacidad coercitiva para requerir documentos, recabar información… no… no es incompetencia, es negligencia, es falta de voluntad y lo lastimoso es que, estas diligencias no se ha llevado a cabo, porque al Órgano Judicial le ha pesado más la línea ideológica, que la línea de jurisprudencia o justicia.
Los funcionarios judiciales no aplican la ley, porque les pesa su motivación ideológica y consideran que estos casos fueron del conflicto, que fue un enfrentamiento y no ven el lado de la justicia, el lado del delito, de la desaparición, de la agresión y violencia contra los derechos humanos.
– ¿La Fiscalía General de la República argumenta falta de recursos para invertir en estos casos?
Eso es mala fe y mala voluntad. Como Pro-búsqueda tenemos denuncias desde el año de 1993 y seguimos dándoles investigación y resolviendo casos, pese a que no tenemos la autoridad o injerencia para pedir documentos.
La Fiscalía si puede hacer esa diligencia, si puede hacerlo un juez ejecutor, pero han sido nefastos. La evaluación que hago del poder Judicial es que teniendo todas las herramientas, todo el poder coercitivo, no han diligenciado como se debía; han faltado a su compromiso con la Constitución de la República, que es lo más grave.
Ahora, están investigando un posible atentado contra el Fiscal (Luis Martínez) y otro caso en donde asesinaron hace unos meses a un fiscal en Usulután, los casos rápido se resolvieron.
Yo quisiera que con la misma diligencia todo lo que atañe a cualquier hermano y hermana salvadoreña amparada en la Constitución de la República pudiera acceder a la igualdad de garantías y que se investigaran los casos en la misma forma, solo eso pedimos y el Órgano Judicial tendrá que ver como depura su institución de estos aplicadores de ley que no la aplican, así como la Asamblea Legislativa.
– ¿Cuál ha sido la postura de la Asamblea Legislativa?
Igual pasa, con este órgano legislativo todavía no han dado salida a la ley para conformar la Comisión Nacional de Búsqueda y no han articulado su legislación interna para introducir estándares internacionales en el tratamiento del delito de lesa humanidad, como es la desaparición forzada. Todavía seguimos teniendo la desaparición involuntaria; como que alguien pueda desaparecer a otro y no está consciente de ello… hay faltas graves.
Los legisladores y legisladoras no son incapaces, cuentan con asesores y tiene un presupuesto de 59 millones de dólares del Poder Legislativo, y otro tanto, que tiene la Fiscalía General de la República.
Cómo es posible que esté en debate en la Asamblea Legislativa la Ley de Resarcimiento e Indemnizaciones para los veteranos de Guerra, de la Fuerza Armada, expatrulleros y otros -que incluso- salen con uniformes que ya deberían de haber sido declarados inconstitucionales por el daño que hicieron, esa para mí si es una apología del terrorismo.
Ellos piden indemnizaciones y bonificaciones porque prestaron un servicio; y yo no voy a valorar si fueron engañados o estuvieron de acuerdo; pero como Pro-búsqueda en el aspecto de equidad y justicia ¿Cómo puede ser posible que la Asamblea Legislativa se debata en pensar darle pensiones a aquellos que cometieron actos atroces y están involucrados en la desaparición forzada de los niños y niñas y asesinatos en este país?
¿Cómo es posible que olviden a las víctimas?, ¿Cómo es posible que se premia el delito?, que mensaje estamos dando… al premiar al perpetrador y castigar a las víctimas, ¿Esta es la sociedad qué queremos construir?
¿Cómo quieren ser recordados… como funcionarios judiciales o legisladores artífices de la paz o como aquellos que abonaron con su silencio y poca diligencia a resolver lo que hace mucho tiempo se viene demandando la verdad y la justicia.
– ¿Será el temor de enfrentar procesos judiciales?
Hay mucho miedo de aquellos personajes que participaron en la guerra y estuvieron involucrados en abusos y crímenes de lesa humanidad y en violación de los derechos humanos por ambos bandos, que fueron en diferente proporción pero ambos bandos beligerantes cometieron sus abusos.
Yo entiendo que con la firma de los Acuerdos de Paz aquella parte de cese a la impunidad y trabajar para que algunos casos emblemáticos fueran judicializados, como ejemplo, para que esto no volviera a repetirse, o si se repetía se podría aplicar una condena para construir la paz, no ocurrió.
Entiendo que exista ese miedo pero en el trabajo de Probúsqueda es todo lo contrario -mencione un solo nombre de guardia, soldado, militar, militante o defensa nacional que haya participado en estos casos de desaparecimiento que haya sido juzgado- no lo van a encontrar.
O deme un solo nombre de algún funcionario de gobierno que en aquella época y de forma directa o indirecta participó en las adopciones irregulares que se dieron durante el conflicto armado consolidando estas desapariciones que haya sido juzgado y sancionado… ninguno.
Son 423 casos resueltos por Probúsqueda, otro centenar por la Comisión Nacional de Búsqueda y ninguno de ellos o ellas han demandando ante los juzgados a los que, les causaron daño. Estamos hablando de jóvenes que no todos tienen un órgano judicial como el nuestro, sino una jurisprudencia a nivel europea o estadounidense y aún así, tampoco fue una opción de estas personas buscar un juzgamiento.
El resarcimiento de justicia llega cuando se le satisface al demandante esa desaparición y encuentra a su familia. A nosotros se nos ha interpretado mal porque hemos ido a la Corte Interamericana, por presentar “Habeas corpus” , pero todo esto ha sido porque es una necesidad a la que se nos ha obligado, cuando internamente el país nos niega la justicia, la identificación de estos niños y niñas que se enmarca en la desesperación de sus padres y madres y por eso buscamos todos los medios legales y justos para restablecer sus vidas.
