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Rafael Cabrera C.
Cuando en una nación impera la injusticia, cuando los llamados a cumplir una pronta y cumplida justicia se convierten en verdaderos enemigos de la sociedad; cuando quienes integran instituciones del Estado violentan la Constitución Política siguiendo órdenes foráneas o de institutos políticos o grupos de poder para dañar a personas inocentes, pareciera que está predominando el mal sobre el bien, la maldad sobre la hermandad y también cuando se mueven intereses políticos o económicos. Es de lamentar lo que sucede en nuestra nación en lo relacionado a la seguridad ciudadana, pero también es de lamentar cuando en nombre de la democracia o el bien común se utiliza el chantaje para dañar el honor y la moral de ciudadanos honestos, que han prestado sus servicios a la nación profesionalmente, con un alto espíritu patriotismo como es el caso del LICENCIADO HUGO MARTÍNEZ – CANDIDATO PRESIDENCIAL y a quien el presidente de la Fiscalía de la República, ante los medios de comunicación televisiva pretendió dañar acusándolo de haber participado en sucias maniobras con las DONACIONES QUE EL GOBIERNO DE TAIWÁN OTORGÓ A EL SALVADOR en la administración del expresidente Mauricio Funes, pero la señora EMBAJADORA DE DICHO PAÍS se presentó ante los medios de comunicación declarando que todas las donaciones fueron supervisadas por su país y para confirmación mostró constancias debidamente certificadas.
Es importante recordar también que la Fiscalía de la República en algunos casos ha presentado testigos criteriados, pero en su mayoría han sido testigos con antecedentes delictivos por la que han sido desechados por los señores jueces que han tenido que atender los casos bajo su responsabilidad.
Se puede asegurar que la justicia salvadoreña enfrenta una crisis institucional, producto de la falta de notoriedad de los llamados a cumplir y hacer cumplir una pronta y cumplida justicia como lo han afirmado muchos profesionales de derecho. En los últimos cinco años y antes que se les venciera su período fueron los señores magistrados de la Sala de lo Constitucional quienes con sus RESOLUCIONES INCONSTITUCIONALES dañaron la moral y el honor de distinguidos profesionales al cerrarle los espacios de prestar sus servicios a la nación en materia administrativa y jurídica, como también con sus resoluciones DESTITUYERON A OTROS PROFESIONALES DE SUS FUENTES DE TRABAJO QUIENES ESTABAN PROTEGIDOS POR NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA EN CUANTO A DEBERES Y DERECHOS CIUDADANOS.
También la Sala de lo Constitucional causó mucho daño al pueblo salvadoreño ya que denegó al gobierno central decretos de ley para hacer llegar más impuestos al fondo general de la nación y así poder desarrollar programas de mejoramiento social, educación, salud y otros servicios básicos que tanta falta hacen a nuestro pueblo. Denegó también el impuesto que serviría para beneficiar los miles de familiares que quedan en la orfandad cuando fallece en un accidente de tránsito un miembro de la familia.
Al concluir su periodo la Sala de lo Constitucional, le llegó el turno al Ministerio Público dirigido por su presidente y su equipo colaborador, quienes parecen ignorar en algunos casos, lo ordenado por nuestra Constitución Política y prueba de ello es que cantidad de ciudadanos GUARDAN PRISIÓN EN LAS CÁRCELES DEL PAÍS sin haberse comprobado delito alguno violentando con ello el artículo 11 que reza “NINGUNA PERSONA PUEDE SER PRIVADA DEL DERECHO A LA VIDA, A LA LIBERTAD, A LA PROPIEDAD Y POSESIÓN NI DE CUALQUIER OTRO DE SUS DERECHOS SIN SER PREVIAMENTE OÍDA Y VENCIDA EN JUICIO CON ARREGLO A LAS LEYES, NI PUEDE SER ENJUICIADA DOS VECES POR EL MISMO DELITO”.
Pretender privar de libertad a un ciudadano solo por el hecho de un rumor callejero o por un presentimiento o malicia, o porque un falso testigo aparece de la nada acusando a un inocente, es lo más ridículo de un funcionario público cuando al tomar posesión de su cargo JURÓ SER FIEL A LA REPÚBLICA, CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN CONFORME A LAS LEYES.
