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Tomado de Change.org
Miriam G.
Actualmente, el caso se encuentra en un “impase legal” debido a acciones de la Fiscalía General de la República contra la Cámara Penal de Cojutepeque, instancia encargada de resolver la apelación presentada por los abogados defensores el pasado 14 de febrero. Más de un mes después, la Cámara competente no ha resuelto debido a que la Fiscalía Salvadoreña presentó una petición de recusación contra uno de los magistrados que la integran. Con la apelación, la defensa legal busca revertir la injusta detención provisional decretada por el Juzgado de Paz de Victoria el 19 de enero y ratificada por el Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque en audiencia de revisión de medidas el 8 de febrero. Este “limbo jurídico” causado por la Fiscalía también ha sido agravado por la inacción de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia que ha tardado en resolver la moción de la Fiscalía, lo cual constituye una anomalía al debido proceso.
El 23 de marzo se realizó un llamado a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, para que, en el marco de sus competencias, verifique que se cumplan los principios del debido proceso judicial y se corrijan las vulneraciones relacionadas con la detención provisional a través del llamado a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia para que rechace la recusación por no tener fundamento legal y habilite la Cámara de lo Penal de Cojutepeque para que resuelva la apelación presentada por la defensa con prontitud. Exhortar a la Dirección de Centros Penales para que permita el acceso de los abogados defensores y puedan reunirse con los detenidos. Pronunciarse a favor de las medidas sustitutivas a la detención provisional dadas las graves condiciones de salud y edad de los lideres detenidos. Pronunciarse ante la posible reactivación de la minería metálica que, es para nosotros, la verdadera razón de la detención y enjuiciamiento de nuestros lideres comunitarios y defensores ambientales.
El rechazo a la minería, en el marco de la detención
A pesar la prohibición legal y del rechazo nacional de la minería, el actual gobierno viene dando pasos rápidos para reactivar estos proyectos: en mayo de 2021 incorporó a El Salvador a un foro de países que promueven la “minería sostenible” y en octubre del mismo año aprobó una nueva Ley de Creación de la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas. Y la señal más clara de que la prohibición de la minería podría ser revertida pronto es que el presupuesto estatal de 2023 incluye una partida de 4.5 millones de dólares para “revisar y actualizar la ley que prohíbe la minería metálica”.
En este contexto han llegado a algunas comunidades de Cabañas, principalmente del municipio de San Isidro, personas desconocidas -que se presentan como “asesores peruanos”- con la pretensión de comprar o alquilar terrenos en cuyo subsuelo yacen minerales preciosos. Al mismo tiempo, alcaldes de la zona han recibido indicaciones (presiones) de tener una actitud colaborativa con la reactivación de la minería; mientras crece el temor de que, en el marco de un acuerdo comercial y una posible compra de la deuda por parte de China, el gobierno salvadoreño abra el sector minero a empresas del país asiático.
Ante esas preocupantes señales, Santa Marta y ADES, sobre todo su director Antonio Pacheco, empezaron a reorganizar la resistencia comunitaria en Cabañas, a alertar al país sobre la nueva amenaza minera y a buscar diálogo con la UCA, la Iglesia Católica y otros actores para mantener la prohibición de la minería. Justo, entonces, se da su captura y la de los demás líderes comunitarios. A eso se debe la sospecha de que la acción de la Fiscalía no busca realmente investigar y hacer justicia por un crimen de la guerra, sino montar un caso judicial contra personas claves en la lucha ambiental de cara al interés de retomar los proyectos mineros.
Esta sospecha crece al constatar la debilidad jurídica del caso, especialmente la falta de pruebas reales de la existencia de los delitos imputados y de la participación de los detenidos. La principal “prueba” de la Fiscalía es el relato contradictorio de un testigo que inicialmente dijo haber presenciado los hechos, pero en la audiencia se retractó y declaró que a él “le contaron” lo sucedido.
Situación actual de los detenidos, tras sucesivos traslados y falta de comunicación con sus familias y defensa jurídica.
Aún con los llamados a la jueza del Juzgado de Sensuntepeque sobre las precarias condiciones que han comprometido la salud de los ambientalistas, estos fueron trasladados el día 9 de marzo, sin notificación al abogado defensor, quien los visitó por la mañana. El nuevo traslado fue a la Ex Cárcel de Mujeres ubicada en Ilopango, recientemente nombrado Centro de Calificación, con dicha movilización los lideres pasaron a ser responsabilidad de la Dirección de Centros Penales. Las condiciones son inciertas, pues ni el abogado tiene acceso a ver a los detenidos, colocándoles en una situación más vulnerable.
El 13 de marzo, los líderes comunitarios son separados ya que, dos de ellos son llevados a un centro médico debido a complicaciones en su salud, concretamente al Centro Penitenciario de Salud de Quezaltepeque. Esto incrementa las preocupaciones y temores sobre su estado de salud, que ha sido la principal razón para que solicitar que se revierta la prisión preventiva por medidas sustitutivas.
En este sentido, se denuncia el empeoramiento sucesivo de las condiciones de confinamiento que han venido sufriendo los detenidos, así como la incierta condición carcelaria de los líderes comunitarios ante la imposibilidad de verlos para las familias y ahora de su abogado defensor para poder preparar su defensa. La incertidumbre ante la falta de acceso a la información de su estado de salud y de verificar sus condiciones de reclusión son elementos que están socavando el ánimo de sus familias y seres queridos.
Este caso, está poniendo a prueba al Estado Salvadoreño y su sistema de justicia. Insistimos en que el hecho de que haya sido decretado en reserva total limita la defensa de nuestros compañeros, pero además va contra el derecho a la verdad de todo proceso de justicia restaurativa e impide el seguimiento al debido proceso por parte de la sociedad civil. Sin mencionar que impide el ejercicio del periodismo y una violación del derecho ciudadano a la información pública.
Por todo lo anterior, se solicita a la Comunidad Internacional y a Instancias de Derechos Humanos:
Estar vigilantes a todo lo que sucede en El Salvador en torno a la vulneración de Derechos Humanos que enfrentan quienes defienden el territorio y los bienes comunes de la naturaleza, en específico dar seguimiento al caso de los liderazgos comunitarios y ambientalistas de ADES y Santa Marta.
Pronunciarse y hacer un llamado al Estado salvadoreño a garantizar el debido proceso, las condiciones de integridad y respeto a la salud física y emocional, en definitiva, los derechos humanos de todas las personas detenidas y en concreto de los defensores de ADES y Santa Marta que incluyen las visitas de abogados defensores y familiares.
Solicitar al Estado salvadoreño por medio de los canales oportunos que, en el caso expuesto en este escrito, se apliquen las legislaciones que correspondan con el papel de defensores de derechos humanos de los detenidos y en ningún caso ser tratados bajo las restricciones y medidas del estado de excepción. Poner en valor el párrafo del MAP firmado el pasado 15 de marzo en lo relativo a garantizar la seguridad jurídica de las socias locales de la cooperación española, haciendo notar que ADES es contraparte de varias organizaciones y de la propia AECID para poder dar seguimiento al cumplimiento del debido proceso.
Que una delegación visite a todos los detenidos del caso, ahora radicados en distinto lugar, para comprobar su situación de salud y condiciones de custodia, así como que colabore para que las iniciativas de visitas externas puedan realizarse para comprobar el respeto a los derechos humanos de los líderes comunitarios y ambientalistas.
La situación de vulneración de derechos que enfrentan los detenidos el 11 de enero también ha sido expuesta en la comparecencia de 22 de marzo, Día Mundial del agua, por representantes de la comunidad Santa Marta y la Asociación ADES a la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia del Parlamento Vasco: https://fb.watch/jxw1O8B_VK/
Así mismo, la Coordinadora Española de Organizaciones para el Desarrollo tiene previsto realizar una visita al país del 11 al 18 de abril y solicitó al Juzgado de Paz de Sensuntepeque, tener una audiencia o entrevista con los detenidos con el fin de enriquecer su perspectiva acerca de lo que está pasando y establecer así mejores parámetros sobre el caso.
