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Por Fredis Pereira
Master en Administración y Gerencia Pública
La justicia de un criminal se rige por las reglas del circo romano. Diversión, crueldad y venganza se combinan continuamente. La venganza aplica para los enemigos. La crueldad la sufren más los desvalidos. También se aplica perdón para el amigo y cómplice del poderoso. El castigo es más severo para el oponente, y más liviano para quien conviene al criminal mantenerlo como cómplice. Aunque para algunos la justicia de un criminal parezca cruel e inhumana, la gran mayoría la aplaude públicamente. Así la tortura es bien correspondida y ocultada, mediante juicios y opiniones condicionadas a la voluntad del poderoso criminal.
La justicia de un criminal se ha aplicado contra los más desvalidos. En el criterio de José Domingo Monterrosa Barrios, los actos realizados, en diciembre de 1981, durante la masacre del Mozote, en el departamento de Morazán, El Salvador, fueron considerados actos de justicia contra “verdaderos terroristas”, que había que eliminar antes de que crecieran, y evitar perjuicio para los ciudadanos amenazados por los “terroristas”.
Los opositores a estos actos de Monterrosa fueron acallados y los aplausos han abundado en su favor. El eco de la buena fama de Monterrosa ha seguido sonando; al grado de que hace pocos años, se ha observado a personas como el alcalde, Wil Salgado, y la embajadora, Milena Mayorga, presentando a Monterrosa como héroe de la guerra de El Salvador, aunque también sea reconocido internacionalmente como responsable de la matanza de niños, mujeres y hombres solo porque le parecían “terroristas”.
La justicia de un criminal se acompaña de la buena fama. La mayoría siguiendo el ruido y el rumor que genera la propaganda, terminan ajusticiando al bienhechor y favoreciendo al malhechor; mientras el gobernante criminal se lava la manos como Pilato, diciendo que es la voluntad del pueblo la que ejecuta al torturar, lastimar y matar a personas inocentes. En el mejor de los casos, al desvalido se le libera de forma secreta, ocultando la información sobre los hechos, para no distorsionar la propaganda gubernamental, y que nadie se entere de las torturas perpetradas por quienes tienen el poder de la ley.
La justicia de un criminal tiene beneficiarios. Sin importar lo horrendo que parezca un acto criminal, hay gente que se beneficia de tal situación. Los beneficios van desde la buena fama, condecoraciones y reconocimientos de héroes y bienhechores, hasta compensaciones monetarias. Los beneficios económicos pueden ser en la forma de contratos fraudulentos, pago de publicidad, promociones laborales y salarios onerosos para aplacar la mala prensa, tal como sucedió en la época de Domingo Monterrosa. Tal es así, que siempre encontraremos personas que defiendan a los corruptos, que contribuyan a ocultar actos criminales durante mucho tiempo.
La justicia de un criminal también ataca a los criminales. Este proceder está más inspirado en ampliar su poder e influencia, que en favorecer a los desvalidos. El fin justifica los medios es la regla a seguir en todo caso. Parece irónico, que un narcotraficante contribuya a reducir el tráfico de droga en un territorio, mediante el combate a los narcotraficantes, pero eso es algo que ha sucedido recientemente en Centroamérica.
El ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quién gobernó por 8 años, y de quién el 21 de abril de 2015, se publicó como noticia en un medio internacional que “el narcotráfico planeó matar al presidente de Honduras.” Esto al parecer por los actos de su gobierno contra el tráfico de drogas. La historia oculta durante su gobierno es que también estaba involucrado en el tráfico de droga, y por ese y otros motivos, desde el 22 de abril de 2022, compareció ante el juez de primera instancia Stewart D. Aaron, en un tribunal federal en Nueva York, luego de ser extraditado desde Honduras; proceso que ha sido facilitado por el hecho de que sus partidarios perdieron el control del gobierno.
Las apariencias engañan, y a veces los ciudadanos eligen funcionarios corruptos; por eso, el control de la ciudadanía sobre los actos de los poderosos debe ser continua.
La guerra contra la corrupción debe ser constante, y solo puede hacerlo genuinamente un gobierno abierto y transparente.
