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Río de Janeiro/AFP
Jorge Svartzman
La corte suprema de Brasil puede debatir el miércoles una alteración de normas que impactaría en el destino del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, encarcelado desde el sábado, y también en la agitada situación política del país a seis meses de las elecciones generales.
El problema es que sus once miembros están tan divididos como el resto de la sociedad y que sus decisiones son percibidas con desconfianza creciente por los brasileños, señalan analistas.
La cuestión que podría ser puesta en debate se refiere al momento en que un condenado debe empezar a purgar una pena de prisión.
Según la jurisprudencia actual, esto es posible a partir de un fallo de segunda instancia, como el del tribunal de apelación que en enero condenó a Lula a 12 años y un mes de cárcel por corrupción.
Esa jurisprudencia se adoptó en 2016 por una estrecha mayoría de 6 votos contra 5. Anteriormente, se garantizaba el derecho a recurrir en libertad ante las máximas instancias judiciales, en procesos que pueden demorar años.
Pero los críticos de esa modificación quieren revisarla. Si lo logran, la estadía de Lula en la cárcel podría ser -inesperadamente- de apenas unos días, al menos por el momento.
Credibilidad y democracia
El Supremo Tribunal Federal (STF) denegó el 5 de abril un recurso para impedir el encarcelamiento de Lula. Pero una de las magistradas que votó en contra, Rosa Weber, dio a entender que era favorable a modificar la jurisprudencia cuando el asunto fuese tratado de forma general, y no por un caso específico.
Los partidarios de rediscutir la norma reclaman una clarificación porque la actual autoriza, sin imponer, el encarcelamiento tras la segunda instancia, lo cual deja la cuestión al arbitrio de cada uno de los dos grupos (‘turmas’) en que se divide el STF.
«La impresión de la población es que hay inestabilidad en las decisiones del STF, que estas se toman simplemente en función de las preferencias en la composición del tribunal» y eso «es muy nocivo para su imagen», dijo a la AFP Thomaz Pereira, profesor de derecho de la Fundación Getúlio Vargas (FGV) de Rio de Janeiro.
Para Daniel Vargas, especialista en derecho público, también de la FGV, «lo que está en juego es la credibilidad del STF y de la propia democracia».
Pero la crisis no se resolverá con un fallo, porque el desgaste afecta a todas las instituciones brasileñas.
Según Vargas, «el gran problema» empezó con el impeachment de la presidenta de izquierdas Dilma Rousseff «sin evidencias suficientes para conquistar consenso nacional».
La exmandataria, heredera política de Lula, fue destituida en 2016 por el Congreso, acusada de manipular las cuentas públicas.
La «esperanza de pacificación» reside en la celebración de «elecciones democráticas y libres, incluso con la participación de Lula», dice Vargas.
El líder de la izquierda encabeza las intenciones de voto para los comicios de octubre, pero su participación parece remotísima: no solo está preso, sino que la ley electoral prohíbe candidaturas de personas condenadas en segunda instancia.
Las armas de Lava Jato
Los encarcelamientos al cabo de la segunda instancia son una de las tres armas usadas por la Operación Lava Jato, que descubrió una red de sobornos pagados por constructoras a políticos para obtener contratos en Petrobras.
Lula fue condenado como beneficiario de un apartamento ofrecido por la constructora OAS a cambio de mediaciones en la petrolera estatal.
Las otras dos armas son las prisiones preventivas y las delaciones premiadas.
Para los fiscales y jueces de Lava Jato, la pérdida de cualquiera de esos instrumentos aflojaría la presión sobre las personas investigadas con poder y dinero suficientes para eternizar los procesos.
Un juez del STF, Luis Roberto Barroso, advirtió sobre una «operación de sofoco» de las investigaciones, que implican a decenas de políticos de todas las tendencias y al propio presidente conservador Michel Temer.
Al borde del ataque de nervios
El STF es a la vez un tribunal de última instancia, una corte constitucional y la que está a cargo de juzgar a los políticos con fueros.
Sus estadísticas son del tamaño del país y de sus misiones: en 2017, juzgó 123.008 procesos y acogió 15.416 nuevos casos y 42.579 recursos, según datos oficiales.
Muchos de sus debates son transmitidos en directo por la televisión, lo cual hace que sus togados sean conocidos del gran público.
Pero ese estrellato conlleva un riesgo de desmistificación, sobre todo cuando se trenzan en duelos verbales dignos de riñas callejeras.
Eso ocurrió por ejemplo en marzo entre Barroso y su colega Gilmar Mendes, durante un debate sobre donaciones a campañas electorales.
Cuando Mendes le reprochó algunos fallos recientes, Barroso le respondió: «Usted es una persona horrenda, una mezcla del mal con el atraso y unas pizcas de psicopatía». Réplica de Mendes: «Le sugiero que cierre su bufete de abogado», dando a entender que Barroso estaba defendiendo intereses de clientes.
