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Por qué fui sentenciado por un crimen que no cometí y otros criminales deambulan por las calles libremente?
(Por Mauricio Funes, Ex Presidente de El Salvador)
La tregua entre las pandillas nunca fue una negociación del gobierno con criminales.
El Salvador vive como nunca un clima de impunidad que solo favorece a los criminales del actual gobierno.
En el 2023 fui sentenciado por un Juzgado de Sentencia a 14 años de prisión por 2 delitos que nunca cometí y que la Fiscalía no pudo demostrar con pruebas contundentes que los haya cometido.
Me refiero al sonado y manipulado caso de la “Tregua” entre pandillas en el 2012.
Un proceso facilitado por dos mediadores que actuaron en representación del gobierno pero que no eran funcionarios públicos y que desde el inicio fueron supervisados por la OEA.
Este esfuerzo de pacificación, tal como lo denominó el entonces Ministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, logró una reducción sensible de homicidios y extorsiones por casi un año.
Las dos pandillas rivales y con mayor operatividad en el país, la MS-13 y la Barrio 18, frenaron los asesinatos entre sus miembros. Literalmente dejaron de matarse entre ellas.
Años después de haber fracaso este esfuerzo de reducción de la violencia, la Fiscalía de Raúl Melara me acusó arbitrariamente de haber cometido los delitos de Asociaciones Ilícitas e Incumplimiento de Deberes durante la Tregua del 2012, siguiendo el guión trazado por la derecha oligárquica que juró verme en la cárcel de por vida.
Esta Derecha nunca me perdonó que bajo mi mandato presidencial se haya acusado a Billy Sol Bang y su pandilla de la CEL por haber vendido fraudulentamente acciones de la empresa estatal de Energía Geotérmica (La Geo) y al ex Presidente Francisco Flores por malversar y lavar millonarios recursos provenientes de la Cooperación Taiwanesa durante los terremotos de Enero y Febrero del 2001. Una vez terminado mi mandato presidencial en el 2014 los grupos empresariales oligárquicos iniciaron una cacería de varios de mis ex funcionarios y por supuesto, una evidente persecución penal con motivación política en mi contra y mis familiares más cercanos.
El objetivo era meterme preso a como diera lugar y anularme civil y políticamente por más de una década.
Esta venganza política nunca descartó, de ser necesario, mi muerte física en alguno de los penales del país o fuera de ellos.
De hecho, según una ONG especializada en Crimen Organizado que dirige el ex periodista del Washington Post, Douglas Farah, existen suficientes evidencias de un plan para atentar contra mi vida acá en Nicaragua, organizado por el ex asesor del Presidente Bukele, Damián Merlos, nacido en Barcelona, de padres Argentinos, y de tradición judeo sionista.
El plan se frustró por errores de planificación y la intervención de la inteligencia y seguridad policial nicaragüense.
Desde el 2018, tres Fiscalías diferentes me han abierto 7 procesos judiciales en base sobre todo a declaraciones de supuestos testigos que se han criteriado o que han sido presionados por la Fiscalía para declarar en mi contra.
El Ministerio Público desde la administración de Douglas Meléndez les ofreció beneficios procesales e incluso la eliminación de cargos penales a cambio de mentirosas declaraciones, la mayoría de ellas sin prueba alguna que las respaldara.
Uno de estos procesos penales, el conocido como “La Tregua”, pasó en el 2022 a la etapa de sentencia y en el 2023 fui condenado a 14 años de prisión, sin derecho a defensa.
En todos los años que duró la investigación, la Fiscalía no pudo aportar ninguna prueba en mi contra que demostrara que negocié con líderes de pandillas o que formé parte de una organización criminal con el propósito de delinquir.
En todos estos años nunca fue presentada ninguna evidencia de que me senté a negociar con la pandillas o que autoricé beneficios procesales y económicos para sus líderes, como lo sostuvieron los Fiscales durante la etapa de Instrucción.
Tampoco pudieron demostrar que haya cometido el delito de Asociaciones Ilícitas, ya que nunca he formado parte de alguna organización criminal, mucho menos de alguna pandilla.
En el 2012 mi gobierno actuó únicamente como facilitador de una tregua entre la MS-13 y la M-18, para bajar los homicidios en el país y no le concedió beneficios procesales o económicos a ninguno de sus líderes.
No obstante y a pesar de no contar con ninguna prueba en mi contra, más que las declaraciones de un pandillero que guarda aún prisión en este momento, el Juzgado de Sentencia de San Salvador me condenó a 14 años de cárcel junto al General Munguía Payés, condenado a 16 años de prisión, dos más que los que yo recibí.
La “justicia” salvadoreña había cumplido la orden del gran capital: Condenarme a como diera lugar…
¿Justicia Selectiva?
Primero nos enteramos de negociaciones entre el gobierno actual y las pandillas como núcleo central de la estrategia gubernamental para reducir los homicidios.
Tanto por investigaciones periodísticas como por un amplio prontuario abierto por Raúl Melara siguiendo instrucciones del FBI, al menos dos funcionarios de Bukele estaban siendo investigados por pactar con las pandillas.
Según estas investigaciones el gobierno les había concedido algunos beneficios como dinero en efectivo, reducción de penas, mejoramiento de las condiciones carcelarias donde se encontraban los principales cabecillas de las pandillas y la negativa a ser extraditados a los Estados Unidos, a pesar del insistente pedido de las autoridades judiciales de ese país.
A cambio de esas concesiones, las pandillas reducirían los homicidios, enterrarían a sus víctimas en lugar de dejar los cuerpos a la vista de todos y les darían apoyo electoral a los candidatos de Nuevas Ideas.
Esta investigación fue cerrada y archivada por el nuevo Fiscal General nombrado ilegalmente el 1 de Mayo del 2021, luego de la destitución también ilegal del Fiscal Melara.
Ya bajo el régimen de excepción aprobado por la nueva Asamblea, el periódico digital El Faro reveló una serie de audios en los que Carlos Marroquín, Director del Tejido Social de la Presidencia, le confiesa a un palabrero de la MS-13 que había ayudado a un alto dirigente de esa pandilla a fugarse de la cárcel de máxima seguridad en Zacatecoluca y cruzar la frontera hacia Guatemala en un vehículo oficial, con protección policial.
Se trataba de Elmer Canales, alias el Crook, uno de los 14 cabecillas de la ranfla nacional reclamados en extradición por Estados Unidos por diferentes crímenes cometidos en ese país.
A pesar de esta confesión pública y de la autenticidad de los audios, el gobierno se limitó a negar la salida del Crook de la cárcel, argumentando que cumplía aún una condena de 40 años de prisión.
Pese a todas estas evidencias, la fuga del Crook siempre fue negada por las autoridades salvadoreñas y el propio Presidente Bukele desde las redes sociales nunca comentó el caso.
Hace solo unos días, el periodismo de investigación vuelve a hacer nuevas revelaciones que confirman una vez más las negociaciones entre el gobierno y las pandillas.
Según un reportaje en profundidad de El Faro, el jefe policial de la DECO (Dirección del Crimen Organizado) tomó contacto con un líder de la Barrio 18 “Sureños” para recapturar al Crook y llevarlo a El Salvador antes de las elecciones de este Domingo y sobre todo, antes que cayera en las manos de los gringos de la DEA y el FBI, quiénes en estrecha colaboración con las autoridades federales de México habían montado un intenso operativo de búsqueda del pandillero fugitivo para extraditarlo.
De acuerdo a las conversaciones telefónicas por WhatsApp y por celular en poder de periodistas de El Faro y también de las autoridades judiciales de Estados Unidos, un pandillero residente en la periferia de Guatemala, de sobrenombre “Rafa”, que por años fue uno de los máximos dirigentes de la Barrio 18, fue contactado por el jefe policial de la DECO para organizar un operativo de recaptura con la colaboración del temido Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), responsable de la mayor cantidad de droga que entra a Estados Unidos y la Unión Europea, luego de la captura del Chapo Guzmán y el debilitamiento del Cártel de Sinaloa.
Por esta operación, el gobierno salvadoreño estaba dispuesto a pagar 1 millón 300 mil dólares, repartidos en 1 millón para el Cártel mexicano, 250 mil para la pandilla Barrio 18 Sureños y 50 mil dólares para “Rafa”
Además debería poner en libertad a la hermana de “Rafa”, presa hasta ese momento en un penal del occidente del país por el simple hecho de ser pariente del pandillero.
Aunque la hermana de “Rafa” fue puesta en libertad y ahora se encuentra en Estados Unidos gozando de protección judicial, el operativo nunca se realizó y formó parte de un engaño para lograr la liberación de su pariente.
El Crook se encuentra en poder de las autoridades federales de Estados Unidos y según medios de prensa ha comenzado a “cantar” y revelar detalles de las negociaciones entre la MS-13 y el gobierno de Bukele.
Este nuevo hecho confirma que las negociaciones continuaron a pesar de las capturas masivas de pandilleros bajo el régimen de excepción y su encarcelamiento.
La pregunta clave acá es: Por qué con tanta evidencia pública de que las negociaciones con criminales se vienen dando desde inicios del gobierno en el 2019 a la fecha la Fiscalía de Rodolfo Delgado no ha abierto un tan solo expediente de investigación contra los funcionarios involucrados y menos existen procesos judiciales en contra de ellos, como sí ocurrió en el caso Tregua?
Es evidente que en El Salvador la justicia no opera igual para todos los ciudadanos.
A unos, a quiénes no se les ha podido comprobar la comisión de delitos, se les aplica todo el peso de la Ley, aunque para ello haya que vulnerar y violentar el debido proceso con tal de condenarlos.
A otros, se les trata con impunidad, no se les investiga, no se les persigue penalmente y tampoco son sentados en el “banquillo” de los acusados.
La Justicia salvadoreña sigue siendo selectiva y solo “muerde al descalzo” .
