La justicia está sirviendo para fines políticos, afirma Mauricio Landaverde

Alma Vilches
@AlmaCoLatino

“Rogelio Rivas, exministro de Justicia y Seguridad Pública, la persona que puso el aviso, tuvo que reconocer en la vista pública que no tenía nada que le sustentara a él para ir a poner ese aviso o denuncia en aquella oportunidad. Tuvo que aceptarlo, debido al interrogatorio que la parte defensora hicimos”, afirmó el ex ministro de Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde, procesado en el caso de ASOCAMBIO.

El exfuncionario enfatizó que la justicia está sirviendo para fines políticos, en este caso, un intento de anular personas e instituciones, atemorizar, provocar que mucha gente decida irse del país y de quedarse, debe callar o plegarse al poder en turno para no tener ningún riesgo o peligro.

Este caso inició el 26 de junio del 2019 con una conferencia de prensa que dio el presidente de la República, Nayib Bukele, junto al director general de Centros Penales, Osiris Luna, donde expuso que habían descubierto, “supuestamente” un caso de corrupción en la administración gubernamental anterior y que iban a investigar y presentar la denuncia respectiva.

El 27 de junio de ese mismo año el entonces ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, presentó un aviso en la Fiscalía General de la República (FGR), sin embargo, fue hasta septiembre de 2021 se tuvo conocimiento que Ramírez Landaverde y otra persona tenían orden de detención.

“Rogelio Rivas lo reconoció, no había hasta ese momento, un documento, informe de auditoría o algo cuyas conclusiones dijeran que había algo ilegal, voy a ir a denunciarlo; el caso es político porque no tiene como propósito investigar que había ocurrido algo ilegal o irregular”, sostuvo a través de video llamada, durante la entrevista A Primera Vista, ya que permanece en arresto domiciliar.

Ramírez Landaverde consideró que en el país se está haciendo un uso político de la justicia, por tener jueces cuyas decisiones no dependan de ellos, ni de la ley o lo establecido en las normas, sino de los deseos de las personas que supuestamente los patrocinan.

El exfuncionario aseguró que, si esta situación se impone en el país, después cualquiera con un problema legal, ya sea penal, mercantil, familiar o de tránsito, no podrá resolverlo porque no habrá acceso a un juicio justo y será privado del derecho fundamental a la seguridad jurídica.

“Ha quedado claro, después de más de cinco años, que los delitos que se atribuyeron desde aquella oportunidad no existieron, que todo eso fue con otros fines, independientemente de las razones estuve preso casi tres años, y durante ese tiempo el daño es muy fuerte, no solamente familiar, sino que también en salud, económico, ilegalmente me privaron de mi trabajo y de mi carrera”, externó.

Ramírez Landaverde explicó que en un inicio le fue atribuido el delito de actos arbitrarios, la FGR decía que siendo funcionario se había extralimitado en las atribuciones dadas por la ley al haber conformado ASOCAMBIO, para administrar el dinero proveniente de los familiares de las personas privadas de libertad, el cual servía para que estos pudieran consumir productos alimenticios, de limpieza u otros en las tiendas de los penales.

Además, fue acusado del delito de peculado que consiste en beneficiarse del uso de fondos públicos, apropiarse y enriquecerse con dinero del Estado, se le acusó de una participación como cómplice, debido a que había firmado algunos contratos para alquilar inmuebles, servicios de internet y telefonía, y comprar tres vehículos, beneficiándonos con 14 millones de dólares.

Pero en el transcurso del proceso la acusación fue desvaneciendo, esto ha obligado a la Fiscalía a cambiar en al menos tres veces el planteamiento original, ya no hablaron nada de enriquecimiento, desvío, ni apropiación, sino el delito pasó a que habían hechos gastos, para los cuales la ley supuestamente no los facultaba.

“En la última etapa de la vista pública eso ha ido cambiando, quedó demostrado que jamás hubo ninguna conducta de desvío, apropiación, ni mucho menos beneficiarse con nada, con respecto a los gastos que se hicieron están debidamente documentados, y fueron amparados en lo que la ley penitenciaria indica”, aclaró.

En este proceso la libertad del ex ministro de Justicia fue ordenada varias veces, la primera, en la audiencia inicial el 14 de septiembre de 2021 cuando la jueza de Paz en la resolución también le llamó la atención a la FGR que no le había presentado las pruebas para sostener un caso, pero de acuerdo con el sistema judicial salvadoreño, un Juzgado de Paz debe pasar a la siguiente etapa que es la instrucción.

Luego, el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador le dio la libertad en una audiencia especial de revisión de medidas, aparte de no cumplirla a la jueza le costó su puesto, por haber resuelto de forma independiente. El 12 de diciembre de 2023 el Tribunal Quinto de Sentencia bajo cuya orden está en este momento, también ordenó su libertad, y tampoco la cumplieron.

Este Tribunal la reiteró en tres ocasiones más y no las cumplieron, hasta cuando se instaló por primera vez la vista pública, estando aun en el centro penal La Esperanza, fue conducido a la sala donde se dan las audiencias por videoconferencia, el tribunal cambió la medida a arresto domiciliar, que fue cumplida hasta el 16 de agosto de 2024.