Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Mi lucha desde el Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador ha marcado un antes y un después en la defensa de los derechos de las familias que tienen seres queridos desaparecidos”, explicó Carmen Argueta, coordinadora adjunta del Bloque y COFADES.
“En un país en donde la desaparición forzada y la falta de respuesta institucional ha sido una constante, nos planteamos para este 2025, como un año clave para el reconocimiento y la acción en esta crisis humanitaria”, dijo Argueta.
Herbert Antonio Argueta desapareció la noche del 4 de agosto de 2021, era estudiante universitario (UES), estaba cursando la Licenciatura en Relaciones Internacionales, y dominaba los idiomas inglés, francés y alemán. Y su aspiración era trabajar en la Cancillería de la República.
La búsqueda de una golosina en una tienda en los condominios El Bambú, en Mejicanos, a las 9:30 pm, a 500 metros de su vivienda, fue lo último que supo Carmen Argueta, sobre las actividades de su hijo.
“Nunca imaginé convertirme en un símbolo de resistencia cuando mi hijo Herbert, desapareció en el año 2021, mi mundo se desmoronó, durante los primeros meses las autoridades me dieron respuestas vagas y contradictorias”, recordó.
“Es junto con otras tres madres que decidimos fundar una asociación para acompañarnos en la búsqueda y exigir respuestas. Y con el tiempo mi compromiso me llevó a formar parte del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador, en donde encontré una red más amplia de familiares que compartían mi misma lucha”, afirmó Argueta.
Datos de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) revelan que en agosto de 2024 las víctimas más frecuentes fueron personas del sexo masculino entre los 15 a 30 años, pero, es difícil conciliar una cifra aproximada por la falta de acceso a información pública. Y hasta el 2022 , se tenía un cúmulo de desapariciones de 2 mil 397 casos activos.
“Para mí fue un honor asumir un rol en ambos espacios, fortaleciendo la lucha colectiva contra la impunidad y el olvido. Y es unidas y unidos que comenzamos a exigir respuestas no sólo para nuestros casos individuales, sino para las miles de personas desaparecidas en el país”, expresó.
“En los últimos años el Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador ha impulsado importantes reformas logrando que en el año 2024, se estableciera un registro único de desaparecidas para centralizar la información y evitar la fragmentación de los casos”, indicó Argueta.
En cuanto a las metas del Bloque para el 2025, Argueta añadió que son más “ambiciosas” porque buscan expandir el impacto de la organización al fortalecer la coordinación y la gestión de recursos con el fin de garantizar un mayor respaldo financiero que permita un apoyo financiero a las familias en su lucha de buscar a sus seres queridos.
“No queremos que ninguna madre tenga que recorrer este camino sola y queremos que cada familia pueda acceder a la ayuda que necesita para encontrar a sus seres queridos, pero más allá de esos logros institucionales mi historia personal es un testimonio de amor y perseverancia, así como la de miles de madres que conforman el Bloque de Búsqueda”, manifestó.
“A pesar de las amenazas, el cansancio y la falta de recursos seguiremos alzando la voz en foros internacionales, participando en protestas y sensibilizando a la población en general sobre la magnitud de este problema. Yo continuaré la búsqueda no sólo por mi hijo Herbert, sino por otras madres que buscan a sus seres queridos. Soy una madre que transformó el dolor en acción y recordarles que la justicia no es un favor, sino un derecho que nadie le deberían arrebatar”, reafirmó Argueta.
FESPAD acompaña la búsqueda de las madres buscadoras
Dina Martínez, directora de Acceso a la Justicia de FESPAD, compartió que están acompañando varios casos a través del litigio estratégico, a estas madres que buscan incansablemente a sus familiares, desaparecidos en los últimos años en El Salvador.
“Damos acompañamiento a las familias para que presenten escritos o solicitudes a diferentes instituciones, como la Fiscalía General de la República (FGR),, así como para que continúen o retomen las investigaciones de los casos, ya que muchos de ellos los han archivado, sin haberles notificado a las familias”, aseguró.
“A la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH), a que retome las solicitud de los 12 casos presentados en el 2023, en el cual se le solicitaba el acompañamiento a las familias de víctimas de desaparición y para que solicitará informes a las FGR sobre el estado de la investigación de estos casos”; apuntó Martínez.
En otros procesos, añadió Martínez, se encuentra la interposición de “demandas de amparo” ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que desde el 2022 se han interpuesto un total de 4 demandas de amparo relaciona a 5 casos, de los cuales sólo obtuvieron una respuesta a uno de ellos que está resuelto de manera parcial, mientras en los otros 2 sólo les han realizado prevenciones que ya fueron evacuadas. Y del otro no tienen notificación.
“Así como el litigio se hacen acciones de incidencia como campañas en diferentes plataformas, con el objetivo de evidenciar por una parte el impacto que tienen las desapariciones en las familias de las víctimas”, indicó.
“También visibilizar las debilidades en las instituciones para garantizar el acceso a la justicia por los casos registrados. También se hacen derivaciones de casos para que las familias tengan acompañamiento psicosocial y ayuda humanitaria”, reiteró Martínez.
El el año 2025 la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) continuará con estas acciones de acompañamiento con las familias de las víctimas de personas desaparecidas, a fin de garantizar los derechos de las personas que buscan a sus seres queridos.
“Sobre otros esfuerzos, FESPAD forma parte del Grupo de Trabajo por las Personas Desaparecidas, en donde se articulan varias Organizaciones de la sociedad Civil, que trabajan desde diferentes ámbitos. Con este espacio se continuará con el registro de casos y dando acompañamiento a las familias de las víctimas, a través de la incidencia, investigación y denuncia”, puntualizó Martínez.
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