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Madrid/AFP
Álvaro Villalobos
El juez español que instruye el intento de secesión unilateral de Cataluña confirmó el viernes la inculpación del núcleo duro separatista por «rebelión» y decretó prisión preventiva para cinco de sus líderes, entre ellos el candidato a presidente regional Jordi Turull.
El juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo presentó este cargo, pasible de hasta 30 años de prisión, contra 13 destacados independentistas, entre ellos el expresidente Carles Puigdemont y gran parte de su gobierno, así como la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell.
Además, el magistrado decretó prisión preventiva por «grave riesgo de fuga» para cinco de ellos que habían sido citados en Madrid y se encontraban en libertad provisional desde noviembre, pocas semanas después del fallido intento de secesión vivido en esa región nororiental en octubre.
Los afectados son el exportavoz del gobierno Jordi Turull, los exministros Raul Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull y Carme Forcadell, que se suman al ex vicepresidente Oriol Junqueras, el exresponsable de Interior Joaquim Forn y los líderes de asociaciones independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presos desde hace meses.
Esta decisión impedirá la investidura de Turull, que el jueves había perdido la primera votación para convertirse en presidente regional y el sábado debía someterse a un nuevo debate.
«He sido encarcelado por haber sido leal al mandato de quienes me escogieron como representante del pueblo de Cataluña», dejó escrito el candidato en su cuenta de Twitter.
También estaba convocada la diputada Marta Rovira del partido ERC –cuyo líder es el preso Oriol Junqueras– pero poco antes de la cita anunció por carta que se marcha al «exilio», sin precisar adónde.
Se trata de la séptima independentista que se va al extranjero para evitar a la justicia española siguiendo la senda del expresidente Carles Puigdemont, instalado en Bélgica.
En Cataluña, las asociaciones y partidos independentistas convocaron varias protestas que se prevén multitudinarias tras conocerse la decisión judicial.
«Alzamiento violento»
Los cargos presentados por el juez Llarena afectan a un total de 25 independentistas, en una macrocausa por rebelión, malversación y desobediencia que gira en torno a los preparativos del referendo unilateral de independencia del 1 de octubre, prohibido por la justicia española.
Su coste fue cifrado por el magistrado en 1,6 millones de euros, una cantidad que el juez exige a los 14 miembros del gobierno de Puigdemont, cesado por Madrid horas después de la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre.
El juez glosa las etapas del auge independentista en Cataluña desde 2012, y dedica un espacio considerable a justificar el cargo de rebelión. Es el más controvertido, ya que contiene la noción de «alzamiento violento», un factor que según algunos juristas no se produjo.
«Basta de decir que hubo violencia en un referéndum que si por algo se caracterizó es por la actitud pacífica del pueblo de Cataluña frente a la provocación de la violencia policial», dijo desde Finlandia Puigdemont, refiriéndose a las cargas policiales destinadas a impedir la consulta ilegal.
Llarena indicó en su auto que su causa «hace frente a un ataque al Estado Constitucional», por parte de una campaña, la independentista, que «integra una gravedad y persistencia inusitada y sin parangón en ninguna democracia de nuestro entorno».
Igualmente, justifica su actuación diciendo que las «funciones» atribuidas a cada cual en el proceso separatista «parecen estar latentes y pendientes de reanudación», una vez que se levante la intervención de la autonomía catalana aplicada por Madrid desde el 27 de octubre.
Investidura frustrada
Los cargos presentados este viernes suponen un nuevo varapalo para el independentismo catalán, que sigue sin sacar adelante un presidente regional, pese a haber renovado su mayoría de escaños en el Parlamento en las elecciones del 21 de diciembre.
Sus dos primeros candidatos, el «exiliado» Puigdemont y el preso Jordi Sánchez, no pudieron ser escogidos por su situación judicial y Jordi Turull topó con la falta del apoyo de la CUP, un pequeño partido secesionista de extrema izquierda, cuyos votos eran fundamentales.
Según el juez, el exportavoz gubernamental «gestionó y diseñó la inserción publicitaria del referéndum, además de coordinar las infraestructuras informáticas puestas al servicio de la celebración del referéndum».
Los independentistas disponen de dos meses para intentar formar un nuevo gobierno y evitar una repetición electoral.
Protestas
Miles de personas manifestaban en rechazo a la encarcelación de cinco líderes independentistas enviados a prisión preventiva por un juez español la noche del viernes en Barcelona, donde se registraron por momentos escaramuzas con la policía dejando cinco heridos leves.
La principal concentración se ubicaba en la plaza Cataluña en el centro de Barcelona, donde los manifestantes portaban pancartas que decían «Libertad presos políticos» y banderas independentistas, mientras algunos encendían bengalas.
Otro grupo intentaba llegar a la sede de la delegación del gobierno español, que era resguardada por decenas de policías catalanes, que golpeaban con sus porras para mantener a raya a los manifestantes, constató un periodista de la AFP.
El servicio de urgencia médica informó en un comunicado que «ha atendido a cinco personas heridas de carácter leve, esta tarde en la zona de la delegación del gobierno».
Los manifestantes gritaban «ni un paso atrás» y «las calles seran siempre nuestras» cerca del cordón policial.
