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Blanca Flor Bonilla
Luchadora social y diputada del PARLACEN
Justicia social es la redistribución justa y equitativa de los bienes y servicios básicos que produce una sociedad para el desarrollo y el desenvolvimiento de su ciudadanía. Surgió con la aparición de la clase obrera frente a la explotación de la burguesía desde la segunda revolución industrial en el siglo XIX. Promueve el respeto y acceso igualitario de los derechos y las obligaciones de cada ser humano.
Para que exista igualdad en derechos es indispensable la equidad. Esto requiere tomar decisiones desde las instituciones del Estado para la población en mayor desventaja social, que existe debido a las desigualdades que el mismo Estado y la sociedad ha permitido, excluyéndoles del desarrollo humano. La justicia social es fundamental para la convivencia pacífica y próspera, dentro los países y entre ellos y vela por el equilibrio entre el bien común y el bien individual.
Se defienden los principios de justicia social cuando se promueven la igualdad de género, la protección de la niñez, adolescencia y adultos mayores, o los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y los migrantes; cuando se eliminan las barreras que enfrentan las personas debido al sexo, género, la edad, la raza, la etnia, la religión, la cultura, el lugar donde vive o la discapacidad.
Para comprender con mayor claridad la justicia social se puede recurrir a su contrario que es la injusticia social, expresada de distintas formas y con distintos niveles de gravedad: discriminación, desigualdad, violencia de género, hacia la niñez y adultos mayores, trata de personas, explotación laboral, persecución a minorías, uso militar de niños y violación a los derechos humanos. Todas estas expresiones de injusticia social generan conflictos sociales, políticos y diferentes formas de inestabilidad social.
El Salvador se ha caracterizado por la injusticia social. La lucha social y la guerra civil en los ochentas buscaban erradicarla. La firma de la paz no incorporó avances sustanciales de justicia social, porque el pueblo y el FMLN no tuvieron el poder necesario en las negociaciones para incorporar las transformaciones económicas y sociales necesarias; sin embargo, logró avances importantes en el desarrollo humano como la reducción de la pobreza total del 40.8 % de los hogares en 2008 al 26.3 % en 2018; y la extrema pobreza en el 12.4 % de los hogares hasta un 5.7 % en el mismo periodo1.
En 2019 la injusticia social se expresó de múltiples formas: concentración de la riqueza en menos del 20 % de los salvadoreños; diferencias salariales entre hombres y mujeres; un salario mínimo que no alcanza para cubrir las necesidades básicas; exclusión del sistema de protección social de los trabajadores agrícolas; un sistema de pensiones incapaz de ofrecer una pensión suficiente para vivir y que excluye del derecho a una pensión al 80 % de los adultos mayores; la enorme brecha de oportunidades entre los habitantes del campo y los de las ciudades; apenas un 40 % de la población económicamente activa con empleo decente; el 50 % que no tiene posibilidad de encontrar un empleo; y apenas el 10 % de la niñez que inicia la primaria termina estudios universitarios2.
En los últimos dos años los indicadores sociales y económicos dejaron de ser registrados y mucha información de carácter público ahora es reservada, como maniobra política que oculta la realidad y que se acompaña de propaganda sin sustento técnico. Sin embargo, hay indicios de que la injusticia social se ha profundizado, por ejemplo, debido a la pérdida de más de 400,000 empleos, en parte, por las desatinadas políticas del gobierno para atender la pandemia por COVID-19. Por el contrario, el manejo de la crisis se ha marcado por el interés electoral de cara a las elecciones de este próximo 28 de febrero, buscando ganar votos para el oficialismo a partir de la entrega, sin transparencia, de dinero y canastas de alimentos a más de un millón de familias.
La única forma de luchar contra la injusticia social es a través de la organización y la acción política de los movimientos sociales de diferentes sectores, de los partidos políticos, coherentes y consecuentes para atacar sus causas y lograr la justicia social. La ciudadanía debe ejercer sus derechos e impulsar estas luchas.
La OIT adoptó la Declaración sobre la Justicia Social para una globalización equitativa y ha definido el 20 de febrero como “Día Mundial de la Justicia Social” buscando incidir en los Estados y sociedades. Para lograr justicia y convivencia social armoniosa es indispensable impulsar los valores de honradez, respeto, amor, libertad, justicia, tolerancia, equidad, honestidad, responsabilidad y lealtad3. La paz social es resultado de la justicia social.
1. Según las EHPM.
2. Justicia social, un desafío para El Salvador. Editorial UCA, 19/02/2019.
3. Los 10 valores más importantes en la sociedad y sus significados. Chen Caterina, 28/06/2019.
