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El presidente Nayib Bukele, por medio del ministro de Gobernación, envió un proyecto de Ley de Agentes Extranjeros, supuestamente para garantizar la transferencia de los fondos que del exterior reciben las diferentes oenegés, incluidas las fundaciones; es decir, las organizaciones de la sociedad civil organizada.
La mencionada ley que fue “discutida” en tiempo récord (una semana) en una comisión legislativa, sin la discusión respectiva como ordena el procedimiento de conformación de una ley, no tiene otro objetivo más que aniquilar las organizaciones; por eso, incluso, ha generado preocupación hasta de entidades parte de las Naciones Unidas.
Clément Nyaletsossi Voule, Relator Especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación de las Naciones Unidas (ONU), en su cuenta de Twitter expresó su preocupación por la decisión del Gobierno del presidente Nayib Bukele, de implementar la Ley de Agentes Extranjeros, por considerarla «controversial a los derechos humanos”.
La opinión escueta del Relator Especial del organismo de la ONU reúne la gravedad que implica la implantación de la ley de extranjería del Gobierno, pues, está clara que es una “violación a los derechos humanos”, y debería ser suficiente para que el Gobiero del presidente Bukele hiciera la rectificación respectiva.
Y es que la ley no solo busca que las oenegés se registren nuevamente en el ministerio de Gobernación ni registra a sus donantes y sus montos, pues, estos los conocen Hacienda y el Banco Central de Reserva, ya que las organizaciones cumplen los mandatos de ley de informar sobre sus operaciones financieras y su labor en el terreno.
No es cierto que no haya transparencia en el quehacer de las oenegés, que no haya regulaciones, que el Gobierno no tenga la información de las operaciones de éstas.
Lo que el Gobierno busca con esta ley, además de sofocar la “doblemente” fiscalización es aniquilarlas. ¿Y por qué busca aniquilarlas? Porque a las oenegés las tiene perfiladas como organizaciones “incómodas”, por su criticidad ante violaciones a la ley o políticas públicas inapropiadas para el país, para su institucionalidad.
¿Cómo comprobamos que lo que busca la ley, finalmente, es liquidar esas organizaciones de la sociedad civil? Por medio de ese impuesto del 40 % que debe entregarse al fisco de cada proyecto que las oenegés obtengan. Y es que las oenegés no podrían subsistir si el Gobierno les arrebata el 40 % porque los fondos son para ejecutar obras a favor de los diferentes sectores de la sociedad salvadoreña, y los proyectos no incluyen este componente punitivo. Además, porque los gobiernos donantes, que son el 90 % de los financistas de proyectos para la sociedad civil, no van a seguir apoyando a las organizaciones en El Salvador, si saben que los impuestos de sus ciudadanos serán confiscados por el Gobierno del país beneficiado con la ayuda.
De hecho, Alemania anunció el miércoles pasado que tras la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros no va a seguir apoyando proyectos en El Salvador.
Los afectados finales no son las oenegés, sus directivos o trabajadores, sino la población beneficiada.
Diversos países de Europa apoyan proyectos para el empoderamiento de la mujer, para educación en los derechos de ellas. Otros financian proyectos para crear liderazgos comunales, otros para apoyar la educación ambiental, para la educación en los derechos civiles y democráticos, en la defensa de los derechos humanos. Es decir, en un sin fin de aspectos de carácter social o ciudadanos que el Gobierno nunca los podrá cubrir, no solo por la falta de recursos, sino también por la burocracia inapropiada histórica del quehacer del sector público.
No es cierto que los fondos que los gobiernos europeos o americanos mandan a los oenegés sean para apoyar movilizaciones para protestar contra las políticas o acciones antipopulares del Gobierno actual. No, cuando la ciudadanía se cansa, es capaz sacrificar todo con tal de expresar sus descontento, y si es necesario recursos, desde los sectores populares se pueden generar para financiar una actividad concreta mediante la decida solidaridad en la acción.
El presidente Bukele debería tener claro que, gracias al poder absoluto que tiene en estos momentos -que no será eterno- pueden dictaminar lo que quiera, que hoy puede destruir a las oenegés y fundaciones consideradas críticas o incómodas; pero la protesta popular, en la medida que el pueblo sea afectado directamente por malas políticas, no las podrá eliminar, al menos que haga el uso de las armas.
