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José Acosta
El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que el agua es esencial para la realización de todos los derechos humanos; sin embargo, para una importante proporción de la humanidad este derecho no se cumple. Amigos de la Tierra Internacional afirma que más de mil millones de personas carecen de agua limpia y que más de 5 millones fallecen cada año por enfermedades relacionadas con el agua.
El Salvador es uno de los países del mundo que enfrenta una profunda crisis hídrica, la CEPAL reporta que el país apenas cuenta con 1,752 metros cúbicos per cápita por año, y lo califica en una situación cercana a lo que se conoce como stress hídrico. Esta escasés tiene que ver con la deforestación y con la contaminación de los cuerpos superficiales de agua, el Ministerio de Medio Ambiente afirma que más del 90% de las aguas superficiales se encuentran contaminadas y que únicamente el 10% son aptas para potabilizar por métodos convencionales.
Esta crisis motivó, en abril de 2006, a un grupo de organizaciones sociales para presentar a la Asamblea Legislativa una propuesta de Ley General de Aguas, explicando, en esa ocasión, que el marco legal existente es obsoleto y fragmentado y no da respuestas a las necesidades de la población, por lo que se requiere una ley basada en principios como: la participación, el pleno acceso, el enfoque de cuenca, la sustentabilidad y la descentralización. Once años más tarde aún no se cuenta con la referida ley. Esta falta de regulación permite a los propietarios de campos de golf, compañías embotelladoras, productores de caña de azúcar, y otros intereses privados utilizar toda el agua que quieran, sin importar la forma en que afecta a las comunidades locales. Por ejemplo, un campo de golf de 100 manzanas de extensión, ubicado camino al Puerto de la Libertad, tiene toda el agua que necesita mientras que las poblaciones cercanas luchan para satisfacer sus necesidades diarias. Del mismo modo, los residentes de la región del Bajo Lempa en Usulután sostienen que los productores de caña de azúcar están agotando las fuentes de agua.
Estos sectores sociales que ostentan poder económico y político sostienen que el agua es una mercancía que se compra y se vende, y la única manera de administrarla eficientemente es dejando que sea el libre mercado quien se hace cargo. Este pensamiento neoliberal es rechazado por diversas organizaciones de la sociedad civil argumentando que el agua es un bien común y su acceso es un derecho humano básico.
Visiones enfrentadas que se manifiestan con frecuencia en cierres de calles en protesta por la falta de agua, al mismo tiempo las empresas dedicadas a producir bebidas carbonatadas y alcohólicas gastan millones de litros al día, igualmente grandes centros comerciales y residencias exclusivas usan cantidades excesivas de agua sin ninguna restricción. El acceso desigual al agua potable es un indicador claro de la injusticia social en El Salvador y por tando la aprobación de la ley de agua se vuelve un imperativo fundamental. Con la aprobación de la ley que prohíbe la minería metálica el parlamento salvadoreño demostró firmeza frente a los intereses de la transnacional Oceana Gold. Después de esta batalla las organizaciones sociales vamos por la ley de agua y esperamos el mismo comportamiento digno y patriótico de los diputados y diputadas.
