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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Los discursos de odio, los ataques digitales en redes sociales y la violencia verbal contra mujeres y hombres periodistas en El Salvador, resume la situación del ejercicio periodístico nacional, el derecho a la información de la ciudadanía y la libertad de prensa, dijo Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
Cada 3 de mayo, desde 1993, se conmemora el “Día Mundial de la Libertad de Prensa”, que tiene por objetivo evaluar esta libertad a escala mundial, visualizar el papel de los medios de comunicación y el compromiso de los periodistas que en su trabajo arriesgan sus vidas por su independencia informativa.
“Hay deudas en la Libertad de Prensa en El Salvador. Un informe de Reporteros sin Fronteras, coloca a El Salvador en la posición 115 de 180 países. Colocándolo en una situación difícil para ejercer el periodismo y que nos compara con países como: Kenia, Bolivia , Sudan del Sur, Uganda, Filipinas, Guatemala y Colombia, por citar algunos”, acotó Cárcamo.
Para la presidenta de APES, el descenso de El Salvador, de 87 posiciones en los últimos cuatro períodos presidenciales establece que el “gobierno de Nayib Bukele es la peor administración evaluada internacionalmente”, en materia de libertad de prensa. Y que similares datos arroja el Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas, adscrito a la APES.
“En el año 2018 recibimos 65 vulneraciones, la mayoría generada por pandilleros y crimen organizado, y en menor grado por restricciones de autoridades policiales; pero, en el año 2022 registramos desde el 1o de enero a 31 de diciembre un total de 136 casos -de ellos- más del 80% fueron vulneraciones ejercidas por el Estado salvadoreño”, señaló la presidenta de la APES.
“¿Qué significa esto?, que las entidades que deberían promover mecanismos de protección a la prensa, son las que están vulnerándolos, al punto que 11 periodistas salvadoreños, tuvieron que salir del país en el marco del régimen de excepción por las formas en que criminalizan la labor periodística”, sostuvo Cárcamo.
EL informe detalla la emisión de 35 Alertas en el año 2022, por agresiones a periodistas, que equivale una Alerta por cada 2 semanas. Las que se clasificaron por su ocurrencia: ataques digitales (25) , restricciones al ejercicio periodístico (23), declaraciones estigmatizantes (29), instancias de acoso digital (11); de acoso laboral (10), de vigilancia y seguimiento (9), actos de difamación (8), de amenazas (6), despidos injustificados (6) y otras 29 vulneraciones.
“La Asamblea Legislativa aprobó (lunes 2 mayo) un pronunciamiento en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que catalogamos de vergonzoso y doble moral, porque es desde ese órgano que los diputados oficialistas abusan de las plenarias para despotricar en sus discursos la estigmatización y odio a la prensa crítica e independiente”, señaló la presidenta de APES.
Otros graves abusos de “poder gubernamental” fue la que denunciaron periodistas, de forma colectiva, porque sus teléfonos fueron intervenidos con el software “Pegasus”, una aplicación de espionaje a través de teléfonos móviles que se convierten en puntos de vigilancia en remoto.
“El 2022 fue marcado por la denuncia de más de una veintena de periodistas que fueron espiados por Pegasus en sus dispositivos móviles. Y sin que hasta la fecha la Fiscalía General de la República, tenga avances, sobre que entidades del Estado están detrás de estos hechos, -porque les recuerdo- que Pegasus no se vende a personas naturales, ni empresas privadas, sólo a los Estados”, explicó Cárcamo.
“Los discursos de odio han ido en aumento y las redes sociales se han convertido en un ring de boxeo en contra de aquellas voces críticas al oficialismo. En donde solo cuestionar un contenido referido por el gobierno es suficiente para ser perseguidos por una ola de fanáticos y troles que promueven discursos de odio”, agregó Cárcamo.
La directiva de la APES les recordó a los funcionarios del actual gobierno, que cuando en sus mensajes ellos señalan que los periodistas “deben ser tolerantes”, los “discursos de odio” de ellos no pueden tomarse como libertad de expresión.
Otro punto retomado por el Informe sobre la Situación de la Libertad de Prensa en El Salvador fue la de los medios de comunicación que debaten entre crisis económicas y que ha tenido una mayor repercusión en los medios comunitarios en el territorio nacional.
“El año pasado hubo cierre temporal de 3 medios comunitarios, bajo criterios técnicos de la Superintendencia General de Electricidad y Comunicaciones (SIGET) -entre ellos- un medio comunitario indígena, entonces, en lugar de prevalecer el derecho a la información reconocido en instrumentos internacionales , la SIGET como instancia del Estado promueve su cierre”, acotó.
“En el caso de medios tradicionales, muchos enfrentan retos en la sostenibilidad debido a que el gobierno mantiene la pauta gubernamental como método de premio y castigo. Y muchas empresas también están dejando de pautar en estos medios por temor a tener represalias gubernamentales. Sólo les recuerdo ser tolerantes, no le tengan miedo a la prensa, porque sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia”, indicó Cárcamo.
Mientras, Gabriel Labrador , Relator de Libertad de Expresión de la APES, manifestó que en el actual contexto nacional el “deterioro democrático” era evidente. Y que la Libertad de Prensa y Libertad de Expresión se convierten en “termómetros” que permiten dimensionar el retroceso o avance de la democracia y el país estaba en saldo rojo.
“Este informe que hemos documentado tratamos de ser bastante precisos y mostrar los hechos y datos contrastables que se pueden verificar con análisis cualitativo y entrevistas a profundidad de periodistas agredidos o agredidas durante el año 2022, y descubrimos patrones preocupantes”, señaló.
“Hay patrones sistemáticos que son en coincidencia con ciertas narrativas que promueve el Ejecutivo o el poder estatal, eso nos parece preocupante porque las vocerías púbicas tienen ese poder e influencia para estigmatizar a los periodistas. Y claro ser autocríticos como periodistas y entender en qué estamos fallando, para que ahora en general la ciudadanía ponga en duda nuestro trabajo”, reiteró.
En cuanto al régimen de excepción que lleva un año de vigencia, Labrador consideró que esta disposición del Ejecutivo ha servido como una “sombrilla”, desde la cual, periodistas han experimentado diversos ataques que aumentan su nivel cuando se presentan“ revelaciones sobre el cometimiento de arbitrariedades o acciones discrecionales del Ejecutivo y Legislativo”.
“Cuando los periodistas revelamos muertes en los centros penales o como cientos de detenciones de la Policía Nacional Civil, injustificadas -que ellos mismos catalogan de arbitrarias- se activa una campaña de desprestigio, estigmatización y ataques que han llegado a niveles álgidos en cierto momento y ha provocado incluso la salida del país a algunos periodistas”, reafirmó
“Algo que no habíamos visto anteriormente es que 11 periodistas tuvieron que salir del país en el año 2022, de manera permanente o temporal, de esos casos 3 permanecen aún fuera de El Salvador, han decidido no regresar porque la garantía de su integridad física personal y de su familia no es viable. Han sido 2 hombres y 1 mujer que aún están afuera forzosamente”, acotó, Labrador.
MUJERES EN PRIMER PLANO
El informe de la APES resaltó el “factor diferencial de género”, en donde explicaron que las mujeres periodistas se encuentran entre la “población más agredida por miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) y elementos de la Fuerza Armada (FAES). Asimismo, Labrador, expresó, que de los 136 casos denunciados para 2022 , un total de 67 señalan al Estado. “Esto quiere decir que el gobierno está permitiendo que haya agresiones a plena luz del día”, y que son funcionarios públicos, policías y soldados e instituciones concretas.
“Una colega reportaba hace poco que recibió un cúmulo de 400 comentarios que contenían violencia sexual, amenazas de violación y mientras un periodista hombre no recibió este tipo de agresiones pese a tener un similar comentario, esto demuestra la gravedad y el patrón de agresiones machistas que sufren las mujeres periodistas en su ejercicio periodístico”, argumentó.
El repunte de agresiones a mujeres periodistas ha venido evolucionando desde 2018, que de un total de 79 agresiones de ese año, fueron 41 hombres y 18 mujeres; para el año 2020 de un total 132 casos 59 hombres y 26 mujeres; para el 2021 de un total de 120 casos 61 hombres y 45 mujeres, y para el año 2022 fueron 52 casos de mujeres periodistas que fueron víctimas de violencia verbal, violencia sexual y amenazas de violación que duplica la amenaza a los periodistas hombres y lo hacen porque ser mujeres y periodistas. Lo que agrava la situación.
“Y no vemos ninguna reacción del gobierno condenando este tipo de acciones, la mayor parte de agresiones a las mujeres periodistas vienen de funcionarios públicos, policías y redes sociales. Así como, el universo de leyes que reformaron para limitar el trabajo periodístico como la ambigüedad de leyes que pueden penalizar con 10 a 15 años, la labor periodística por una entrevista o fotografía”, puntualizó Labrador.
