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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Les doy gracias por estar de nuevo en San Isidro, Cabañas, para conmemorar la memoria de mi hermano Marcelo, porque nos reafirma que a lucha ambiental es estar en el lado correcto de la historia”, dijo Miguel Rivera.
A 14 años de la muerte de Marcelo Rivera, ex director de la Casa de la Cultura y defensor ambiental, quien fue desaparecido y asesinado posteriormente por supuestos grupos de sicarios, caso por el cual aún no se conocen los autores intelectuales.
“Sabemos que indistintamente los colores políticos, todos tomamos agua y es la lucha en la que estamos en este momento, es un orgullo estar siempre acompañando los procesos de las comunidades, y seguir el legado que nuestro hermano dejó junto a mucha gente, generar conciencia entre la gente”, agregó Miguel Rivera.
“Estamos conmemorando este 29 de junio la vida de Marcelo Rivera, el primer mártir ambientalista de EL Salvador, con este festival artístico cultural, que busca rescatar la memoria sobre el impacto de los conflictos”, señaló en su intervención, Vidalina Morales, presidenta de ADES Santa Marta.
Marcelo Rivera marcó historia como fundador de la Asociación Amigos de San Isidro, Cabañas (ASIC), y como referente de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, al convertirse en defensor de los bienes naturales, reseñó Morales.
“Marcelo, libró una lucha incansable contra la empresa minera de origen canadiense Pacific Rim (Oceana Gold), que amenazaba con destruir y contaminar los bosques y principales fuentes de agua de San Isidro”, recordó.
“En junio de 2009 Marcelo fue desaparecido y asesinado, como parte de una campaña de terror desatada contra defensores ambientales a través de amenazas y criminalización contra organizaciones y líderes antimineros, así como el asesinato de otros cuatro defensores ambientalistas de Cabañas”, recordó Morales.
No obstante, Vidalina Morales consideró que lejos de provocar “terror” al movimiento anti minero, terminó unificando un “movimiento comunitario, oenegés, grupos ambientalistas, iglesias históricas y estudiantes, se lanzaron en una lucha sostenida por detener los proyectos mineros en las comunidades rurales del país.
Asimismo, se plantearon la iniciativa de impulsar una Ley de Prohibición de la Minería Metálica, que fue también denunciado a nivel internacional en donde organizaciones pares a las nacionales fortalecieron un solo frente social, y logró ante el CIADI, derrotar la demanda millonaria de estas transnacionales mineras. Y en el país se logró un decreto con votación unánime que prohíbe la minería.
“A pesar que la Ley de Prohibición de la Minería Metálica fue aprobada de manera unánime el 29 de marzo de 2017, tenemos que denunciar que los gobiernos no han redactado el Reglamento para operativizar la ley, ni tampoco han remediado los 15 pasivos mineros, y tampoco el cierre de la minería artesanal”, sostuvo Morales.
Morena Murillo, coordinadora del Foro Nacional de Salud (FNS), destacó que tampoco el gobierno ha tomado la decisión de trabajar junto al gobierno de Guatemala, por la amenaza de contaminación de aguas transfronterizas con el proyecto Mina Cerro Blanco, de Bluestone Resources, de origen canadiense, cuyo volumen de desechos y demanda de agua para lavar los metales afectarían la cuenca hidrográfica de tres países.
“Recientemente, las comunidades de Cabañas han denunciado la presencia de empresas anónimas que buscan comprar o arrendar grandes cantidades de tierra en áreas de interés minero y de personas extranjeras que ofrecen pequeños proyectos de desarrollo de dudosa procedencia”, denunció.
“A esto se suman las medidas tomadas por el gobierno de Nayib Bukele, que podrían interpretarse como señales amenazantes como la derogación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, la adhesión al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible en el año 2021; la creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, así como la firma de un convenio de producción de un elemento radiactivo llamado torio”, expresó Murillo.
Las organizaciones ADES, Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, FNS, Movimiento Ecofeminista de El Salvador y ACAFREMIN, reiteraron su llamado a la población salvadoreña y especial a las comunidades organizadas a denunciar cualquier intento de la derogación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en el país, con el fin de resguardar los pocos bienes naturales que aún tiene el país.
Murillo pidió “al Gobierno desistir de cualquier intento de derogar la prohibición minera. Y, por el contrario, tome medidas para reparar los daños ambientales que ha causado la industria minera en el pasado (minas en San Sebastián, Santa Rosa de Lima, La Unión”.
“Le demandamos el inicio del cierre de la minería artesanal y que provea de alternativas económicas para las familias que de ella dependen. Y que inicie un diálogo con los gobiernos de la región centroamericana para negociar un tratado que garantice la protección de aguas y cuencas compartidas”, agregó.
Las organizaciones ambientalistas y comunitarias de San Isidro, demandaron del Fiscal General de la República investigar a los autores intelectuales de los asesinados por el conflicto minero del 2009,. Y que liberen de inmediato a los cinco ambientalistas de ADES Santa Martas, que están detenidos de forma arbitraria desde el 11 de enero del presente año, y se les garanticen su derecho a un debido proceso.
