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Andrés McKinley
La profunda crisis de los recursos hídricos en El Salvador, en términos de calidad, cantidad y acceso, es ampliamente reconocida y científicamente documentada por expertos y expertas, tanto nacionales como internacionales. Las causas principales de la actual crisis son la mala gestión del agua (contaminación y sobre-explotación) por la falta de políticas (Ley General de Aguas), prácticas y programas que aseguran la buena gobernanza en el sector. Este problema nos afecta a todos y a todas en nuestras vidas cotidianas, pero son los pobres, las mujeres y los niños quienes más lo sufren.
Desechos tóxicos y metales pesados de la industria, químicos venenosos de la escorrentía agrícola y aguas negras sin tratamiento contaminan más del 90% de nuestras aguas superficiales. A la vez, la sobrexplotación de mantos acuíferos genera escasez de agua para los ecosistemas y las comunidades en todo el territorio nacional.
Esta situación tan alarmante ha llevado a organismos internacionales, como CEPAL, la Asociación Mundial de Agua (GWP, por sus siglas en inglés) y el Tribunal Latinoamericano de Agua, a plantear que el país está al borde de una situación de estrés hídrico en que no habrá suficiente agua para responder a la demanda humana. En esta misma línea, un estudio de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador concluyó, en 2016, que El Salvador tiene una esperanza de vida como país viable de unos 80 años si no cambiamos nuestra relación con el agua.
La evidencia científica está sustentada por la experiencia vivencial de miles de habitantes de barrios marginales en las ciudades y pueblos que pasan meses sin acceso al agua, de comunidades pobres en el sector rural que dependen de fuentes naturales de agua cada día más escasas, de los pequeños productores que pierden sus cosechas por las sequías cada vez más prolongadas y de las mujeres, niñas y niños que pasan gran parte de su día en búsqueda de este vital líquido.
A pesar de todo lo anterior, altos representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), en una audiencia reciente con la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa (y en debates públicos con este autor), insistieron en que la crisis hídrica en El Salvador es un mito promovido por el partido del Gobierno y sus simpatizantes para promover la urgente aprobación de una Ley General de Aguas.
Desde un enfoque empresarial, la posición de ANEP tiene lógica. La gran empresa de El Salvador no ha sufrido por la escasez de agua. No ha vivido esta pesadilla. Más bien ha sido y sigue siendo un factor causal importante de la actual crisis hídrica a través de un modelo de desarrollo y urbanización basado en la destrucción del medioambiente, la exclusión social y la acumulación de riqueza para pequeños grupos élites al costo de los recursos naturales, especialmente al agua. Algunos ejemplos:
• En el histórico caso de la finca El Espino, cientos de manzanas de bosque y cafetales que servían de “pulmón” para el gran San Salvador, ayudando a mantener el equilibrio climático de la capital y filtrando millones de metros cúbicos de agua por año para recargar los mantos freáticos de la zona, fueron convertidos, por el Grupo Roble, en enormes centros comerciales;
• La fábrica de Baterías Record en el cantón Sitio del Niño empleaba materias primas altamente tóxicas, contaminantes del medioambiente (especialmente del agua), y nocivas para la salud humana. Antes de ser cerrada el 24 de septiembre de 2007 por órdenes del Ministerio de Salud, sus dueños fueron acusados de contaminar a 369 trabajadores de la fábrica y aproximadamente 7 mil 250 personas habitando en seis comunidades aledañas, con niveles de plomo arriba de los índices internacionales aceptables. Un estudio realizado por la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) estimó el costo del daño ambiental ocurrido en el cantón Sitio del Niño en 4 mil millones de dólares;
• Los proyectos de vivienda lujosa con sus piscinas y campos de golf en zonas con escasez hídrica, como el Encanto Residencial Country Club de Zaragoza, han dejado a miles de habitantes de comunidades cercanas sin agua para sus necesidades más básicas;
• Los grandes productores de azúcar de caña siguen sobrexplotando fuentes subterráneas de agua, aun en años de sequía severa, generando niveles récord de exportación de este producto mientras que las comunidades rurales sufren de escasez;
• El acuífero de Nejapa, de los más estratégicos del país, provee agua potable a la mitad de la población del gran San Salvador. No obstante, la transnacional, Constancia/SabMiller, está vaciando el acuífero para la producción de cerveza y más de 100,000 cajas de coca cola cada día. Expertos proyectan que, al ritmo actual de extracción, este acuífero estará agotado en unos 30 años. Mientras tanto, los 30,000 habitantes de la municipalidad de Nejapa reciben agua solo 2-3 días a la semana.
La insistencia de ANEP de controlar la institucionalidad del agua en El Salvador ha sido el obstáculo principal en los esfuerzos de fortalecer la buena gobernanza del sector hídrico durante los últimos 12 años. Como alternativa, movimientos ambientalistas, juntas de agua la Iglesia Católica, la UCA, las Iglesias históricas, la Iglesia Elim, FUNDE, ANDA, la PDDH, la Universidad Nacional y otros actores, basándose en la Constitución de la República y en las tendencias a nivel mundial, argumentan que sería ilógico poner el agua en manos de quienes han contribuido tanto a la actual crisis e insisten que es obligación del Estado regular el recurso hídrico en el país.
En medio de este gran debate, cada día más conflictivo, se plantean cuatro principios fundamentales que deben guiar cualquier esfuerzo de legislación de agua para asegurar una gestión equitativa, eficiente y sostenible para todos y todas:
• Enfoque de derecho:
El agua es fuente de vida. Es un bien común, un bien público y un derecho humano fundamental, reconocido como tal en el año 2010 por las Naciones Unidas. Pertenece a todos y a todas.
• Ente rector Estatal (gubernamental):
Si reconocemos al agua como bien público y como derecho humano, es obvio que el Estado (gobierno central) tiene la obligación de manejarlo y garantizar el acceso a este bien de manera equitativa, eficiente y sostenible a toda la población. Un estudio presentado recientemente por la UCA sobre la Institucionalidad del Agua en América Latina muestra que ningún país en nuestro continente tiene un ente rector dominado por el sector privado para el manejo del agua. De hecho, ningún país del mundo tiene la rectoría del agua en manos de privados.
• Participación ciudadana:
La problemática del agua en El Salvador es compleja y urge de soluciones efectivas e integrales. Esto requiere de la participación activa de la ciudadanía. A la par de un ente rector estatal para la gestión del agua, es importante garantizar un espacio amplio, permanente y dinámico para la participación real de la ciudadanía como interesados/as (“stakeholders”) con poder de influencia en la toma de decisiones del ente rector.
• Enfoque de Cuenca:
La resolución de la dramática crisis hídrica enfrentando a El Salvador depende de lo que pasa a nivel local -a nivel de la cuenca. Podemos tener la mejor política nacional de aguas en el mundo y fracasar en nuestros esfuerzos de buena gobernanza si no hay cambios en la manera en que gestionamos al agua a nivel de la cuenca.
El debate sobre el agua en El Salvador está en un momento definitivo, influido por una complejidad de intereses económicos, sociales, políticos, ambientales, partidarios y electorales. Es tiempo de reconocer que este tema, para El Salvador, es tema de país, no de grupos élites, de partidos políticos o de ideologías. Es tiempo de buscar un diálogo más honesto, basado en hechos y realidades, y de lograr consensos enfocados en el bien común para nuestra nación. Andrés McKinley es especialista en agua y minería de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). Tiene una maestría en Administración de Salud y lleva 50 años trabajando en temas de desarrollo sostenible en EE.UU., Centro América, Sur América y África.
