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Redacción Nacionales
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La Fundación de Estudios para la aplicación del Derecho (FESPAD) presentó una segunda demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por desaparición de persona ocurrida en 2013 y donde pudieran estar involucrados elementos policiales de aquella época.
Se trata de Miguel Martínez, un joven de 22 años, que desapareció en el año 2013. En ese entonces se encontraban otras autoridades a cargo del Estado y ninguna de las instituciones como la PNC, FGR o el Ministerio de Seguridad fue capaz de evitar la desaparición de Miguel o de determinar quién o quiénes eran los responsables de ese abominable hecho, tampoco hicieron lo necesario para ubicarlo, con o sin vida. Según testigos, las últimas personas que habrían tenido contacto con Miguel habrían sido elementos policiales, destacó FESPAD en un comunicado.
“Han pasado 9 años desde que la madre de Miguel interpuso la denuncia respectiva ante la Fiscalía General de la República y aún no hay ningún avance en la investigación. La FGR, a la fecha, no ha realizado ninguna diligencia que permita esclarecer el hecho y, obviamente, la familia de Miguel no tiene conocimiento sobre qué le pasó”, enfatizó FESPAD. La madre de Miguel no ha dejado de buscar a su hijo, tal y como lo hizo la FGR. La madre ha asistido a hospitales, bartolinas de la Policía Nacional Civil y a oficinas del Instituto de Medicina Legal (IML) de manera periódica, a consultar álbumes que dicha institución va alimentando con fotografías de cuerpos que son descubiertos en algún lugar del país. Esta consulta tiene el propósito de tratar de identificar alguna coincidencia entre las características físicas y vestuario de su hijo con las osamentas encontradas, hasta la fecha, tampoco se le ha tomado alguna muestra de ADN.
Hoy por hoy, en el IML aún no hay un banco nacional de datos de ADN, que facilite la identificación de los cuerpos que son encontrados por las autoridades en fosas clandestinas. “La familia de Miguel ha sido abandonada en todo sentido en la búsqueda de su hijo, en el establecimiento de la verdad de lo que le ocurrió y en la atención de todos los impactos que el hecho ha tenido en su persona y grupo familiar”, resaltó FESPAD.
En la demanda, se reclama por la omisión de una investigación exhaustiva y concluyente por parte de la FGR, que permita establecer quién o quiénes son los responsables de la desaparición de Miguel y, también dar con su paradero. La organización pide una sentencia favorable de la Sala de lo Constitucional, ya que implicaría ordenar a las actuales autoridades de la FGR llevar a cabo las diligencias necesarias para una verdadera investigación, que permita acceder a la justicia y conocer la verdad de lo que pasó.
Héctor Carrillo, director de Acceso a la Justicia de FESPAD, instó a la Sala a estudiar la demanda a la brevedad posible y con ello, contribuir a superar ese pasado oscuro en que se ignoraba a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos.
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