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Por: Licenciada Norma Guevara de Ramirios
La Marcha Blanca, realizada el 19 de octubre pasado, pasará a la historia como la evidencia de un revés de la propaganda oficialista, que afirma que el país está mejor.
No está mejor el país si la mayoría está mal y amenazada con peores acciones gubernamentales en su contra, porque es eso lo que refleja el proyecto de Presupuesto General de la Nación, presentado a la Asamblea Legislativa para el año 2025.
Congelación de salarios, anular los escalafones y los contratos colectivos, despidos de más de once mil empleados, menos dinero para educación parvularia, básica y media; sin pago a la deuda de la UES, con recortes a los hospitales, a la agricultura y con aumentos a la fuerza armada y a la propaganda.
Los maestros y personal de salud, según ese proyecto, serán victimas directas del recorte que el gobierno hará para cumplir acuerdos con el Fondo Monetario Internacional; pero, por la ausencia de cada maestro (a), de cada enfermera, laboratorista o médico, que deje de laborar, serán miles los estudiantes que tendrán menos servicios. Miles de personas que dejarán de ser atendidos por sus enfermedades.
La respuesta a esta realidad fue la Marcha Blanca, convertida en grito de descontento, no solo del personal de salud y docente, sino de otros sectores afectados por igual por las políticas del actual gobierno.
El columnista de Co Latino Caralvasalvador, ha recogido y publicado las leyendas de mantas, carteles, pancartas que se exhibieron en la marcha que reflejan, rechazo, cólera, dolor, exigencia a gritos contra el régimen que oprime, a lo que hay que agregar las expresiones verbales y publicaciones en redes del descontento que genera, no solo la supresión de los escalafones en el proyecto de presupuesto, sino todos los atropellos y limitaciones bajo las cuales se brindan los servicios más sensibles, que un Estado debe asegurar a su población, como son la educación y la salud.
Tanto dolió a los gobernantes la marcha y su fuerte contenido de denuncia que ha emprendido aceleradamente los despidos a maestros y personal de salud que ya se cuenta por decenas, así como la presión sicológica a todos los trabajadores.
Los primeros actos de represalia por la marcha que se conocieron es contra la maestra Idalia Zúñiga, destacada en una escuela del distrito de Mejicanos y dirigente del Frente Magisterial Salvadoreño, uno de los sindicatos que rechazó el pedido de las autoridades de suspender la marcha, de llamar a no asistir a la que habían convocado justamente los gremios magisteriales y algunos del personal de salud.
La misma tarde se conoció el despido del profesor Fernando Molina, también en el departamento San Salvador, luego de Ismael Argueta en San Miguel y así fueron sumándose rápidamente otros.
La maquinaria burocrática de las departamentales de Educación y Salud en todo el país, despidiendo a quienes asistieron a la marcha.
¿Quién hace historia señores del gobierno? Sin duda todos los asistentes a la marcha saben que vivimos bajo un régimen de excepción, que el estado de derecho y las garantías constitucionales, como la libertad de expresión, de petición, de organización, de movilización están suspendidas, su asistencia es pues un desafío.
La marcha no la quería el gobierno, intentó intimidar, y convocó a los dirigentes gremiales a una mesa, es lo que ha trascendido. Y estos pidieron suspender la asistencia a la marcha.
Es historia ya, que ni al gobierno ni a los dirigentes gremiales les hicieron caso.
La práctica que hemos observado de este gobierno es que, cuando un hecho le es molesto, crea otras noticias para opacarlo, genera coyunturas que operan como cortinas de humo para hacer que la opinión publica deje de ver lo que ellos no quieren que se vea; pero, esta vez, las acciones represivas contra los asistentes a la marcha son una amplificación de la marcha blanca y no pueden ocultarlos.
La dura realidad de los primeros despedidos ilegalmente es solo el comienzo de lo que vivirán los miles de despedidos que sin duda están previstos. La supresión de plazas es facultad exclusiva de la Asamblea Legislativa y no de directores departamentales, pero eso vale si viviéramos en un estado de derecho.
La represión solo la agrava la crisis, pero el gobierno se ve decidido a usarla; la prioridad presupuestaria así lo indica, prefiere castigar a las mayorías para mantener los beneficios de la minoría que le acompaña.
Para frenar este rumbo está en esa luz, la lucha que miles emprendieron el 19 de octubre, la voz del pueblo que se revela.
