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José M. Tojeira
El caso de la masacre de la UCA, conocido como el caso jesuitas, está llegando judicialmente a su final. Terminó el equivalente a la instrucción y se ha decidido que pase a un juez de sentencia. Todos los acusados van a juicio. La mayoría por homicidio y la minoría por encubrimiento y fraude procesal. De los cinco militares denunciados originalmente por la Comisión de la Verdad dos han muerto y los tres que quedan vivos pasan de los 80 años.
En el juicio contra la autoría intelectual iniciado por la UCA a principios del actual milenio, se añadieron dos personas más a los cinco señalados. El caso se cerró y se reabrió varias veces.
En la reapertura del año 2022 la fiscalía añadió a cuatro personas más. El indicio acusatorio fundamental en sus inicios fue tanto la acusación de la Comisión de la Verdad contra cinco militares como el encubrimiento sistemático de la autoría del crimen tanto de parte del ejército como del gobierno de aquel entonces.
En la actualidad, cuando se espera una sentencia, probablemente para el año próximo, conviene reflexionar sobre el caso. En primer lugar es importante decir que se está llegando al final de un caso grave de violación de Derechos Humanos, aunque se llegue a él más de 35 años después. Y no por las mismas razones que se llegó con tardanzas semejantes en Europa, donde algunos criminales nazis alemanes consiguieron ocultarse durante largo tiempo. Entre nosotros los acusados permanecieron siempre a la vista.
En segundo lugar hay que decir también que el paso del tiempo, si bien no ha modificado la brutalidad del crimen, ha introducido otros aspectos dentro de una cultura de justicia transicional que busque verdad, justicia, reparación, medidas de no repetición y reconciliación. Aspectos que estuvieron siempre presentes en el caso, pues continuamente los jesuitas que pedían la apertura del caso contra los autores intelectuales, insistían desde los inicios del caso hace 35 años en que hubiera un proceso que garantizara “verdad, justicia y perdón”.
Aunque algunos aspectos de la verdad, fundamental en el desarrollo de la justicia, quedarán en las manos de la investigación histórica, hay algunos aspectos que pueden mejorarse en el presente. El hecho de que se enjuicie a personas es por supuesto positivo. Pero el juez, o los jueces que juzguen casos como el de los jesuitas, deben tener en cuenta algo más que la sentencia que se vaya a dar. Y es la necesidad de exigir a las instituciones, cuando los crímenes fueron institucionales, que pidan en concreto y directamente perdón a las víctimas. En ese sentido, en el caso jesuitas, el juez debe ordenar al ejército como institución que pida perdón públicamente y en un solo acto a los parientes de los asesinados, a la Compañía de Jesús y a la UCA. Y eso más allá de las sentencias inculpatorias o absolutorias que pueda dar. Porque de lo que no hay duda es que el crimen fue institucionalmente encubierto.
Durante mes y medio después del crimen, tanto la Fuerza Armada como el Gobierno salvadoreño estuvieron culpabilizando a la guerrilla del asesinato colectivo. Y ello cuando ya era evidente desde el primer momento la autoría militar. Y solo cedieron ante la presión internacional e iniciaron finalmente el juicio exclusivamente contra los autores materiales, imponiendo posteriormente, con la ley de amnistía, un manto de impunidad sobre los posibles autores intelectuales.
Un crimen conocido y encubierto por tanta autoridad militar y gubernamental es un crimen con responsabilidad institucional. Basta conocer algunos de los testimonios escritos del propio coronel Benavides, o escuchar las declaraciones del juicio contra el coronel Montano dadas por el capitán (en el momento de los hechos) Luis Parada, para darse cuenta de ello. A parte de otros muchos testimonios que sería demasiado largo enumerar. Y son las instituciones también las que tienen que reconocer sus graves errores y ofrecer disculpas a las víctimas más directas del crimen. El reconocimiento de los hechos y la petición de perdón a las víctimas es además una de las medidas más importantes de cara a la reconciliación y la no repetición de los hechos.
Ya en estos años recientes, ante un crimen injustamente encubierto por la institución policial, un juez obligó al Director de la PNC, Mauricio Arriaza, a pedir disculpas a los familiares de la víctima. Acto que se realizó públicamente, con presencia de medios de comunicación, en las instalaciones de la PNC de Santa Tecla. Que los jueces tengan en cuenta esta posibilidad es ventajoso para el país. Ayudará a las instituciones con poder a ser conscientes de sus responsabilidades y ayudará también a reconsiderar la calidad del sistema judicial, tan implicado en encubrimientos de crímenes del pasado.
