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Luis Arnodo Colato Hernández
Educador
Al finalizar el conflicto armado pasado, y cuando apenas se hizo de conocimiento público el Informe de la Comisión de la Verdad, el malhadado gobierno de entonces aseguró su impunidad con una amnistía ilegal, que es ahora la fuente de la impunidad actual.
Por otro lado, la narrativa oficial ha calado al grado de hacer suponer que hay seguridad.
Si bien, incluso, reconoce, que la violencia no se ha superado, que hasta 43,000 pandilleros siguen libres en 51 clicas, implicando el asesinato diario de 3 salvadoreños, más el secuestro de 5 también diariamente [InSigth Crime], implicando que las pandillas sencillamente mutan, adaptándose a este nuevo escenario y conservando todo el armamento que antes de iniciado el régimen, hubo reunido.
Ello supone que las rentas se siguen cobrando, y continúa el tráfico de drogas en los territorios en los que reptan.
También los liderazgos de estas se encuentran seguros, cortesía de las autoridades de seguridad pública.
Por otro lado, otros informes por separado, como el OUDH o el de la Relatoría de DDHH de la ONU, señalan a un nuevo agresor de la ciudadanía, que se mueve libremente donde antes fueran los feudos de las maras, violentando hogares, los bienes y a las personas, chantaje ándolas, secuestrando, violando y hasta asesinando como antes lo hicieran las pandillas.
Esos victimarios son el ejército y la PNC.
Hay que acotar que los segundos son responsables de menos crímenes que el ejército, a quienes se endilga no sólo robos de bienes en propiedades particulares, además ultraje de niñas, como del asesinato de varios ciudadanos.
Estos casos están bien documentados tanto en la FGR como en la PDDH, recibiendo algunos, sonada cobertura por lo patente de su participación, pero los más siendo silenciados sistemáticamente desde el estado y con la complicidad de los grandes medios de comunicación.
Se sabe que la mayoría de los elementos de las patrullas combinadas han chantajeado a la ciudadanía residente en comunidades populosas, acusándolos por esa sola razón de pertenecer a estructuras criminales, procurando obtener beneficios varios a cambio de no detenerlos, cediendo la mayoría en razón de la inoperancia del aparato judicial y lo que ser abducido en estas circunstancias supone para su seguridad personal y la de los suyos.
Esto se sucede porque como en otros momentos de nuestra historia, el aparato de seguridad y militar subroga sus acciones a los intereses de las élites, sabiéndose impunes, tal cual sucede ahora, y actuando luego de ser anulado el marco legal, con el fin de acabar con el desastre político y social que las élites han generado por su avaricia.
Su complicidad entonces, está asegurada no solo con la retórica oficialista que hemos escuchado, “…son los jueces de la calle…”, sumada a la que históricamente el aparato político y económico añade blindándolos judicialmente, para que no den cuenta por los crímenes que cometan asegurando los intereses de estas.
Vivimos así una farsa, una mentira, que sin embargo no es nueva y será la semilla del próximo conflicto social.
