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Por David Alfaro
24/12/2024
Según encuesta reciente, sólo el 26% de la población apoya incondicionalmente a Bukele en este tema, un indicador claro de que la mayoría de salvadoreños rechaza la minería por sus implicaciones ambientales y sociales
La reciente aprobación de la ley que reactiva la minería metálica en El Salvador por la Asamblea Legislativa controlada por Bukele, ha puesto en evidencia el autoritarismo y la falta de transparencia del gobierno de Nayib Bukele. En un lapso de 20 horas, sin estudios de impacto ambiental ni consultas ciudadanas, se decidió reabrir una actividad que había sido prohibida en 2017 debido a sus devastadoras consecuencias ambientales y sociales.
Lo más alarmante es que esta ley, además de abrir las puertas a la explotación minera, permite que el Estado, a través de sus propias empresas o con participación accionaria, se convierta en un actor principal en el sector. Esto incluye la posibilidad de que el clan Bukele, mediante su control del aparato estatal, funde su propia compañía minera, consolidando aún más su influencia y privilegios económicos.
Falta de Consulta Ciudadana
El proceso legislativo que aprobó esta ley es un ejemplo flagrante de cómo se ignora la voluntad popular. Según encuesta reciente, sólo el 26% de la población apoya incondicionalmente a Bukele en este tema, un indicador claro de que la mayoría de salvadoreños rechaza la minería por sus implicaciones ambientales y sociales. Sin embargo, no hubo ninguna consulta ciudadana, y el gobierno actuó de manera unilateral, cerrando cualquier espacio para el diálogo y la deliberación pública.
Consecuencias Ambientales y Sociales
La minería metálica ha demostrado ser una industria altamente contaminante, con impactos severos en el agua, la biodiversidad y la salud de las comunidades cercanas a los proyectos. En un país como El Salvador, donde el 90% del agua superficial ya está contaminada, esta decisión es un paso en la dirección equivocada. Además, la falta de estudios de impacto ambiental previos al reinicio de esta actividad deja a las comunidades vulnerables sin protección ante los riesgos que conlleva.
Concentración de Poder y Corrupción
La ley aprobada también evidencia la creciente concentración de poder en manos del clan Bukele. Al permitir que el Estado controle las actividades mineras y que no sea necesario solicitar concesiones a la Asamblea Legislativa cuando se trate de empresas estatales, se elimina un importante mecanismo de supervisión y control. Esto abre la puerta a muy posibles abusos, corrupción y conflictos de interés, especialmente si los Bukele deciden crear su propia empresa minera.
¿Hacia dónde va El Salvador?
La reactivación de la minería en El Salvador es un reflejo de la ambición desmedida de una familia que prioriza los intereses económicos de un grupo reducido sobre el bienestar de la mayoría. En lugar de promover políticas sostenibles y basadas en la participación ciudadana, los Bukele han optado por imponer sus decisiones de manera autoritaria, ignorando las lecciones del pasado y los riesgos para el futuro.
Es crucial que la sociedad civil, las organizaciones ambientales y los sectores independientes al gobierno sigan alzando la voz para exigir transparencia, responsabilidad y respeto por los derechos de las comunidades. De lo contrario, El Salvador se encamina a enfrentarse a una crisis ambiental y social de enormes proporciones.
