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Desde hace un par de semanas un grupo de soldados se mantiene en el cerro San Sebastián, La Unión, en la entrada de uno de los túneles de la antigua mina de oro.
Según han constatado recientemente los medios digitales Elementos, Malayerba y Focos T.V., los militares custodian a maquinaria pesada del Ministerio de Obras Públicas (MOP) instalada en dicho lugar.
Las autoridades correspondientes no han informado para qué están ahí tres máquinas excavadoras, una niveladora y una cargadora. Sin embargo, es probable que sea para iniciar trabajos de la reactivación minera propiciada por la nueva Ley General de Minería Metálica aprobada por el oficialismo el pasado 23 de diciembre.
La presencia militar en un sitio minero confirma el temor de que Nayib Bukele podría utilizar al Ejército para imponer los proyectos mineros y reprimir la resistencia social, sobre todo en departamentos como Chalatenango y Cabañas donde es más fuerte el rechazo de las comunidades organizadas.
Sin estudios técnicos y con la mayoría de la población en contra de la minería, al gobernante autócrata no le quedaría otra opción que ejercer la fuerza bruta, utilizando soldados y policías para tomar el control de las zonas de interés minero y desplazar forzosamente a sus pobladores.
La opción represiva cobra fuerza debido al fracaso de la estrategia propagandística con la que Bukele ha intentado convencer a la gente sobre supuestos beneficios económicos y la posibilidad de una explotación minera armónica con la naturaleza.
Además de las cadenas de medios y la publicidad en redes sociales, los promotores de la minería impulsan acciones de desinformación para generar confusión. Entre éstas hay contracampañas disfrazadas de campañas que buscan generar rechazo social hacia los grupos ambientalistas que se oponen a la explotación minera.
El bukelato también utiliza descaradamente a empleados gubernamentales y municipales para destruir afiches y otros promocionales contra la minería metálica colocados en espacios públicos por defensores del medioambiente.
Ante la irremediable falta de argumentos creíbles, Bukele ha intentado llevar la discusión sobre la mineria al plano subjetivo, pidiendo a la población que confíe en él. Esto ha sido retomado por fanáticos, para apoyar las tenebrosas pretenciones extractivistas del gobernante autoritario.
La presencia militar en San Sebastián sugiere que la decisión del régimen podría ser «entrar por el flanco más débil», es decir, por el lugar donde la resistencia comunitaria es menor. Tal situación debería alertar a las comunidades de otras zonas con potencial minero.
También debería alarmar a todo el país sobre tan grave amenaza, porque sólo la exigencia unánime y la presión de toda la población puede evitar que se consuma esta barbarie. Es urgente levantar con más fuerza la bandera de la defensa del agua, la salud y la vida de las presentes y futuras generaciones.
*Periodista y activista ambiental.
