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José M. Tojeira
Cuando la gente oye hablar de Reforma Fiscal se asusta. Y con razón, pues piensan automáticamente en el encarecimiento de los productos de consumo. Ha sido la tradición en El Salvador, donde los sucesivos cambios impositivos han golpeado más duramente a ese 80% de la población que vive en situación vulnerable o en pobreza, según cálculos del PNUD. Sin embargo, una reforma fiscal se puede hacer en favor de la mayoría, o incluso de todos. Pues aunque inicialmente se les grave más a los ricos, el hecho de invertir más en la gente en necesidad mejora la productividad, los salarios y el consumo, así como evita los terribles gastos que genera la violencia. Incluso los ricos, con un mayor impuesto a su renta e incluso con nuevos impuestos al patrimonio y prediales, si actúan con inteligencia y creatividad, verán en el mediano y largo plazo un mayor ingreso en sus negocios. Más cultura, mejores salarios, trabajo de mayor calidad, acaban siempre beneficiando al mundo de los negocios.
Pero la reforma fiscal no es solamente un paso necesario para el mejor desarrollo económico de El Salvador. Es sobre todo una necesidad para construir un país en paz, con justicia social y con respeto a la dignidad de todas las personas que lo habitan. Los problemas que nos afectan necesitan, para solucionarlos, una mayor inversión en la gente. Los planes de El Salvador Seguro y El Salvador Educado hacían unos cálculos económicos que consideraban necesarios para enfrentar con éxito tanto el problema de la inseguridad como el de una reforma educativa que nos pusiera en diez años a nivel de país desarrollado en el campo del conocimiento. Lo que finalmente se invirtió en ambos campos, tan cruciales para el desarrollo de El Salvador, fue ridículo en comparación con los cálculos realizados.
Creer que podemos superar el problema de la violencia sin invertir más en la gente, o creer que podemos llegar al desarrollo equitativo graduando de bachillerato solamente al 40% de nuestros jóvenes es una ilusión absolutamente desligada de la realidad.
Es evidente que no basta con una reforma fiscal para acceder al desarrollo. Como también es absolutamente cierto que no saldremos de nuestros problemas recogiendo en impuestos menos que lo que recogen en su conjunto los países latinoamericanos, o mucho menos de lo que recogen los países desarrollados. Los esfuerzos por formalizar el trabajo informal llevan tiempo e imaginación. La lucha contra la corrupción en el Estado y contra la evasión fiscal, que es otra forma de corrupción, tiene que mejorar sustancialmente. La inversión en la primera infancia debe sistematizarse y ampliarse bastante más de lo que tenemos en la actualidad. No digamos el sistema de salud en el que los pobres y vulnerables están condenados a una especie de “apartheid” hospitalario. Pero de eso se trata: una reforma fiscal debe ir acompañada de un proceso de reforma estructural bien diseñado y adecuadamente trabajado en temas básicos de derechos universales de nuestra gente.
Un IVA diferenciado que grave más intensamente al lujo, una impuesto sobre la renta que toque a las ganancias más altas, el impuesto predial y sobre el patrimonio, que lo tienen la mayor parte de los países, son medidas lógicas que solo la presión y el poder político de unos pocos ha logrado evitar en El Salvador. No deja de ser impresionante que los diputados, con ingresos (algunos) hasta veinte veces superiores al salario mínimo, pagados fundamentalmente con los impuestos de los pobres y vulnerables del país, no tomen con interés el tema de la reforma fiscal. Es un tema de justicia básica, no de opción política. Y ya que tanto desean interpretar literalmente la Constitución, no sería malo que leyeran varias veces la exigencia constitucional al Estado de brindar a la ciudadanía bienestar económico y justicia social.
Permanecer en la situación fiscal en la que estamos es estancarnos.
Los discursos sobre emprendedurismo, creatividad y libertad económica son buenos. Pero sin una reforma fiscal serán palabras que se lleva el viento.
