América Romualdo
Cuando se inicia la discusión de la construcción de una democracia, bajo la inspiración de los ideales de la Revolución Francesa, que impulsó en países como el nuestro la independencia de la corona española, se denuncia que uno de los factores que permitió que los gobernantes se perpetuaran en el poder fue la creencia de la época de que estos estaban designados por Dios. Fue así como la religión se convirtió en parte de la política de dichos gobernantes, fue la manera de legitimar su investidura y heredarla a sus descendientes. En esa vinculación de la religión como parte de la ideología política, se construyeron diferentes formas de manipulación y exclusión social, que llevó a que muchos pueblos en el mundo fueran exterminados.
Es de esa historia que surge la necesidad de separar religión y política, reconociendo que las personas tenemos necesidades espirituales que se ven manifestadas en un sinnúmero de religiones y creencias existentes en el mundo, y para garantizar ese derecho es necesario que ninguna religión sea oficial.
Las decisiones que tienen que ver con la política y con el deber de cada gobernante, es garantizar el bienestar de todas las personas que viven en el Estado sin importar qué religión tengan, qué raza, qué sexo o qué afinidades políticas, lo cual, de derecho, está reflejado en nuestras normativas.
Entonces, ¿qué limita la posibilidad o garantiza que un Estado decida a partir de criterios técnicos sobre el bienestar de la ciudadanía? En nuestro país, a pesar de que la Constitución expresa claramente que las personas que detentan cargos públicos deben ser seglares, no se han establecido los mecanismos necesarios para que el funcionariado decida en razón de la población (a quienes representan), y no en función de sus creencias religiosas.
Lo anterior hace necesario que las personas que habitamos El Salvador exijamos que los funcionarios y las funcionarias no tomen decisiones basadas en sus preceptos religiosos, sino en función de toda población.