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Redacción Nacionales
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Ante la inauguración del “Centro de Confinamiento del Terrorismo” en El Salvador, la cárcel más grande de América, según funcionarios del gobierno, Amnistía Internacional mostró su preocupación porque la construcción de esta nueva prisión podría suponer la continuidad y el escalamiento de abusos y violaciones de derechos humanos, bajo el enfoque de seguridad pública.
“La construcción de la nueva cárcel es una clara señal de que las autoridades de El Salvador planean seguir aplicando una política de seguridad pública de encarcelamiento masivo, esto no aborda las causas raíz de la violencia y no servirá para superar el problema a largo plazo”, expresó Amnistía
Asimismo, hizo un llamado al presidente de la República, Nayib Bukele, y al gobierno de El Salvador a cambiar de rumbo, porque la violencia de pandillas en el país debe ser abordada de manera integral y garantizando los derechos humanos de toda la población.
La entidad pidió desde el año pasado al mandatario salvadoreño tomar todas las medidas necesarias, para poner fin de inmediato a las violaciones de derechos humanos en el Régimen de Excepción, así como diseñar estrategias de seguridad pública que garanticen los derechos fundamentales.
Sin embargo, la seguridad pública no debe lograrse a costa de violaciones masivas de derechos humanos, las autoridades han desmantelado la independencia judicial, cometido actos de tortura y llevado a cabo miles de detenciones arbitrarias y violaciones del debido proceso. Mientras tanto, al menos 150 personas detenidas han muerto bajo custodia del Estado. Según el gobierno, la brutalidad con la que actuaron las pandillas criminales será castigada con medidas estrictas de seguridad y duras condenas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en el municipio de Tecoluca, en el departamento de San Vicente.
El CECOT está flanqueado por imponentes muros perimetrales de concreto reforzado de 11 metros de alto con alambre razor electrificados con 15 mil voltios, consta de pesados portones de acero, torres de vigilancia y siete anillos de seguridad adicionales y alejados de algún núcleo poblacional.
Desde el 27 de marzo de 2022, cuando inició el Régimen de Excepción han sido capturados más de 63,000 personas, de las cuales muchos no tienen vínculos con pandillas, sino más bien, se trata de líderes comunales, sindicalistas, y quienes expresan una opinión diferente al gobierno.
