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Hugo Fajardo Cuéllar*
En el Salvador, existe una ley que regula la forma en que se establecen las pensiones de los trabajadores y su jubilación, como fruto del ahorro realizado por cada uno de ellos durante su vida laboral, el cual es administrado por las llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), las cuales surgieron en el años de 1996, como un sistema privado que ha funcionado de manera paralela al antiguo sistema conocido como: Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos de El Salvador (INPEP).el cual también desaparecerá para fines de marzo del 2023.
Históricamente el sistema de pensiones en El Salvador, se ha caracterizado por ser injusto y por ende no equitativo, puesto que premia a unos pocos con pensiones altas, y otras de lujo, conocidas como pensiones VIP, y castiga a una gran mayoría con pensions paupérrimas que no alcanzan para vivir dignamente ante el incesante alto costo de la vida. El carácter injusto de este sistema se agrava aún más con la aprobación de la llamada “Ley Integral del Sistema de Pensiones”, aprobada con 67 votos en La Asamblea Legislativa el 20 de diciembre de 2022.
Dentro de ese contexto, la idea o tesis central del presente artículo es que, con la aprobación de la nueva ley del sistema de pensiones, todos los trabajadores y trabajadores de El Salvador, experimentarán un golpe duro en los ahorros que han logrado realizar durante toda su vida laboral, sobre todo aquellos que están afiliados a la AFP. Ese golpe duro se puede demostrar mediante un somero análisis de la dimensión: política, económica y jurídica, que subyace en el contenido o articulado de la mencionada ley de pensiones.
DIMENSION POLÍTICA.
En la agenda de promesas de campaña electoral del presidente Bukele, el tema de las Pensiones fue uno de las promesas con mucha prioridad, pero en la práctica, fue un tema que fue relegado y por ende olvidado por mucho tiempo, siendo hasta finales del cuarto año de su gestión que es retomado, con el anuncio de la propuesta de una nueva ley integral del sistema de pensiones. Pero del discurso de promesa a la realidad concreta hay un gran trecho, porque no solo, no se cumplió con lo prometido, de mejorar dichas pensiones, sino que se afectan duramente los ahorros de los trabajadores al verse disminuida su pensión como resultado de la aplicación de dicha ley.
La aprobación de esta nueva ley de pensiones, tiene un trasfondo político, que obviamente no se da a conocer públicamente, pero que, al revisar detenidamente su articulado, se puede observar la intensión del actual gobierno de premiar a la población de nuevos jóvenes cotizantes a las AFP, y de castigar a la población adulta apta para pensionarse. Esto tiene sentido lógico para los fines electorales del actual gobierno ante las próximas elecciones del 2024, pues se busca ilusionar a los jóvenes que recién entran a su vida laboral, que en el futuro cuando se jubilen, tendrán una pensión con un aumento del 30 %
DIMENSIÓN ECONÓMICA.
De todos es conocido la difícil situación económica en que viven las grandes mayorías de salvadoreños, como resultado principalmente de la malversación y la corrupción de los fondos públicos, que El Estado administra en concepto de las diferentes contribuciones e impuestos de toda la población salvadoreña. Esta situación económica se agravará más como consecuencia también de la disminución drástica que tendrán las pensiones de todos los cotizantes a las AFP, al momento de pensionarse; ya que antes de la aprobación de la nueva ley, la pensiones rondaban el 60 % de los últimos diez salarios que devengaba el trabajador, pero con la nueva ley apenas tendrá acceso aproximadamente un 20% o 30% de su salario.
En tal sentido la dimensión económica de la nueva ley de pensiones, tiene fundamentalmente dos aristas, o aspectos, que por cierto no le han quedado muy claros a la población. El primer aspecto tiene que ver con la nueva fórmula establecida por el artículo 98 de la ley, el cual establece que el monto de pensión que obtendrá el trabajador al momento de pensionarse, se obtiene dividiendo el monto total a que asciende el ahorro fruto de sus años cotizados, entre 250. Un número que pareciera ser mágico porque no se explica con claridad de donde y como sale, pero que el saldo resultado de esa división constituye un duro golpe a los fondos ahorrados por el trabajador, con lo cual éste ve escapar de sus manos las posibilidades de tener una pensión digna para sobrevivir el resto de sus días.
Mientras que el segundo aspecto se refiere al famoso aumento del 30 % en todas las pensiones lo cual ha sido fuertemente publicitado mediante la propaganda oficial, el cual también es otro número que según los economistas expertos no tiene una base sólida, puesto que no parece ser sostenible en el mediano o largo plazo, dado que según proyecciones financieras realizadas por el banco Barclays, con el aumento al 1.0% del aporte del patrono al fondo previsional, significará la recolección de aproximadamente 70 millones de dólares, lo cual se va casi por completo en el pago de las pensiones mínimas que rondan los 400 dólares para alrededor de 53,000 cotizantes. Pero que ese dinero no alcanza para pagar la pensión y su respectivo aumento, del resto de cotizantes que rondan aproximadamente los 150,000, los cuales tienen pensiones por arriba de la mínima; Para lo cual el Estado tiene que ocupar fondos propios que aún no se tiene claridad cómo serán financiados.
DIMENSIÓN JURÍDICA.
Más que hacer un análisis de cada uno de sus artículos; es importante destacar que, no obstante el decreto No 233 que da vida a la Nueva Ley de Pensiones en El Salvador, goza de legalidad por haber sido aprobado por la mayoría de los diputados de la Asamblea Legislativa ; pero es un decreto que carece de legitimidad, dado que aparece como un decreto a iniciativa del presidente de la República y su grupo de asesores, que se presentó y aprobó sin tomar en cuenta las propuestas de la mayoría de sectores labores organizados, que por mucho que pidieron al gobierno participar en la elaboración y aprobación de dicha ley , fueron simplemente marginados, y excluidos tanto por el órgano ejecutivo como por el legislativo.
La dimensión jurídica de esta nueva ley de pensiones comprende muchos aspectos más, pero finalmente hay que destacar que al entrar en vigencia derogó a la anterior ley, la cual si bien todavía tenia algunos vacíos, pero beneficiaba de mejor manera a los trabajadores al momento de pensionarse, por lo que en síntesis podríamos concluir diciendo que con esta nueva ley, las grandes mayorías de trabajadores salvadoreños se han visto fuertemente golpeados en sus ahorros que con tanto sacrificio y trabajo han realizado durante toda su vida laboral; por lo que sería justo y necesario la derogación de dicha ley para la creacion de una ley de pensiones realmente integral que beneficie de verdad a todos los trabajadores.
* Profesor en Ciencias Sociales, Sociólogo, Abogado y Notario, maestro en Derechos Humanos y Educación para la Paz. Docente a tiempo completo de la Universidad de El Salvador.
