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Por Aurélia End/París/AFP
La OCDE presentó el lunes un plan para eliminar vacíos jurídicos que permiten a las multinacionales evitar impuestos en los países donde operan y privan a los erarios de por lo menos 100.000 millones de dólares al año.
La iniciativa surge tras años de polémicas sobre los impuestos ínfimos que pagan empresas como McDonald’s, Starbuck’s o Google, gracias a brechas legales y argucias contables, cuando no a la transferencia lisa y llana de fondos a paraísos fiscales.
El plan, de quince puntos, debe ser aprobado esta semana en Lima por los ministros de Finanzas y a fin de año por los jefes de Estado y de gobierno del G20 de potencias industrializadas y emergentes.
La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), una entidad de países mayoritariamente industrializados, con sede en París, presentó las propuestas como la «primera reforma de las normas fiscales internacionales en casi un siglo».
Diversas ONG consideran sin embargo que las nuevas normativas no cierran todas las brechas y lamentan que se hayan elaborado sin la participación de los países en desarrollo.
«Terminó el recreo»
«Se terminó el recreo» de las multinacionales, dijo a la AFP el director del Centro de políticas fiscales y administración de la OCDE, Pascal Saint-Amans.
Según el funcionario, esta «optimización fiscal» ocasiona a los erarios públicos una pérdida recaudatoria de 100.000 millones a 240.000 millones de dólares al año, o de un 4% a un 10% de los impuestos corporativos, en una evaluación «sumamente conservadora».
Entre las propuestas de la OCDE, figura la limitación de las deducciones sobre intereses, la regulación de nichos fiscales para las patentes y el intercambio de informaciones sobre las normas fiscales vigentes por sector en cada país.
Las multinacionales con un volumen de negocios de al menos 750.000 millones de euros (842.000 millones de dólares) estarán obligadas a detallar sus actividades en cada país y las administraciones fiscales compartirán esas informaciones.
El año próximo se redactará además un tratado multilateral, para evitar las renegociaciones de convenciones bilaterales.
Las nuevas normas evitan sin embargo encarrilar con medidas específicas al sector de la economía digital, sumamente sensible en Estados Unidos pese a hallarse en primera línea en materia de optimización.
El plan, denominado BEPS (contra la erosión de la base imponible y la transferencia de beneficios, por sus siglas en inglés), prevé asimismo una vigilancia de procederes entre los estados e invita a los países en desarrollo a sumarse a su aplicación.
Ese control colectivo ya existe en lo que concierne al intercambio de informaciones fiscales sobre particulares y sobre esa base se confeccionaron las listas «negras» o «grises» de paraísos fiscales.
En lo que concierne a las empresas, la cuestión será más compleja, admite Saint-Amans.
«Hoy hay muchas maneras» de eludir impuestos, pero en adelante existirán numerosos «radares» para detectar cualquier maniobra financiera, afirma.
Las ONG son mucho menos entusiastas.
«No se han sacado las lecciones de los últimos escándalos», lamenta Manon Aubry, de Oxfam, en un comunicado.
Lucie Watrinet, de CCFD-Terre Solidaire, denuncia «disposiciones difusas y complejas de reglas de más de un siglo de antigüedad».
Ambas subrayan que solo de un 10% a un 15% de las empresas internacionales se verán afectadas por las nuevas reglas, y que éstas son muy indulgentes con los «rulings», en el centro del escándalo LuxLeaks, de evasión fiscal masiva de las multinacionale sen Luxemburgo, o con la fiscalidad de las patentes.
Critican además que las informaciones sobre las multinacionales no sean de dominio público y que «el proceso de decisión haya sido conducido por una minoría de Estados ricos», a saber los 34 miembros de la OCDE.
