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Isaac Bigio
Politólogo, economista e
Si el CID Campeador fue el héroe hispano que hace un milenio derrotaba a sus enemigos, el informe de la CIDH se campea tanto contra los actuales Gobierno y Congreso, así como contra el exmandatario Pedro Castillo.
Cuando Dina Boluarte estaba por festejar 150 días como mandataria, fue publicado el siguiente informe “Situación de los Derechos Humanos en el Perú en el contexto de las protestas sociales.” Este lleva los logotipos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La OEA y la CIDH están con EEUU
Dicho reporte no deja bien parado a los actuales poderes Ejecutivo y Legislativo, pero también a Pedro Castillo. Sus principales cuestionamientos han partido de los oficialistas y fujimoristas. La ultraderecha critica la “injerencia” de este organismo de la OEA. Sin embargo, todos ellos apoyaron la intervención abierta de la OEA para desestabilizar y derrocar a los Gobiernos “antiimperialistas” de Venezuela y Bolivia en 2019. La DBA estuvo con la delegación del almirante (r) Jorge Montoya, que fue a la sede de la OEA en Washington demandando que esta impida la elección de Castillo. Rodríguez Mackay, quien también hoy ataca a la OEA, es el mismo que siendo canciller de Castillo quiso que él se distancie de los bloques regionales autónomos (como UNASUR o CELAC) para convertirse en un paladín de la OEA.
Patricia Juárez, la única integrante de la plancha presidencial de Keiko Fujimori en este Congreso, llega a tildar a este organismo de “izquierdista”. No obstante, la OEA ha integrado en su seno a todas las dictaduras fascistas y anti-laborales de las Américas en los últimos ¾ de siglo (las juntas de Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú, Brasil y Uruguay, Videla, Pinochet, Batista, Somoza, los Duvalier, etc.) y es la única asociación internacional de Estados que ha reconocido como su miembro a un gobierno que no tiene ministros ni controla territorio alguno en su respectivo país contra el constitucional que detenta el poder (como ha sido el caso de Venezuela con Juan Guaidó).
Ni la OEA ni su CIDH son instituciones “rojas” y ambas se encuentran subordinadas a EEUU, quien siempre las ha dominado a estas, así como lo ha venido haciendo al hemisferio en este último siglo.
Varios organismos de derechos humanos (como Amnistía Internacional o HRW) han emitido informes más duros contra la represión de Boluarte, pero estas son instancias relativamente independientes. Lo significativo del reporte de la CIDH es que, pese a su lenguaje cauto y moderado, implica una llamada de atención por parte de Norteamérica hacia el Gobierno que antes ayudaron a coronar.
Masacres y ejecuciones extrajudiciales
Reproduciremos varias citas significativas en dicho informe acerca de la represión. Allí se menciona que la Defensoría del Pueblo (DP) cuestionó apenas se produjeron las muertes de Ayacucho (15-12-2022) que “el Ejército estaba usando armas letales y bombas lacrimógenas inadecuadamente” y demandaron “el cese inmediato del uso de armas de fuego y de bombas lacrimógenas lanzadas desde helicópteros”. Para el Ministerio Público, “las balas llegaban de un solo lado”, agregando este que “no hay un solo vídeo que indique que los manifestantes tuvieran armas de fuego”.
Para la CIDH “todas las personas murieron por disparos letales de armas de fuego dirigidos a tórax, abdomen y cabeza. Adicionalmente, el servicio de salud reportó que alrededor de 72 personas resultaron heridas por armas de fuego y objetos contundentes.” También hubo “desproporción en el uso letal de la fuerza, toda vez que los disparos estuvieron dirigidos a órganos vitales. Hechos que, al ser perpetrados por agentes del Estado, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, extremos que deben ser investigados por fiscalías especializadas en derechos humanos.”
Ante la matanza de Juliaca (9-1-2023) la CIDH menciona “denuncias de familiares de las víctimas por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las agentes de seguridad, a quienes le atribuyen todas las muertes ocasionadas por armas de fuego. En efecto, personas que rindieron testimonio a la Comisión señalaron que, a partir del mediodía del 9 de enero, “la policía empezó a disparar bombas lacrimógenas, perdigones y balas de fuego”; y que “se dio una balacera contra las personas, los disparos eran al cuerpo y a quemarropa” (..) murieron a causa de disparos de balas, perdigones y objetos contundentes que impactaron en la cabeza, cara, ojos, tórax y/o abdomen de las víctimas.”
También se consigna un reporte donde se concluye que “fueron ejecutadas extrajudicialmente, incluso apersonas [sic] que no tenían nada que ver en las protestas, violando incluso el orden divino (Dios da la vida y él es quien la quita)”.
“De la información recibida, la CIDH observa que en los sucesos violentos de Juliaca se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra, tanto de participantes en las protestas, como de terceras personas (..) El uso de armas de fuego con municiones letales no se encuentra justificado en el contexto de manifestaciones”.
Para la CIDH “no existen supuestos que habiliten el uso de la fuerza letal para disolver una protesta o una manifestación, o para que se dispare indiscriminadamente a la multitud.” La “Respuesta del estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza.”
“En el caso de Ayacucho, se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial. Al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre.”
Este conjunto de conclusiones podría ameritar un proceso por crímenes de lesa humanidad contra Dina Boluarte, Alberto Otárola y otros funcionarios públicos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la cual tiene hoy una delegación que visita el Perú, podría utilizar este reporte de la CIDH como un tribunal que se basa en un informe fiscal.
La respuesta de Boluarte
El domingo 7, cuando se cumplían 5 meses desde que Dina estaba como mandataria, la portada de “El Comercio” reprodujo una entrevista de ella con la siguiente cita que fue su titular “Yo puedo ser la jefa suprema de las FF.AA., pero no tengo comando y los protocolos los deciden ellos”.
Estas declaraciones le han creado problemas tanto frente a los altos mandos castrenses y policiales (que sienten que ella les responsabiliza por las órdenes que salieron de su gabinete), como por los demócratas, quienes recuerdan que Alberto Fujimori está condenado por autoría mediata que implica que no haces nada ni castigas a nadie cuando sabes que tus subordinados están cometiendo crímenes.
María Fernanda Cabal, la senadora ultraderechista colombiana que vino a representar a su país en el reciente encuentro del Foro de Madrid en Lima, le ha advertido a ella que si renuncia o sale de palacio puede ir al penal.
Este es un chantaje que tiene la señora que fue electa como “marxista leninista” y que ahora debe gobernar como “fujimorista porkista” para poder aguantar en el poder y evitar terminar bajo las rejas.
Fuerza Popular, por su parte, le demanda a Boluarte que rechace de plano todo el informe. El fujimorismo ha atacado a la CIDH por caracterizar a la economía peruana como “extractivista” (lo cual es una completa verdad, pues el eje de nuestra producción no es fabricar productos o tecnologías, sino exportar materias primas y agropecuarias). También está muy herido porque la CIDH abiertamente rechaza a los que desestabilizaron al país hablando de fraude electoral en las últimas presidenciales (aunque hoy ya no hablan de ello y, más bien, apoyan a Boluarte electa vicepresidenta en ese supuesto anforazo).
Ultraderecha afectada
La CIDH también le ha pedido al Congreso que no amenace la autonomía de los organismos electorales (JNE y ONPE) y de la Defensoría.
Constantemente, la CIDH cuestiona la discriminación social y étnica a los más pobres y a los pueblos originarios, y también a la estigmatización y al terruqueo. “La Corte IDH ha reconocido que el tipo de terrorismo en la legislación peruana no atiende a los requisitos del principio de legalidad establecido en el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, dada su vaguedad e indeterminación.”
La CIH reflexiona de que el Perú es inusual, pues en los últimos 7 años ha tenido 3 presidentes y 6 congresos. Muy significativa es su llamada de atención sobre el régimen no democrático que tiene el país:
“El andamiaje jurídico del Perú contiene 3 figuras que tienen el potencial de debilitar la separación y el equilibrio de poderes, así como de obstaculizar la gobernabilidad.”
“Las figuras aludidas son: i) la acusación constitucional, ii) la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y iii) la disolución del Congreso por la negatoria de confianza a dos consejos de ministros.”
Sobre la primera “esta figura carece de definición objetiva porque ni la ley ni la Constitución precisan las conductas objetivas sancionables y sus correspondientes consecuencias. Esto abre posibilidades de que se cometan arbitrariedades que, a su vez, socaven la separación e independencia de los poderes públicos, la estabilidad democrática, y el legítimo ejercicio del poder. La acusación constitucional puede entrar en conflictos con otras disposiciones constitucionales, como es el caso del artículo 117, que establece que el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por 4 causales específicas.”
Contra Castillo
Pese a cuestionar el abusivo empleo de la acusación constitucional y de la vacancia presidencial, la CIDH no menciona que Castillo fue objeto de un permanente golpismo por parte de sus enemigos, quienes siempre deformaron esas 2 figuras a su conveniencia.
Más bien, la CIDH ataca duramente a Castillo: “La Comisión considera que la decisión del expresidente Castillo no se ajustaba a ninguna causal constitucional que habilitara la disolución del Congreso; tampoco estaba facultado constitucionalmente para ordenar la reorganización del Poder Judicial de manera unilateral. Por tal motivo, condena la decisión y la califica como un rompimiento del orden constitucional. En su momento, la CIDH, además, saludó la rápida actuación de las distintas instituciones del Estado para restablecer el orden institucional.”
Boluarte, pese a haber quedado mal parada en la cuestión de los derechos humanos, sí ha reivindicado esta parte del informe, pues le favorece, ya que declara como constitucional su sucesión y mandato, y le puede permitir gobernar hasta julio 2026.
La CIDH no cuestiona el que Castillo haya sido detenido siendo presidente y sin participación de la fiscalía y que hoy se encuentre en prisión preventiva con limitado acceso a la prensa y a su familia.
No he visto ningún rechazo al sistema de prisión preventiva que permite a un inocente estar años bajo rejas, hasta que él pruebe su inocencia (cuando usualmente pasa lo opuesto). Esta figura es demasiado extensa para el contexto internacional, mientras que otras naciones prefieren recursos menos costosos y menos inhumanos como el arresto domiciliario o colocar grilletes electrónicos.
La CIDH, al igual que antes lo hizo la embajadora estadounidense en Lima, Liza Kenna, avala el proceso de destitución de Castillo.
Como analista internacional que he examinado a cientos de casos en lo que va de este milenio, no ubico un episodio en el cual un mandatario constitucional haya sido vacado por un parlamento en solo 6 minutos, sin derecho a defenderse, sin debido proceso, sin que ningún legislador haya usado la palabra, sin que la moción vacadora haya estado escrita o haya circulado en papel o en línea, teniendo al autor de esta última como el director del debate y presidente del congreso, y sin que haya tenido el número mínimo de parlamentarios que se requiere para imponer ese resultado.
Se confirma nuestra anterior pronóstico en sentido de que el sistema interamericano no va a poder restituir a Castillo en el poder. La Corte IDH no se atreverá a emitir un fallo que contradiga tan tajantemente a la CIDH y tampoco antes ha restablecido en la presidencia a mandatarios constitucionales depuestos ilegalmente (como fueron los casos de Honduras, Bolivia, Paraguay, Brasil, etc.).
Muchos activistas en las protestas contra Boluarte han venido agitando la demanda de restituir a Castillo con el argumento de que alguien electo con 8,8 millones de votos no puede ser vacado, así no más. Si bien es correcta la demanda de rechazar una vacancia irregular e ilegal, esta consigna hoy no puede materializarse y tampoco puede unir a todo el descontento social, por lo que un frente único debe darse en torno a planteos como remover a los actuales poderes legislativo y ejecutivo, liberar a los presos políticos sociales, ir a una asamblea constituyente con plenos poderes y aplicar un programa de medidas sociales.
