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El sábado 11 de noviembre se cumplieron 34 años del inicio de la más grande ofensiva del otrora guerrillero Frente Farabundo Martí par la Liberación Nacional (FMLN), que no solo sorprendió al ejército gubernamental salvadoreño, sino a los mismos Estados Unidos, que estuvieron metidos hasta el fondo, no solo en la preparación de las fuerzas contrainsurgentes del ejército, sino también dirigiendo en los cuarteles, además del millón de dólares diarios para sostener la guerra. Durante nueve de los doce años que duró la guerra civil, tanto la propaganda de los diferentes gobiernos, incluidos los de las juntas revolucionarias de gobierno, tras el golpe militar del 15 de octubre de 1979, se encargaban de difundir información que la guerrilla estaba por ser exterminada, que sus combatientes morían diariamente en las montañas o desertaban en “desbandada”.
Algunos mensajes, los más atrevidos, decían que solo cubanos y hasta rusos estaban en los campamentos guerrilleros.
Claro, en las ciudades más grandes o más importantes como la capital, Santa Ana y San Miguel, apenas conocían escaramuzas de los guerrilleros cuando, con unidades pequeñas, atacaban algunos objetivos militares. Salvo, por supuesto, cuantas unidades élites de la guerrilla en un par de ocasiones penetraron a la Tercera Brigada de Infantería en San Miguel y causaron muchos daños, incluido víctimas mortales.
Solo la Cuarta Brigada de Infantería, con sede en El Paraíso, Chalatenango había sido destruida en dos ocasiones, en esos dos ataques, otras unidades guerrilleras incursionaron a la ciudad de Chalatenango donde atacaron al Destacamento Militar Número 1, para evitar que de este salieron tropas a auxiliar a la Cuarta Brigada. En esos nueve años de guerra civil, las fuerzas guerrilleras sí habían sido las fuerzas de seguridad de varios municipios del norte, centro y oriente de Chalatenango, Morazán, Cabañas, La Unión, San Vicente, Usulután, donde se ejerció “el control del territorio” por la guerrilla.
La zona montañosa de Chalatenango, Morazán, San Vicente y Usulután, incluido el cerro de Guazapa, se volvieron la zona de retaguardia de la guerrilla desde donde salía a asediar a las fuerzas militares en municipios que nunca estuvieron bajo su control.
Pero ese 11 de noviembre, las Fuerzas guerrilleras no entraron a las ciudades, incluida la capital, simplemente a asediar, sino incursionar y llevar la guerra hasta la colonia Escalón, símbolo, en aquella fecha, del poder económico, por ser la residencia de la oligarquía, aunque muchos de estos durante gran parte de la guerra se auto exiliaron.
En ese contexto de guerra, el 16 de noviembre, una unidad del batallón de contra insurgencia Atlacatl, al mando del coronel Rafael Benavides, incursionó a la UCA, y luego de sacar a seis sacerdotes jesuitas, incluido el rector, Ignacio Ellacuría, junto a dos mujeres, y fueron masacrados en el jardín.
El asesinato de los jesuitas fue planeado previamente por el alto mando militar de ese entonces y, en un principio, estos mismo acusaron a la guerrilla de haber asesinado a los jesuitas. Esto no era posible, pues el campus de la UCA formaba parte de uno de tres anillos de seguridad que las fuerzas gubernamentales mantenían en la zona para proteger el ministerio de Defensa y el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, donde por cierto mantuvieron resguardado al entonces presidente Alfredo Cristiani.
Antes de asesinar a los jesuitas, desde el 11 de noviembre, a través de la Radio Cuscatlán, la vocera militar, permitieron que decenas de personas civiles, entre hombre y mujeres, identificadas con organizaciones recalcitrantes de derecha, hicieran acusaciones contra los jesuitas, a quienes acusaban de ser comunistas y ser responsables de la ofensiva guerrillera y, justamente, pedían que los matara, que los ahorcaran en los postes del tendido eléctrico.
Pero el martirio de los Jesuitas y las dos mujeres, así como la ofensiva guerrillera, sirvieron para que finalmente el Gobierno de Cristiani y las Fuerzas insurgentes se sentaran en una mesa de negociación auspiciadas por las Naciones Unidas (ONU) y un grupo de países que se denominaron “amigos de la ONU” para impulsar el diálogo.
Los frutos del diálogo de negociación llegaron tres años después, periodo en el cual hubo varias reuniones cuyos resultados fueron plasmados y rubricados en el Acuerdo de Paz, que en síntesis se puede afirmar, permitió iniciar a construir la democracia en El Salvador.
Hubo reformas importantes en la Constitución, como por ejemplo, eliminar que la Fuerza Armada se siguiera ocupando de la seguridad pública, y por ello se creó a la Policía Nacional Civil, además de eliminar que la Fuerza Armada siguiera dominando el espectro político.
Se crearon instituciones nuevas como el TSE, para que no lo manoseara un partido político o el gobierno de turno, como lo hizo el extinto PCN de los militares, se creó la PDDH para que velara por los derechos humanos de los salvadoreños, se transformó el Sistema Judicial, sobre todo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y para garantizar su independencia se creó el CNJ, única entidad que puede presentar las nóminas de candidatos a magistrados de la CSJ, incluidos los de la Sala de lo Constitucional.
Se mantuvieron, en las reformas a la Constitución, las cláusulas pétreas, con respecto al sistema político y la alternabilidad en el poder.
Todo esto garantizaba transitar hacia la democracia, y todo esto se está tirando al traste con la llegada de Nayib Bukele a la Presidencia y con el triunfo arrasador de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa, pues han atropellado cualquier ley, incluida la Constitución, en su afán de darle el poder absoluto a Bukele.
Es decir, todo lo que se logró a fuerza de sangre, producto de los doce años de guerra civil declarada, plasmadas en el Acuerdo de Paz y las consecuentes reformas jurídicas está por desaparecer, por el poder total en un solo personaje que Gobierna promoviendo el odio entre los salvadoreños y bajo la sombra por falta de transparencia, acompañado del terror por los cuerpos militares y el estado de excepción.
