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Por Agnès Pedrero
Ginebra/AFP
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos defendió este martes el derecho a llevar burkini y afirmó que las ordenanzas contra esta prenda de baño islámica adoptadas en Francia favorecen la «estigmatización» de los musulmanes.
En un comunicado, el Alto Comisionado insta a «todas las autoridades locales que hayan adoptado las prohibiciones (…) a anularlas inmediatamente».
«Los códigos de vestuario, como los decretos antiburkini, afectan de manera desproporcionada a las mujeres y a las chicas y socavan su autonomía al negar su aptitud para tomar decisiones independientes sobre su manera de vestir», consideró.
Según el Alto Comisionado, presidido por el jordano Zeid Ra’ad Al Hussein, «la igualdad de género no se consigue limitando las libertades individuales o reglamentando la vestimenta que las mujeres decidan llevar».
Una treintena de localidades del litoral francés, principalmente en la Costa Azul (sur), prohibieron el burkini, un traje de baño integral islámico, pues algunos veían en él una provocación después del atentado yihadista que dejó 86 muertos el 14 de julio en Niza.
El pasado viernes, la más alta instancia administrativa francesa, el Consejo de Estado, suspendió una de estas ordenanzas municipales y advirtió a los alcaldes que todas las prohibición del burkini tienen que apoyarse en «riesgos probados» para el orden público.
A pesar de esta decisión, varios alcaldes decidieron seguir imponiendo multas a las mujeres que luzcan burkini hasta que sus ordenanzas no sean anuladas formalmente por las instancias administrativas.
«Polarización» entre comunidades
«Estos decretos no mejoran la situación de la seguridad, al contrario, tienden a alimentar la intolerancia religiosa y la estigmatización de personas de confesión musulmana en Francia, en particular de las mujeres», indicó la oficina del Alto Comisionado.
«Favoreciendo la polarización entre comunidades, sólo han conseguido agravar las tensiones y podrían, en realidad, minar los esfuerzos destinados a combatir y prevenir el extremismo violento, esfuerzos que dependen de la cooperación y del respeto mutuo entre comunidades», añadía el texto, que calificaba las prohibiciones de «altamente discriminatorias».
«Además, y de esto se informó ampliamente, la forma en la que se pusieron en marcha los decretos antiburkini en algunas estaciones balnearias fue humillante y degradante», denunció.
La agencia de la ONU advertía que, según los estándares internacionales de los derechos humanos, los límites a la libertad de cualquier persona para manifestar su religión o sus convicciones, incluyendo la elección de los atuendos de vestuario, «sólo están autorizados en circunstancias muy limitadas, incluida la protección de la seguridad pública, el orden público, la salud pública o la moral».
Para el Alto Comisionado, «cualquier preocupación relativa al orden público debe manejarse con el fin de apuntar contra las personas que inciten contra el odio o que reaccionen violentamente, y no contra las mujeres que simplemente quieren pasear por la playa o bañarse con un vestido con el que se sienten cómodas».
«Igualmente, no podemos pretender sea necesaria la prohibición de un traje de baño por razones de higiene o de salud pública», concluyó.
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